El pleno de San Vicente ha aprobado iniciar la rescisión del contrato del velódromo por los supuestos incumplimientos de la concesionaria, con el objetivo de asumir el Ayuntamiento directamente la gestión. La medida ha salido adelante en la sesión ordinaria de septiembre, celebrada en la tarde del miércoles, con los votos del tripartito formado por PSOE, EU y Podemos y la abstención de Cs, PP, Vox y Compromís.

Así, el Consistorio ha iniciado en incoación del expediente para resolver la concesión del Complejo Deportivo Sur porque la empresa no ha presentado varios años las cuentas y no ha repuesto los 134.000 euros de la fianza intervenida por las mejoras que no ejecutó y a las que se comprometió en su propuesta de adjudicación.

El edil de Contratación, Guillermo García (PSOE), ha destacado la complejidad de este tema pero "ante los antecedentes y la situación en la que se encontraba el complejo no se podía estirar más el chicle" y el Ayuntamiento estaba obligado a iniciar la rescisión. Y ha defendido la "no privatización de instalaciones deportivas" y ha aclarado que algunos servicios como el gimnasio o el bar sí que se tendrá que licitar.

El de Deportes David Navarro (Podemos) ha recordado que en febrero se retiró del orden del día este punto para tratar de reconducir con la empresa la situación, para no tener que llegar a este punto, pero no ha sido posible. Y durante este tiempo se han ido estudiando alternativas para encontrar "la solución menos traumática".

El edil de Compromís Ramon Leyda ha destacado la necesidad de reunirse todos los grupos para decidir qué partes de la gestión se pueden mantener privatizadas y cuáles no para evitar los problemas. Y es que hay que recordar que la concesionaria, a su vez, tenía subcontratados los servicios del bar, pistas de pádel y gimnasio.

Desde Vox su regidor Adrián García ha preguntado por el destino del dinero intervenido por el Ayuntamiento, si va a dedicarse a las mejoras que no ha ejecutado la empresa. Y ha lamentado la "dejadez" del equipo de gobierno en este tema, ya que desde 2018 había informes donde se advertían ya de incumplimientos. El portavoz del PP Óscar Lillo ha destacado que no es viable una municipalización del velódromo, que requiere de mucho personal, y que la rescisión se debió traer en febrero, no en septiembre, lamentando este retraso. Y Mariela Torregrosa (Cs) ha manifestado sus dudas sobre el día después de la rescisión y de cómo quedarán los servicios, resaltando que "es imposible" que la concejalía de Deportes suma la gestión, temiendo que haya una interrupción del servicio.

Y el alcalde Jesús Villar (PSOE) ha aclarado que el dinero intervenido no puede dedicarse a las obras, sino que el Ayuntamiento tendrá que proveer de dónde sale el dinero para ejecutar las obras.

El primer edil firmó en febrero un decreto en el que daba un ultimátum, con un plazo improrrogable de 15 días para reponer la garantía definitiva de 137.540 euros. De lo contrario anunciaba su intención de resolver el contrato. Este requerimiento no obtuvo respuesta, por lo que finalmente se ha tomado la decisión recuperar la gestión. El octubre de 2021 el pleno acordó la incautación parcial de la garantía definitiva de 137.540 euros, de un total de 250.000 euros, porque el concesionario no había realizado las mejoras en el complejo a las que se había comprometido en su oferta y que precisamente le habían favorecido para ser el adjudicatario de la gestión. Y apuntaba como incumplimientos que por contrato tenía unas obligaciones como el mantenimiento de las zonas verdes, la limpieza y la presentación anual de las cuentas.