La asistencia sanitaria en el departamento de salud de Torrevieja, ¿Es mejor o peor que hace un año? La respuesta es difícil después de que Sanidad se hiciera con las riendas del área que atiende a la población protegida de diez municipios de la Vega Baja.
Para colectivos en contra de la salida de la concesionaria Ribera, como Plataforma Sanidad Excelente o con la visión de partidos políticos como el PP, es evidente que ha empeorado hasta un punto catastrófico.
La administración autonómica señala sin embargo que desde hace doce meses la prioridad en el Hospital Universitario y la red de centros de salud y consultorios es la atención a las personas y no el beneficio económico. Y eso, aseguran, al margen de los problemas «de transición» entre ambos modelos, se hace notar en la asistencia diaria de los pacientes.
La noche del 15 de octubre de 2021 el centro sanitario cambiaba de manos en un tenso acto de acta de recepción con el que terminaban 15 años de gestión privada del departamento.
Aquel acto, en el que toda una directora general se dedicó a arrancar carteles en contra de la reversión, se cerró con un aplauso de los responsables de la Generalitat conscientes de haber logrado lo más difícil: que la transición no se notara. Pero no ha sido así.
Improvisación
Pese a que la decisión de revertir el sistema concesional estaba tomada por el gobierno del Botànic desde un año antes - no sin dudas sobre el modelo final que reflejaron las tensiones entre los socios del gobierno valenciano-, la improvisación ha sido una constante a la hora de asumir algunos de los principales retos del cambio.
La directora gerente, Pilar Santos, debe haber perdido la cuenta de las veces que sindicatos, partidos y colectivos de usuarios han pedido su cabeza y la de su equipo.
Lo hacía también la Plataforma Sanidad 100x100 Pública, firme defensora de la gestión pública integrada por representantes vecinales, sindicatos y partidos de izquierda, harta de esperar la prometida información sobre el estado del área y la falta de determinación de la Generalitat a la hora de atajar lo que consideran «fuego amigo».
Es a su vez importante el rechazo de trabajadores subrogados como personal laboral a asumir la nueva dinámica de gestión y, sobre todo, los límites a los incentivos económicos acumulados en el caso de los facultativos que el sistema público ni puede ni quiere pagar.
El fichaje este verano de Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira, como asesora en Torrevieja del nuevo conseller de Sanidad Miguel Mínguez para apoyar a la gestión de la dirección es suficientemente indicativa de que la presión por modificar esta dinámica ha hecho mella.
Urgencias
Urgencias se ha convertido en la caja de resonancia de todos los males que se le pudieran atribuir a la gestión pública. Un servicio por el que han pasado tres jefes en un año presenta los enormes problemas de déficit de médicos que padecen otros hospitales, pero son más acusados en Torrevieja, destino donde ni antes ni ahora quieren trabajar médicos con especialidad en ese área.
Este verano ha dejado una competición por difundir la imagen más lamentable de demoras maratonianas en la sala de espera de urgencias, boxes y camas en los pasillos, hasta el punto de que hasta el Ayuntamiento de Torrevieja tuvo que «frenar» esa marea en agosto para no dañar -más- la imagen del destino turístico.
A mediados de septiembre una manifestación encabezada por pacientes que han sufrido una atención deficiente, en una protesta respaldada por el PP, Vox y Sanidad Excelente, recorrió las calles de Torrevieja para exigir la dimisión de Ximo Puig y la "vuelta de Ribera" al departamento.
Otro punto caliente ha sido el servicio de Radiología. La marcha de especialistas sin lograr sustituir las vacantes de forma inmediata provocó un enorme atasco transversal en el diagnóstico del resto de servicios.
El más grave en Oncología, con docenas de pruebas de mama solicitadas en Atención Primaria pendientes durante meses, primero de realizar y después de diagnosticar. Un problema organizativo del que Sanidad solo está comenzando a salir un año después.
La dirección del departamento insiste en rebatir situaciones que considera «puntuales» con datos. En un solo año la plantilla se ha incrementado de 1.043 profesionales a 1.793, según los datos trasladados por la Conselleria de Sanidad en las Cortes Valencianas. El refuerzo ha sido sustancial en Enfermería pero mucho más discreto en el de médicos. Después de un año se están compensando ahora las plantillas en los centros de salud, aunque no se logra en los más saturados como La Loma. Se han rebajado los cupos de médico por paciente hasta los 1.500. Cupos que, por cierto, la Generalitat no alertó de que estaban totalmente disparados con la gestión de Ribera hasta que asumió el departamento pese a que aparecían como una de las debilidades de la concesionaria en la auditoría que realizó la Sindicatura de Cuentas al departamento en 2018.
Judicialización
La doctora Pilar Santos asegura que el día 16 de octubre de 2021 «encontramos un departamento de Salud gestionado durante 15 años por una empresa privada que judicializó hasta el último momento el proceso de reversión», lo que provocó que no se dispusiera con la suficiente antelación de la «información que hubiera permitido un proceso ordenado".
"Hemos trabajado enormemente para integrar en el sistema público un departamento con un sistema de trabajo diferente, hemos reforzado los equipos en todas las categorías profesionales y seguiremos apostando por un modelo público responsable centrado en las personas», asegura Santos.
UN CONVENIO ATASCADO PARA MÁS DE LA MITAD DE LA PLANTILLA
Como temían los sindicatos en el comité de empresa Sanidad no se ha sentado a negociar el nuevo convenio del personal laboral fijo subrogado de Ribera y el papel de mediador reclamado a la Inspección de Trabajo no se ha hecho realidad. Y no parece que la administración tenga prisa por sentarse a negociar.
La plantilla de personal laboral fijo que ahora representa aproximadamente a la mitad del total frente al estatutario - con presencia en la junta de personal-, se encuentra en una especie de limbo legal entre las condiciones laborales de Ribera y las que tienen que fijarse en su nueva condición de personal laboral.
Es otra de las consecuencias de la reversión: dos plantillas para un mismo departamento regidas por condiciones laborales distintas.
Por otra parte, la empresa sanitaria de origen valenciano, ahora en manos del grupo francés Vivalto tras desprenderse de ella la aseguradora norteamericana Centene, ya no es formalmente gestora del área en Torrevieja, pero sigue muy presente en su día a día.
La propia Conselleria que descartó prorrogarle la concesión le otorgó a finales de 2021 de urgencia valorados en 16 millones de euros anuales por servicios externos vitales para el funcionamiento del centro.
Por ejemplo, Ribera paralizó el expediente para adjudicar un nuevo servicio de laboratorio, que realiza una de sus filiales, y mantiene su reclamación de modificación al alza de las liquidaciones de su facturación anual -unos 130 millones al año sin la revalorización que solicitan- con la Generalitat por sus últimos años de gestión.
Ahora no hay encuestas de satisfacción de los usuarios. Ribera, para quien la imagen era una prioridad, solía difundir con frecuencia esos datos «a la búlgara», como se suele decir, con casi más satisfechos que encuestados.
