El PP comarcal reclama al Gobierno que descarte el proyecto de planta solar en San Miguel de Salinas

La diputada autonómica y coordinadora comarcal del PP para la Vega Baja, María Gómez, señaló ayer que la desaladora de Torrevieja es la que más volumen de producción tiene de toda Europa, por lo que tildó de «poco sensato» el proyecto del Gobierno de España para instalar en San Miguel de Salinas un parque fotovoltaico que dé más electricidad a la planta para aumentar su producción, y reclamó a Pedro Sánchez «la paralización inmediata del parque fotovoltaico proyectado en los mejores suelos agrícolas del municipio».

Ministerio

«El Gobierno sigue primando la desalación como la solución al problema del agua por puro criterio ideológico, cuando nuestros agricultores lo que necesitan realmente es el agua del trasvase, esa que año tras año nos recorta el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la señora Rivera bajo la directriz de Pedro Sánchez», indicó Gómez.

La planta solar para la desaladora de Torrevieja ocupa 2 millones de metros agrícolas en San Miguel

Solidaridad hídrica

La coordinadora comarcal del PP añadió que «defendemos la solidaridad hídrica entre territorios mediante un conjunto de infraestructuras hidráulicas que permitan que el agua llegue donde se necesita, y donde perfectamente pueden convivir trasvases y desaladoras, pero Pedro Sánchez sigue recortando el agua del trasvase sin ningún criterio técnico y sin dar solución alguna al coste del agua, a la calidad y a la competitividad del agua desalada».

Proyecto impuesto

La coordinadora comarcal del PP ha denunciado que la planta fotovoltaica que el Gobierno prevé en San Miguel es «un proyecto impuesto que no se ha consultado con los agentes sociales, que pone en peligro los mejores suelos agrícolas de San Miguel, que no va a traer un beneficio notable a los agricultores y que condena a muerte al trasvase Tajo-Segura, que es la medida hídrica por excelencia y la más solidaria para la agricultura de esta comarca». En este sentido Gómez reclamó la paralización inmediata de cualquier iniciativa relacionada con la planta eléctrica fotovoltaica en San Miguel de Salinas».

El proyecto sobre 200 hectáreas está pensado para abaratar el coste del metro cúbico en 4 centímetros y es rechazado por todos los grupos en el Ayuntamiento de San Miguel, gobernado por el PSOE.