No se pueden permitir los reinos de taifa de los ayuntamientos

Estaba, lo que pasa es que hay pactos de silencio porque son delitos de difícil prueba, en los que se suele manejar dinero b al que es complicado seguirle el rastro.

¿Quiénes son los corruptos Pues los políticos o los técnicos que cobran por recalificaciones de terrenos, por otorgar licencias constitutivas de auténticas prevaricaciones. Eso está existiendo en Alicante y la gente más o menos lo huele porque no hay nada más que ver cómo está el litoral de la provincia, se han levantado auténticas pantallas urbanísticas.

Si hay corrupción, se sabe y no se persigue, ¿eso es delito, no

Es discutible que sea un delito. El problema de la corrupción en urbanismo es que es un tipo penal que tiene las normas en blanco. Para que exista delito es necesario que haya habido un ilícito administrativo, una contravención a la legislación urbanística y lo que los jueces penales suelen hacer es pasarse la pelota y mandar primero a la vía contencioso-administrativa para después iniciar la penal. ¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y, en segundo lugar, porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo. El mundo del Derecho Penal y el del Derecho Administrativo son dos compartimentos estancos, además de que investigar este tipo de delitos conlleva un conocimiento profundo en materia de urbanismo que, inisto, no tienen ni fiscales ni jueces. Y por eso se deriva a la vía contencioso-administrativa. Pero, ¿qué sucede con esta vía Que está colapsada y que tenemos una ley poco eficaz en cuanto al establecimiento de medidas cautelares, que no suspende el acto administrativo, con lo que las obras ilegales se consolidan. Un proceso contencioso puede durar entre ocho y diez años, tiempo en el que la obra ilegal queda consolidada.

Además de formación y ganas, ¿qué más falta

Tampoco hay medios, los juzgados tienen una sobrecarga de trabajo considerable, ahora empieza a montarse una Policía especializada en temas de urbanismo, hace poco el Gobierno decidió crear una sección de la Guardia Civil dedicada a estos temas, pero la realidad es que, hoy por hoy, las Fuerzas de Seguridad tampoco tienen conocimiento de temas de urbanismo. Hay un déficit de formación, incluso más que en la lucha contra la delincuencia económica o los delitos societarios.

¿Un solo fiscal Anticorrupción es suficiente para una provincia con las características de Alicante

Ya son muchos los estallidos de corrupción que están apareciendo en no pocos municipios de la provincia, pero lo que de verdad hace falta es una relación directa e inmediata entre la Fiscalía y la Policía Judicial, que no la hay o es muy deficiente. A mi no me gustaría estar en la piel del fiscal Anticorrupción, sin auditores. Porque esto no es la Audiencia Nacional que tiene a su servicio todo el cuerpo de auditores del Banco de España, que los puede utilizar en cualquier momento. Aquí no hay economistas habituales, ni policías... aquí hay un problema de falta de medios evidente.

¿Alguna carencia más

Nuestro sistema procesal penal, que es de 1882, se basa en un modelo con muchas personas investigando y a la hora de la verdad, ninguna. En primer lugar investiga la Policía durante tres días y se dice que los policías en ese tiempo hacen más que jueces y fiscales en meses. Y yo creo que es así. Cuando se acaban las diligencias policiales se incoa un procedimiento penal que teóricamente debiera durar un mes, cuando todos sabemos que se puede prolongar meses y hasta años. Y si hay un acusador particular, más aún. Se hace excesivo papel y no hay coordinación entre policías y fiscales.

¿Se vislumbra alguna solución a medio plazo

Todo esto ha llevado al Ministerio de Justicia a encargar una nueva Ley de Enjuciamiento Criminal en el que el papel de instructor pasaría a ser llevado por el fiscal y el juez de Instrucción permanecería sólo para dictar resoluciones limitativas de derechos fundamentales. La Policía estaría permanentemente bajo las órdenes del fiscal. Esto sería más eficaz. La delincuencia ha cambiado mucho y hay delitos informáticos o relacionados con Internet, por ejemplo, que necesitan el auxilio inmediato de la Policía Judicial.

