Subida del recibo de agua en El Campello, lo quiera o no el pleno. El Gobierno central da 10 días al Ayuntamiento para aprobar el nuevo convenio para recibir el agua desalada, o de lo contrario aplicará en el que firmó en 2006, que solo contempla 25 años para amortizar los millonarios costes de construcción de la planta de Mutxamel-El Campello, y no 40 años como reflejaba el que rechazó el pleno el pasado marzo.
La oposición y Cs tumbaron hace dos meses la propuesta llevada por el alcalde, Juanjo Berenguer, (PP), dejando en el aire el suministro de agua desalada para el municipio y evidenciando la fractura existente en el ejecutivo entre populares en naranjas. Y dos meses después de esa negativa a un convenio que conllevaba aplicar un incremento en la factura del agua, al ser el caudal desalado más caro y tener que asumir en el recibo 14 millones de la inversión, el Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido un escrito el que da un ultimátum a la Corporación.
El ministerio informa con fecha 20 de mayo que «si en el plazo de diez días naturales desde la fecha de este escrito no nos han comunicado su aceptación de la adenda de modificación al convenio aprobada por Acuamed, en los primeros días de junio les remitiremos la primera factura conforme al convenio vigente teniendo en cuenta la fecha de inicio de explotación del 1 de octubre de 2020».
Es decir, que aunque El Campello no recibe aún agua desalada -pese a que técnicamente ya es posible-, Acuamed empezará a cobrar al Ayuntamiento el coste prorrateado de la inversión que debe asumir el municipio por la desaladora de Mutxamel. Y así se empezarían a contar los 25 años que se disponen para sufragar esos costes.
En el Ayuntamiento este viernes estaban estudiando las repercusiones que tendría la aplicación del convenio de 2006, aunque no se manifestaron al respecto. Aquel acuerdo establecía que la inversión a amortizar entre los municipios usuarios sería de 50 millones, aunque dejaba la puerta abierta a que esta cantidad fuera superior, ya que las obras se ejecutaron con posterioridad y se encarecieron hasta los 76 millones, cifra que la adenda del convenio estipula ahora, y de los que 14 millones debe asumir El Campello.
Entonces, de seguir teniendo que asumir el municipio 14 millones de euros en su factura pero disponer de 25 años y no 40 años para cobrarlos de forma progresiva, esto supondría que de aplicarse el convenio de 2006, la subida del agua sería más fuerte en los próximos años que lo que preveía el nuevo acuerdo rechazado.
Hay que recordar que la adenda tumbada contemplaba varios años de transitoriedad para que la subida fuera escalonada, tanto en la parte correspondiente a la amortización de las obras como al coste en sí de producción. Y además, en el convenio de 2006 no se concretaba el importe de la tarifa, por lo que todo apunta a que El Campello tendría que hacer frente a los mismos compromisos que en la adenda rechazada pero con la única salvedad de que dispondría de solo 25 años, en lugar de 40 años, por lo que al final sería más gravosa para los vecinos al espaciarse en menos tiempo, aunque este extremo no pudo ser confirmado ni desde el Consistorio ni desde Acuamed, con la que contactó este medio.
Hay que recordar que en el pleno de marzo Cs, pese a formar parte del equipo de gobierno y ostentar el área de Servicios, de al que depende el suministro de agua, fue clave al votar en contra del nuevo convenio, denunciando además presiones por parte del alcalde que este negó, y alegando que faltaban informes al respecto.
El alcalde lo volverá a llevar al pleno si algún partido cambia el voto
El primer edil Juanjo Berenguer (PP) anunció este viernes que informará el lunes al resto de partidos del comunicado de Acuamed, y que si alguna formación está dispuesta a cambiar su voto, lo volverá a llevar a pleno el próximo jueves. El alcalde explicó que «aquí se da la situación de que el ministerio socialista nos aprieta y la ministra aboga por las desaladoras, pero aquí presentamos el asunto al pleno y me lo rechazaron. Llevaré este escrito a la comisión informativa del lunes, y si algún partido cambia de opinión y hay una mayoría para aprobarlo, volveré a llevar el convenio a pleno». De esta forma, la pelota vuelve al tejado de los partidos que tumbaron la medida, que fue rechazada por Cs, PSOE, EU, Podemos y Red, con abstención de Compromís y el respaldo de PP y Vox.
