Un informe de la Generalitat ve de "dudosa legalidad" las concesiones sanitarias y apunta a la de Torrevieja

 "Muchas de las decisiones adoptadas durante la vigencia del contrato de concesión han sido de dudosa legalidad y en buena medida, perjudiciales para la Generalitat Valenciana". Es una de las principales conclusiones del informe sobre la reversión entre 2015-2023 de servicios públicos externalizados por la Generalitat. Un análisis impulsado por la Comisión de Estudio y Debate para la Reversión de los Servicios Públicos Externalizados, creada por el Consell del Botànic en julio de 2022.

Sobre esas decisiones adoptadas durante la vigencia de los contratos, señala el documento, le han reportado a la Generalitat sobrecostes con pagos indebidos; intereses de demora y otros gastos financieros que "deberían haberse evitado".

De salida

El documento, disponible ahora para la consulta pública, fue coordinado por la entonces secretaria autonómica de Justicia, Isabel Gemma Fajardo García y está firmado a principios de julio de 2023, con el gobierno del Botànic en funciones. Solo quince días antes de que se produjera la investidura de Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat. Se centra sobre todo en los procesos de reversión -rescate a la gestión directa de la administración- de las concesiones sanitarias de Ribera Salud y en particular, la del departamento de salud de Torrevieja, aunque también analiza el de las ITV y otros servicios externalizados recuperados durante ese tiempo como las resonancias magnéticas o el servicio de farmacia en centros socio sanitarios.

"Gran inseguridad jurídica"

Según las mismas conclusiones, la ejecución de los contratos de concesión se caracterizó por una "gran inseguridad jurídica" por la deficiente regulación de los contratos y de la "dejación de funciones del órgano de contratación". Algo que, sobre todo en las concesiones sanitarias, y en particular la torrevejense, generó dificultades para interpretar el contrato y aplicar sus cláusulas en temas tan esenciales como la definición del objeto del contrato, el precio de los servicios o el alcance y momento de pago. Con lo que se tuvo que recurrir a dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo, informes de la Abogacía de la Generalitat y sentencias de los "diversos órdenes jurisdiccionales", para interpretar y aplicar los contratos.

Conflictos, recuerda el estudio, que no han concluido, y suponen costes para la Administración que "se han disparado por no haber diseñado debidamente los procesos de externalización y haber desatendido sus obligaciones de supervisión y control".

Remontándose a la apuesta de la Generalitat que optó por el modelo de gestión público-privada de los departamentos de salud a finales de los años 90, el análisis señala que para todos los contratos de concesión de áreas de salud se acusó falta de concurrencia en el proceso de selección "sólo se presentaba una oferta y en todas las ofertas tenía un papel relevante la empresa Ribera Salud", con una deficiente e insuficiente regulación de los pliegos y contratos, que dificultó su interpretación y ejecución.

Pese a ello, las entidades contratistas demandaron a la administración solicitando una compensación económica para el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato, ante los perjuicios que les supuso algunas decisiones de la administración. Algo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) descartó por tratarse de medidas adoptadas por la administración del Estado o por ser factores que formaban parte del riesgo y ventura que debe asumir el contratista por la propia naturaleza del contrato de concesión.

Legalidad de las concesiones y falta de regulación de los rescates

Eso sí, este estudio matiza que desde un primer momento el TSJCV dejó claro que era lícito externalizar el servicio público de salud mediante el contrato de concesión, fundamentando su fallo en la Ley 15/1997, de Habilitación de nuevas formas de gestión del Servicio Nacional de Salud.

Sin embargo, la reversión de esos contratos apenas está regulada. A diferencia de la amplia normativa que regula los procesos de externalización; la previsión y regulación de la reversión es "mínima". La comisión señala que se hace preciso un marco normativo estatal y autonómico que regule el procedimiento a seguir en caso de reversión, y como solucionar la incorporación del personal laboral de la empresa contratista en la administración pública.

La auditoría de 2018 era "muy crítica"

El mismo documento cree que públicamente no se interpretó adecuadamente la auditoria operativa de la concesión sanitaria del Hospital y el área de salud de Torrevieja de Ribera Salud realizada por la Sindicatura de Cuentas en 2018. "Daba fe según la prensa del momento de los buenos resultados obtenidos por el Hospital de Torrevieja, al suponer un ahorro de 45 millones de euros al año a la Administración valenciana, lo que confirmaba la solidez y eficacia del modelo de gestión público privado". La auditoria realizada por la administración sigue siendo de hecho una referencia para el grupo sanitario a la hora de hacer valer su gestión en Torrevieja, que dejó hace ahora dos años, y el Hospital del Vinalopó.

"Realmente muy crítica"

Sin embargo, interpreta la comisión, esa auditoría "es realmente muy crítica con la gestión, pues afirma que se ahorra en el gasto público, sobre todo en gasto de personal", pese a no estar aprobadas las liquidaciones ni haberse realizado ninguna de las auditorías previstas". Además, aquella auditoría reconocía que la administración ha tenido que abonar un sobrecoste de 108 millones de euros superior al precio convenido con Ribera Salud a lo largo de la concesión iniciada en 2006 y extinguida en 2021 y un resarcimiento de 45,9 millones de euros por conceptos no previstos en el contrato. Por otra parte, señalaba que no existió un control de la calidad de los servicios ni de las inversiones realizadas, y advertía a la concesionaria de que adoptara medidas para garantizar un nivel asistencial óptimo en atención primaria, ya que el número de asignación de tarjetas sanitarias por médico quedaba por encima del cupo recomendado por las sociedades científicas; lo que pone de manifiesto que la gestión "no ha sido tan eficiente o al menos no para la administración de la Generalitat".

La comisión también recoge la valoración de la Intervención de la Generalitat, que fiscaliza el gasto público de la administración autonómica, sobre estas concesiones de servicios rescatados ahora por la administración. La Intervención cuestiona la redacción ambigua y contradictoria de las cláusulas de los contratos; la falta de estudios económicos previos o proyectos de explotación del servicio público que se externaliza, que justifiquen el precio del contrato y la forma de actualizarlo; la "dejación de funciones del órgano de contratación" o el incumplimiento de los plazos de aprobación de las liquidaciones del contrato, entre otras.

Personal subrogado

Sobre el proceso de reversión la comisión concluye que la incorporación del personal laboral a extinguir, junto con el personal estatutario y el personal laboral en los mismos centros de trabajo, "comporta serias dificultades" para la gestión ordinaria de los asuntos de personal y la delimitación de los derechos y obligaciones que corresponde a cada uno, aunque defiende la figura del personal fijo a extinguir como la mejor para subrogar al personal.

Gestión de los datos personales

La comisión realiza otra advertencia: los procesos de reversión implican la realización de tratamientos de datos personales viéndose afectados los derechos y libertades de las personas interesadas "existiendo riesgos de diversa índole tanto para las personas usuarias de servicios públicos, como para las administraciones, y la continuidad de los servicios públicos".

35 personas

La comisión de expertos se puso en marcha bajo el impulso de la entonces consellera de Justicia, Gabriela Bravo, con representantes de las diferentes consellerias, representantes sindicales y de los empresarios y altos funcionarios en julio de 2022. En total estaba formada por 35 personas. Se dijo en ese momento, que las primeras conclusiones llegarían tres meses después. Pero el informe con todo el trabajo realizado llegó casi un año después, a un paso del cambio político en el Consell.