Orihuela compra un solar por 59.000 euros para la ampliación de los juzgados

El Ayuntamiento de Orihuela ha publicado este lunes la compra de un solar situado en la plaza Santa Lucía con el objetivo de que el inmueble pase a ser propiedad municipal para después cederlo a la Conselleria de Justicia para la ampliación de los juzgados.

El presupuesto de la adjudicación directa es de 59.113 euros, en base a la valoración económica que realizó en marzo el servicio municipal. El contrato de compraventa, que se ha tramitado a través de la Concejalía de Patrimonio, que dirige José Aix, que elevó la propuesta el pasado mes de julio, se basa en "la urgente necesidad de adquirir un solar de determinadas características con el fin de llevar a cabo la ampliación de los nuevos juzgados", algo que el órgano de contratación avaló con un informe, en septiembre, que constataba que "la necesidad de tramitación de este contrato" quedaba "justificada".

Todo ello, después de que el propietario del terreno presentara una instancia aceptando la propuesta de adquisición por parte del Ayuntamiento. Ahora tiene 10 días para presentar la documentación. Transcurrido ese periodo, según el pliego, la formalización de la escritura de compraventa se llevará a cabo en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.

Hay que recordar que ampliación de la sede judicial de la ciudad, de la que dependen 21 municipios de la Vega Baja, se acometería este año, según la previsión de la Generalitat. Con esta reforma se pretende albergar los 12 juzgados de la localidad, que por falta de espacio en la sede judicial de la ciudad están repartidos en los locales de la plaza de Santa Lucía y en la calle Nova. Así, no hay lugar para integrar la Oficina para la Asistencia a las Víctimas del Delito y la Unidad de Valoración Integral Forense, la cámara Gessell -para preservar los testimonios protegidos- ni dependencias apropiadas para los colegios de abogados y procuradores. Dos de los juzgados están desplazados en un bajo en condiciones que no son idóneas, algo que iba a ser provisional pero que lleva años.

Acuerdo en 2020

A todo ello se suma el conflicto entre el Ayuntamiento y la Generalitat, un proceso administrativo largo y laborioso que finalmente trató de subsanarse en 2020 cuando ambas administraciones alcanzaron un acuerdo por el que el Consell compraba el Palacio de Justicia por 4,7 millones de euros con el fin de dotar a la ciudad y a los 21 municipios de su partido judicial de unas instalaciones dignas que albergaran todos los servicios en una sede única.

Según el convenio, el Consistorio cedería a la Generalitat dos solares colindantes de su propiedad y compraría otras parcelas pertenecientes a particulares para acometer la ampliación.

Precisamente, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, fue la primera que mantuvo una reunión con el nuevo equipo de gobierno del municipio pocos días después de la moción de censura de abril. Bravo recordó entonces que desde octubre de 2020 están "pendientes de que de que el Ayuntamiento cumpla con su parte del acuerdo", para que el Palacio de Justicia pase de los 3.900 metros cuadrados actuales a 7.500. Así, fue muy crítica con "la mala gestión del gobierno del PP. Hemos enviado varios requerimientos y la respuesta siempre ha sido el silencio", manifestó.

A su vez, estas afirmaciones provocaron la repuesta del PP, que tachó de "desleal" a Bravo, además de detallar los pasos que dieron en el último año para lograr la cesión de los terrenos necesarios.

Por su parte, la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, reiteró su compromiso de adquirir esas parcelas. Incluso, el nuevo equipo de gobierno tenía previsto llevar este asunto al pleno de mayo, según avanzó el vicealcalde, José Aix, en una entrevista a este periódico.

Con todo, es ahora cuando finalmente se adquiere este solar para acometer la ansiada ampliación de la sede judicial.