La planta solar para la desaladora de Torrevieja provocará pérdidas de 4,5 millones al año a los agricultores de San Miguel de Salinas

El parque solar para abaratar la factura energética de la planta desaladora de Torrevieja que el Gobierno quiere ubicar en los mejores suelos agrícolas de San Miguel de Salinas tendría un efecto casi testimonial en la factura del consumo eléctrico, según Asaja-Alicante. En su visita hace unos días a la desaladora de Torrevieja, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, situó en cuatro 4 céntimos por metro cúbico (0,04 euros) el abaratamiento que supondrá la inyección de energía renovable de la planta fotovoltaica. Con ello la factura que ahora supone un coste anual de 50 millones de euros apenas se reduciría en 4,8 millones de euros al año si la planta llega a producir 120 hectómetros anuales, como está previsto con su ampliación. Sin embargo, el impacto económico que supondría sobre las explotaciones agrícolas la construcción del parque solar de San Miguel de Salinas es mayor que la reducción del coste energético.

Impacto económico

Es lo que mantiene la organización del sector agrícola. Las empresas agrícolas que trabajan las 200 hectáreas cultivadas de cítricos y hortalizas que se verían afectadas por el proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) facturan anualmente más de 4,5 millones de euros. Eso solo en ventas, sin cuantificar el empleo que generan en el sector primario de la comarca y el propio valor de los terrenos de alta capacidad agrícola que serían expropiados si la planta se declara de interés general. «No es solo el valor económico en cifras. Es el impacto social y el ambiental» sobre la cuenca vertiente de la laguna de Torrevieja, señala José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante.

Mejor suelo y con agua

«Son 220 hectáreas de la mejor tierra de la comarca, con mejor clima y con más garantía de agua, ya que riegan con agua del río Segura, con el agua regenerada de las estaciones depuradoras de Guardamar del Segura, Orihuela Costa y Torrevieja, del trasvase Tajo Segura, además de un pequeño porcentaje de agua desalada, un 1 % de lo que gastan», remarcó ayer Andreu.

Para los agricultores el ahorro de 4 céntimos es casi testimonial. Producir un metro cúbico de agua desalada supone un coste de hasta un euro por metro cúbico y el agua la reciben los regantes subvencionada a 0,37 euros. El Estado se ha comprometido a subvencionar ese margen de producción en pérdida desde enero de 2023 y hasta 2028.

Para Andreu resulta paradójico que se quiera acabar con estos suelos en producción con el objetivo de dotar de agua desalada a la agricultura. Además, unos suelos que también están incluidos en un proyecto del Miteco con fondos europeos para el reaprovechamiento de más caudales depurados de Torrevieja y Orihuela Costa y conexión directa con la desaladora.

La Pedrera

Por su parte, José Andújar, presidente de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha, expresó ayer su perplejidad por el hecho de que el anteproyecto de Acuamed haya descartado como solución para la instalación de la planta solar el embalse de La Pedrera. «No la lámina de agua. Teníamos entendido que en el entorno del embalse hay amplias zonas de dominio público donde nunca han llegado las aguas del embalse –reservorio de agua regulado hasta la última gota y sin aportes naturales–, donde podrían instalarse las placas sin problemas. De hecho, creíamos que el proyecto iba por ahí».

El embalse forma parte, sin embargo, del Paisaje Protegido de Sierra Escalona, entre otras protecciones ambientales.

Placas en los canales del trasvase

También se ha descartado el uso de las infraestructuras del canal del postrasvase como emplazamiento de las placas solares. Algo entre en el tramo comprendido entre La Pedrera y Pilar de la Horadada y el tramo murcinao en el Campo de Cartagena supondría una superficie de 126 hectáreas aprovechables sin impacto ambiental, tal y como señalaba en este diario Amigos de Sierra Escalona y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante.

Comunidades afectadas

Andújar indicó que, según los primeros cálculos que han hecho los técnicos de la Comunidad de Regantes, de las más de 200 hectáreas afectadas por el proyecto el 40% pertenecen a esta comunidad, una de las más importantes de la cuenca del Segura por extensión y dotación de agua, mientras que el 60 % restante forma parte de la Comunidad de Regantes de San Miguel de Salinas. Andújar señaló que ha solicitado información a la Generalitat Valenciana del proyecto «y nadie sabe nada».

"Tomadura de pelo"

También indicó Andújar que el plan de participación pública del estudio de paisaje por el que se ha desvelado la localización del proyecto –que nadie conocía–, «es una tomadura de pelo». En ese plan la consultora manchega Ideas Medioambientales plantea a los vecinos de San Miguel que completen un formulario en línea en el que se preguntan cosas como si les gustaría que las naves de la planta adaptaran sus colores al paisaje, si prefieren los suelos abancalados o una instalación de placas compacta o fragmentada.

Todo eso sin ofrecer un solo dato sobre las características técnicas del proyecto, dónde está previsto el punto de evacuación de energía –supuestamente en la cercana subestación de La Marquesa, lo que hubiera sido determinante para escoger esta ubicación–, o la inversión final. También se ha descartado el uso de docenas de hectáreas de canales del postrasvase como posible zona de instalación de miles de placas solares que no tendrían impacto ambiental ni sobre suelos agrícolas.

¿Lo sabía el alcalde?

La Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel, que pidió en enero y febrero que suspendieran las solicitudes de proyectos de parques solares sin que el Ayuntamiento atendiera su petición, se preguntó ayer si el Gobierno socialista conocía la ubicación de la planta en San Miguel y si ha habido negociación previamente entre el municipio y el Miteco.

En este sentido, el Gobierno local, a la hora de anunciar el plan de participación pública –solo lo publicó en su muro de Facebook»–, señaló que el municipio «va a instalar». «Lo daban por hecho», señalan fuentes del colectivo vecinal. Además, el primer edil indicó públicamente en un primer momento, para restar importancia al proyecto, que la planta solo ocupaba 14 hectáreas de suelo y así se lo trasladó a los responsables de las Comunidades de Regantes.

Las mismas fuentes indicaron ayer que la superficie escogida no tiene en cuenta tampoco el riesgo de inundación, evidente para el caso de las ramblas de la Escribana y la zona de Los Invernaderos que desemboca directamente en la zona afectada por el proyecto y la laguna de Torrevieja.