El exalcalde de Bigastro niega en el juicio que se quedara dinero público

El excalcalde socialista de Bigastro José Joaquín Moya se declaró ayer inocente de los delitos que se le imputan, por supuestamente quedarse parte del dinero abonado por la adjudicataria del sector D12 del PGOU de 2005 y por los que se enfrenta a una pena de siete años de cárcel y otros 20 de inhabilitación absoluta por un supuesto delito continuado de malversación.

Por los mismos hechos también se le imputa al exprimer edil - que fue alcalde entre 1983 a 2008- un supuesto delito continuado de prevaricación para el que la Fiscalía Anticorrupción de la Vega Baja pide 12 años de inhabilitación especial para cargo público.

Primera sesión

En la primera sesión del juicio, que se ha iniciado este viernes en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, ubicada en Elche, Moya se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y solo ha contestado a preguntas de su defensa. La defensa reclamó la suspensión del procedimiento por no haberse transcrito declaraciones de este proceso, a lo que el fiscal ha indicado que las mismas están grabadas y la ley no exige su transcripción. Durante la primera sesión del juicio ha declarado Rosario Bañuls (PP), quien sucedió en el cargo como alcaldesa a Moya. Bañuls afirmó que la contabilidad era «caótica» cuando llegó al consistorio.

Una decena de causas

La que se juzga estos días forma parte de la decena de causas desgajadas de la investigación que obligó a Moya a dimitir de su cargo en prisión preventiva en 2008. Desde entonces Moya (73 años) ha sido condenado en firme a penas que suman casi 20 años de inhabilitación por prevaricación por autorizar un parque solar en un suelo protegido de La Pedrera a un familiar; permitir la tramitación de una urbanización con un resort en suelo rústico; ordenar el pago de la asesoría jurídica del Ayuntamiento durante diez años sin contrato -un caso resuelto con una acuerdo de conformidad extrajudicial- o por otra causa desgajada de la tramitación del D-12 en Bigastro -en esta última con una condena por malversación a cuatro años de cárcel pendiente de recurso-.

Lo que queda

Quince años después de estallar el caso Bigastro, restan por juzgarse causas relevantes como el regalo a Moya de un coche de alta gama por parte de unos empresarios a los que habría concedido obras; el cobro de pagarés emitidos por el Ayuntamiento y retirados por el propio exprimer edil al portador, o el supuesto pago ilegal de la Seguridad Social a más de 40 vecinos por parte del municipio y que no tenían vinculación laboral con el municipio.