Los jueces esgrimirán el ataque a su independencia y los detractores de la reforma, el que los fiscales dependen jerárquicamente de un jefe nombrado por el Gobierno. El juez es independiente y debiera ser responsable, lo que ocurre es que en este país se abunda mucho en la independencia de los jueces y muy poco en lo que deberían saber. Además de que serían incapaces de cumplir los plazos para finalizar los sumarios porque van desbordados. Los fiscales son imparciales y su imparcialidad está colectivamente reflexionada. El fiscal teóricamente debe adoptar sus decisiones más importantes previa consulta a su superior jerárquico y a la junta de fiscales mientras que el juez es un señor que vive en una gran soledad y es rabiosamente independiente, pero este modelo ha fracasado en España como en el resto de Europa. Se evoluciona hacia el modelo del fiscal-director de la investigación.

Pero, insisto, los fiscales dependen del Ejecutivo.

Bueno, es dependiente el fiscal general del Estado pero en un proyecto de reforma que está en las Cortes se va a acentuar su independencia dotándole de inamovilidad. Ahora, en un momento dado, el fiscal general del Estado puede ser removido por el Gobierno, pero cuando se apruebe la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal será absolutamente inamovible durante todo su mandato, le guste o no le guste al Gobierno. Creo que el tema de la independencia tiene su relevancia en los asuntos de corrupción política. No es que en los demás no actúen con independencia, pero en estos casos existe esa precaución ya que, al depender del Gobierno, éste puede utilizar a la Fiscalía. Pero es que, además, en España tenemos la acusación particular y la acción popular, somos uno de los países con más garantías. En toda Europa la Fiscalía ostenta el monopolio de la acción penal, no cabe el acusador particular ni mucho menos el popular. Sólo en Austria y Portugal hay ofendidos que pueden personarse. Luego en España hay garantías de que la Fiscalía no va a prevaricar ni siquiera en temas de corrupción política. Es un argumento manido que está ahí pero que es perfectamente superable si se articulan mecanismos de control judicial, porque tampoco se trata de crear un fiscal soberano o independiente por completo del Gobierno, entonces sería un cuarto poder dentro del Estado. Para eso prefiero la independencia de los jueces.

¿Cree que en Alicante se dan las condiciones para que estalle una operación malaya Están saliendo cosas muy importantes, creo que en cantidad no va ser igual que lo de Málaga porque hay que tener en cuenta que en Marbella hasta el año 99 no había tan siquiera plan de urbanismo. Las guerras entre gilistas, populares y socialistas convirtieron aquello en un reino de taifa del señor Gil. En Catral han levantado edificaciones ilegales, como han hecho en muchos municipios por la vía de los hechos consumados, pero aquí planes sí que hay.

¿Habría que modificar las leyes para facilitar la intervención de los ayuntamientos sin que fuera necesario llegar a situaciones límite como la de Marbella No olvidemos que los municipios tienen autonomía local consagrada en la propia Constitución y que la intervención de los municipios está en la legislación desde Franco, cuando los gobernadores podían hacerlo. En nuestra democracia, que yo recuerde, la primera vez que se interviene es con el tema de Marbella y aquí con lo de Catral. Me parece muy fuerte que una comunidad se vea obligada a utilizar estos instrumentos que conculcan un derecho constitucional.

¿Cabe otra salida en casos como el de Marbella o el de Catral Lo que tiene que existir es un mayor control judicial después del administrativo. Supongo que a esos niveles los ayuntamientos cumplen con la legislación urbanística y que presentan sus planes de ordenación a la comunidad. Ahora bien, si se permiten, se consienten o se otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Y esos hechos hay que perseguirlos.

Cuando eso suele ocurrir las casas ya están amuebladas.

Hay un punto también de falta de sensibilidad en estos temas por parte también de los jueces porque suele haber terceros de buena fe que ocupan esos edificios ilegales y es muy duro tener que utilizar después de un tiempo el Derecho Penal. Lo mejor sería tener una jurisdicción contencioso-administrativa que funcionara rápido y expeditivamente, que evitara levantar las edificaciones. Para empezar, habría que crear una sala de lo Contencioso en Alicante, que no la hay. No tiene sentido tener que ir a Valencia cuando el 60% de los asuntos que se recurren al Tribunal Superior son de Alicante. Tenerla es una legítima aspiración de muchos años. Una mayor inmediación y un control judicial administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que está ocurriendo. El Tribunal Constitucional, del que usted fue miembro, dictó una sentencia en los 90 contraria a que el Estado asumiera las competencias urbanísticas. ¿Sigue pensando que están mejor en manos de ayuntamientos y autonomías Hubo una sentencia sobre la Ley del suelo en la que el Tribunal Constitucional decidió por una muy amplia mayoría, sólo con el voto discrepante, que yo recuerde, de Jiménez de Parga, reconocer las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de urbanismo. Eso es lo que vino a decir el Tribunal, pero es que también está en la Constitución.

