La Audiencia condena al exalcalde de Bigastro a 4 años y medio de cárcel por apropiarse de 127.000 euros municipales

La Audiencia Provincial ha condenado a José Joaquín Moya, exalcalde socialista de Bigastro, a una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y 11 años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación continuada por apropiarse de 127.000 euros de dinero público procedente de la enajenación y permuta de un suelo municipal en el sector D12 del municipio. En su condición de primer edil vendió en 2005 a una empresa promotora el terreno como urbano pese a que el plan urbanístico que debía amparar la operación no estaba aprobado por la Generalitat. Por los mismos hechos ha sido condenado también el exsecretario Antonio Saseta a 2 años de prisión por un delito de malversación y a cinco de inhabilitación absoluta.

Además, por la misma causa, ambos condenados suman otras dos penas de inhabilitación de 3 años y seis meses cada uno por un delito continuado de prevaricación.

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Responsabilidad

Moya (73 años) deberá abonar en concepto de responsabilidad civil al Ayuntamiento de Bigastro 59.000 euros, y de forma conjunta con el exsecretario otros 68.000 euros al mismo municipio, más intereses y la mitad de las costas del proceso. La sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia provincial de Alicante con sede en Elche puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juicio se celebró el pasado mes de octubre de 2023.

Alcalde de Bigastro durante 25 años, Moya dimitió mientras se encontraba en prisión preventiva en 2008 tras ser detenido en el marco de la operación de la Guardia Civil que investigaba su gestión como primer edil. Esta causa en la que la Fiscalía Anticorrupción pedía 8 años de cárcel al exregidor se deriva de la más de media docena de procedimientos en los que se desgajó la investigación, en su mayoría junto al exfuncionario Antonio Saseta. El Ayuntamiento bigastrense ha ejercido la acusación particular en este procedimiento y se había adherido a la solicitud de la fiscalía.

"Hacer y dejar hacer"

Según la sentencia "el señor Moya hizo y el señor Saseta dejó hacer" a la hora de "guiar, encauzar, dar las órdenes e instrucciones precisas" a sabiendas de su ilegalidad para que la Corporación aprobara la enajenación -venta- por permuta de un suelo en el llamado sector D12 cuya reclasificación estaba pendiente de autorización por la Generalitat. Ese suelo de 4.005 metros cuadrados se valoró, sin expediente previo que justificara la tasación, en 409.000 euros, y con una consideración de terrenos urbanos que no tenía.

Pagos sin ingreso

A cambio, para sufragar su valor, la empresa Dorialco, aportó al Ayuntamiento 253.000 euros y tres propiedades en el casco urbano de Bigastro para compensar la diferencia de valor entre lo que el empresario recibía y lo que aportaba en metálico. De esa cantidad el Ayuntamiento ingresó correctamente 103.000 euros en agosto y diciembre de 2005.

Otros 127.000 euros fueron entregados a Moya, como depositario municipal, y al funcionario Saseta, en su calidad de Secretario-Interventor, en mayo de 2005 y diciembre de 2006, "sin que ninguno de los condenados efectuara el ingreso en las arcas municipales, ni se haya acreditado que se destinara ese dinero a otros fines públicos o necesidades del Ayuntamiento por lo que los acusados distrajeron esa cantidad de su legítimo destino", especifica la sentencia.

En la misma se describe cómo en mayo de 2005 Moya recibió 18.000 euros en efectivo por parte del representante de la empresa a cuenta de la enajenación. El 19 de junio de 2006 Moya, como depositario municipal, y Saseta como interventor, recibieron otros 50.000 también en efectivo. Y por último 59.000 euros el 19 de diciembre de 2006 a través de dos pagarés nominativos a favor del Ayuntamiento. 

Flagrantes vicios de ilegalidad

Para el tribunal fue un proceso de permuta "colmado de flagrantes y manifiestos vicios de ilegalidad, circunstancias de las que el acusado era conocedor, pese a lo cual actuó vulnerando las normas que exigían que la enajenación de este bien, en caso de realizarse, garantizara la libre concurrencia", y por el excepcional sistema de la permuta supuso una adjudicación directa, sin acreditar su necesidad, ni la equivalencia de valores entre los bienes permutados, según el fallo.

La enajenación no fue sometida a ningún tipo de fiscalización previa ni justificación de su precio o procedimiento a seguir, sin que el entonces secretario cumpliera con la que era su función. Ambos actuaron "en confrontación con los límites y controles impuestos por la ley" y sin seguir el procedimiento legalmente establecido, haciendo prevaler "su voluntad particular sobre la legalidad lo que provoca un resultado material injusto por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad en las instituciones y la confianza que en ellos deben merecerse, porque de custodios de la legalidad se convierten en sus primeros infractores, con efectos devastadores en la ciudadanía".