El Gobierno autonómico aprobará en los próximos días un decreto que le permitirá facturar el coste de la atención sanitaria a los turistas a sus comunidades autónomas o países de origen. Con este texto, que no afecta en ningún extremo a los titulares de la actual tarjeta sanitaria -tanto empadronados como beneficiarios de la variante solidaria-, el Consell pretende evitar tanto el turismo sanitario en la Comunidad como el uso indebido del sistema público de salud. La Generalitat asume cada año un gasto sanitario generado por desplazados nacionales y extranjeros de 308 millones de euros, de los que sólo se le compensan cuatro millones.

Como paso previo a la facturación del gasto médico de los turistas, Sanidad está implantando en todos los centros sanitarios de Alicante, Castellón y Valencia varios programas informáticos -programa Compás- para registrar todas y cada una de las atenciones que se llevan a cabo, tanto en el caso de los ciudadanos de fuera de la Comunidad como de los titulares de la tarjeta sanitaria de la Generalitat. Se trata del primer territorio autonómico español con capacidad para controlar totalmente su factura de atención sanitaria, según destacó ayer el conseller del ramo, Vicente Rambla, tras el pleno del Ejecutivo valenciano.

El coste sanitario que suponen cada año los desplazados nacionales a la Generalitat, por el que no percibe compensación económica alguna, asciende a 125 millones de euros, mientras que los turistas extranjeros generan un coste de 80 millones, de los que el Consell sólo percibe cuatro millones. En cuanto a los pensionistas extranjeros residentes, la factura supera los 103 millones, que también tiene que asumir íntegramente porque el Estado no le deriva ninguna cantidad de los 2.400 millones que recibe de la UE, pese a que el 50% del total de la facturación sanitaria española a Bruselas procede de la Comunidad Valenciana, según Rambla. En el caso de los turistas nacionales, el conseller indicó que el coste de su atención de endosarse al Fondo de Cohesión entre comunidades bajo supervisión del Ministerio de Sanidad

Rambla precisó que el servicio sanitario seguirá siendo gratuito para 4,5 millones de habitantes de la Comunidad, que están empadronadas en la Comunidad y cotizando a la Seguridad Social, o que por «criterios de solidaridad» la Generalitat considera que tienen derecho a esta asistencia. En esta última situación se encuentran los que están en el paro y sus familiares, los que acrediten tener residencia habitual en la Comunidad con independencia de que no hayan cotizado, las embarazadas, los titulares de la tarjeta solidaria y los colectivos protegidos.

Por su parte, el PSPV cargó ayer contra la política sanitaria del Consell y se centró en el incumplimiento del plan para la reducción de las listas de espera para operaciones quirúrgicas y en atención primaria. «Los ciudadanos esperan una apuesta por acabar con las listas de espera», manifestó Pla tras reunirse en Valencia con varios profesionales sanitarios. También recordó que el PP se presentó a las elecciones en 1995 con el compromiso de un plan de choque para solucionar esta cuestión, y denunció que lo único que ha hecho «es derivar a la privada mucha atención que corresponde al ámbito público».

Por su parte, la secretaria socialista de Salud, Encarna Llinares, denunció que los pacientes pendientes de una intervención cardíaca deben esperar 146 días para ser atendidos en el Hospital General de Alicante, en contra de «los 45 días prometidos» por Camps. Llinares, junto con el alcalde de Elche, Diego Maciá, y otros responsables del PSPV, visitó el Centro de Especialidades Florida-Babel de Alicante para conocer «la situación real de la sanidad pública».