El Síndic da un tirón de orejas al gobierno de Orihuela por demorar el acceso a los expedientes a los ediles de Cs

El Síndic de Greuges le ha dado un tirón de orejas al equipo de gobierno de Orihuela, de PP y Vox. El Defensor del Pueblo Valenciano reprueba la manera de actuar del Ejecutivo oriolano por demorar el acceso a los expedientes al grupo municipal de Ciudadanos.

Fue la formación naranja quien puso en conocimiento del Síndic este retraso en darle acceso a la información por parte de PP y Vox, lo que la edil Luisa Boné consideraba "injustificado". En una resolución fechada el 30 de enero, Ángel Luna da la razón a Cs y desaprueba la manera de actuar gobierno local ante una queja por la "opacidad y falta de transparencia y diligencia" en las respuestas desde el Ayuntamiento oriolano a sus peticiones de acceso a expedientes municipales.

Boné denunció el pasado 18 de diciembre que desde las distintas concejalías de Orihuela se respondía a sus solicitudes de acceder a la información municipal con mucho retraso, más allá de los cinco días naturales previstos legalmente. También señalaba que, cuando se le contestaba, se hacía dilatando excesivamente la fecha para acceder a los expedientes, lo que le obligaba, en ocasiones, a tener que desplazarse a cada concejalía en concreto personalmente.

Expediente

Ante la apertura del expediente por parte del Síndic de Greuges, el Ayuntamiento de Orihuela no ha respondido, dando la callada por respuesta y omitiendo el exigido informe que le fue requerido, denuncia la edil de Cs. "Demuestra claramente lo que a este gobierno le importan los derechos de los concejales de la oposición, y de la ciudadanía misma, a la hora de fiscalizar su actividad y, por qué no decirlo, su nefasta gestión", indica, indignada, Luisa Boné.

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La resolución del Síndic no deja lugar a dudas ante los seis expedientes que Boné ponía como ejemplo en su denuncia pidiendo información, y en los que el Ejecutivo local, según la queja, tardó en responder entre tres semanas y más de dos meses, según el caso.

"Silencio positivo"

El defensor del pueblo autonómico señala así en su resolución remitida al Consistorio oriolano que la respuesta debe darse en cinco días naturales, y que la demora supone un "silencio positivo" del concejal a acceder automáticamente a la información solicitada.

Pero, más allá, indica que la puesta a disposición de la información reclamada debe hacerse como máximo antes del plazo de diez días. "Es algo que el gobierno local viene incumpliendo sistemáticamente por una extraña y desconocida instrucción de que tienen hasta varios meses para hacerlo", ha dicho Boné, quien igualmente ha recordado que el derecho a acceder a los expedientes por vía telemática está igualmente reconocido por la resolución del Síndic, "por lo que no nos pueden obligar a ir presencialmente a ver papeles, sino que nos los tienen que ofrecer mediante un enlace electrónico", algo perfectamente posible desde la aplicación Gestiona que usa el Ayuntamiento.

Más quejas

Para la edil de Cs, "una vez más" el Síndic "pone en su sitio a este desastre de Administración local en la defensa de los derechos de quienes estamos en la oposición para controlar su labor".

No es la primera vez que la Sindicatura abre expediente y reprueba al Ayuntamiento oriolano en este mandato, tras las quejas de Cs. "Se ha demostrado que es el gobierno menos transparente de la historia", espeta Boné. "Es gravísimo que se hayan negado a mandar el preceptivo informe a la Sindicatura de Agravios tal como se les solicitó, ya que los seis expedientes denunciados son solo una muestra de cómo actúan las concejalías del alcalde Vegara", critica.

Ahora la pelota está en el tejado de PP y Vox que deben dar una respuesta al Síndic en un plazo máximo de un mes sobre si acepta las recomendaciones que se le han dirigido, porque, de no hacerlo, será declarado como "comportamiento hostil o sistemáticamente entorpecedor de las investigaciones llevadas a cabo por el Síndic".

Esto podría dar lugar, incluso, a un informe especial de carácter monográfico en el que se identificara a las autoridades y al personal que sean responsables de lo sucedido, tal como reza la propia resolución.