El Ayuntamiento de San Fulgencio deberá indemnizar con 2,6 millones a la inmobiliaria de la Villa Olímpica

El pasado siempre vuelve. Y si es aquel en el que se amasaron operaciones urbanísticas ilegales en pleno boom del ladrillo, con connivencia entre ayuntamientos y promotoras, las consecuencias llegan en forma de factura para los vecinos.

La década de los 2000

El Ayuntamiento de San Fulgencio tiene que afrontar el abono de una indemnización de 2,6 millones de euros a una promotora inmobiliaria a la que autorizó en la década de los 2000 la construcción de un complejo residencial pese a que el suelo sobre el que se levantó estaba destinado a equipamiento de residencia deportiva en la normativa urbanística. La empresa inició ocho bloques de pisos aunque finalmente solo terminó tres. Otros cinco quedaron construidos a medias. Y así permanecen.

La decisión administrativa fue declarada nula por un juzgado en 2015, que condenó a los cargos públicos y a los funcionarios implicados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Trinidad Martínez, la alcaldesa socialista que autorizó el proyecto, fue condenada a 17 meses de cárcel. También los concejales José Mora y Mariano Martí (16 y 8 meses de cárcel).

Además, fueron condenados a penas de 4 meses de prisión tres técnicos municipales que validaron con sus informes la actuación. En aquella condena no se exigió responsabilidad civil a los penados.

Deportivo

Fue en el año 2008 cuando el Ayuntamiento de San Fulgencio otorgó las licencias para la ejecución de la denominada Villa Olímpica, aunque la operación inmobiliaria había arrancado ocho años antes con la presentación del proyecto por parte de la Promotora Rivati. El planeamiento urbanístico solo permitía un uso deportivo y no residencial sobre la parcela, salvo si estaba ligado al alojamiento no permanente de deportistas. Sin embargo, el Ayuntamiento autorizó el proyecto y no impidió que se segregara la finca para que se obtuvieran las licencias.

Fue con base en esa condena de 2015 por la que la Promotora Rivati solicitó en marzo de 2017 una indemnización al Ayuntamiento por daños y perjuicios al no poder concluir el complejo residencial: 13,7 millones de euros. Solo recibió como respuesta el silencio administrativo.

Entonces la inmobiliaria acudió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para que se reconociera la anulación de las licencias, y por tanto el derecho a ser indeminizada. Perdió en primera instancia en 2020 pero insistió y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó la reclamación solicitada, aunque rebajándola a 2,6 millones.

El nuevo equipo de gobierno decidió presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo para defender los intereses municipales «del pueblo de San Fulgencio y de su gente», según el alcalde, José María Ballester (PP). El pasado martes 20 de febrero el actual equipo de gobierno tuvo conocimiento de que el Supremo había inadmitido el recurso de casación. El Ayuntamiento tiene que pagar.

Responder del daño causado

Los 2,6 millones equivalen al 30% del gasto corriente del presupuesto de este municipio de 9.900 vecinos. El alcalde Ballester ha aclarado que, «como no puede ser de otra manera», el municipio afrontará la ejecución de la sentencia, que es firme, pero advierte que se va a encargar de repercutir su importe «contra las personas autoras de los hechos. Es de justicia que sean ellos, y no el pueblo de San Fulgencio, quienes respondan civilmente del daño causado».

«Al alcalde no le es nada grato dar este tipo de noticias –explica–, pero el compromiso con la gente de mi pueblo y ostentar su representación me obliga a informar de que debemos afrontar el pago, más el interés legal por el dolo y la mala praxis de unos gobernantes», aseguró José María Ballester.