Visto la actualidad, ¿le sigue pareciendo una decisión acertada

En urbanismo hay distintos títulos competenciales, está el tema de Costas para las urbanizaciones en primera línea, están las facultades de ejecución de los ayuntamientos en materia de concesión de licencias y está la potestad normativa y de ejecución que tienen las comunidades autónomas. Lo que no se puede permitir son los reinos de taifa de los ayuntamientos, es decir, que la autonomía local no esté en contra de que las comunidades ejerzan sus competencias de inspección de manera que no proliferen las construcciones ilegales como está ocurriendo. Lo que no se puede permitir a los ayuntamientos es que de su capa hagan un sayo en materia de urbanismo sin prever el problema del agua, ni la eliminación de los residuos sólidos, ni las infraestructuras.

La aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante de las 15.000 viviendas del Plan Rabasa al margen del PGOU, ¿qué opinión le merece Me parece una mostruosidad que se haya aprobado esto en el Ayuntamiento al margen del plan general y sin un control.

¿Control por parte del quién

Por parte de la comunidad autónoma, que tiene capacidad de intervención aunque no la suele ejercitar. Pero si se ha hecho con Catral, aunque me parezca muy fuerte, que se haga con todos aquellos que lo requieran. Sin olvidar que una intervención de esa naturaleza supone desapoderar a un ayuntamiento de todas sus facultades en materia de urbanismo y llevarlo todo desde la Comunidad. Supongo que, en el caso de Catral, habrá sido necesario, pero es muy fuerte que los ciudadanos tengan que ir cada dos por tres a la Conselleria de Urbanismo a pedir una licencia de obra. Me parece excesivo.

¿Tiene el Código Penal elementos suficientes para luchar contra la corrupción o habría que endurecer las penas Las leyes penales son suficientes aunque quizá algún tipo penal, como la prevaricación, tiene una pena leve. Dos años por cometer este delito, si hay mucho dinero en juego, creo que hay personas que no les importa pasarlos a la sombra, si es que al final acaban cumpliendo la condena completa. Habría que subir las penas de delito de prevaricación urbanística y algún otro, el cohecho posiblemente también. Parece que el Ministerio de Justicia está elaborando un anteproyecto para aumentar la severidad contra estos delitos. Pero el Código Penal, en general, es suficiente para combatir esto. El problema es de medios, falta una Policía Judicial especializada no sólo en urbanismo sino también en temas económicos, porque está todo muy relacionado.

¿Cómo se tendría que actuar con los cargos públicos con poder ejecutivo -alcaldes, consellers- que están imputados y que, aún así, siguen en sus puestos

Jurídicamente no se puede hacer mucho. Es un problema político y ético. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción dentro de cada partido, y en el momento que existiera un funcionario o autoridad local sospechosa, pero sospechosa con fundamento, porque cabe subrayar que éste es un terreno político y que a veces hay querellas calumniosas, pero si existen fundadas sospechas de que una autoridad local ha cometido un cohecho o una prevaricación, decía, lo que se tiene que hacer es indicarle que presente su renuncia inmediatamente. Mientras los partidos políticos no se tomen en serio que la corrupción puede acabar con el sistema democrático, que podemos llegar a niveles del tercer mundo, sucederá lo que sucede. La suspensión de empleo y sueldo a un funcionario es problemática y tampoco está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que una imputación judicial pueda conllevarla. Lo que tienen que hacer los jueces es acelerar al máximo el proceso penal. No se puede permitir que un delincuente esté ejerciendo de autoridad local. Pero estos procesos, como son complejos, llevan su tiempo. Luego la justicia penal llega mal y tarde.

Estamos hablando de corrupción política. Y de corrupción judicial, ¿qué me dice La hipótesis de un juez corrupto es mucho más peligrosa que la de un alcalde corrupto. El auténtico poder es el de los jueces, no nos engañemos. Un juez de Instrucción puede arruinar la vida de personas pero yo no tengo ni siquiera indicios de que haya corrupción judicial. Creo que los jueces intentan luchar contra la criminalidad, otra cosa son los medios con los que cuenten o que haya setencias que que parezcan ilógicas, pero puede ser porque las cosas tal vez no se hicieron bien.

Es usted partidario, de lograrse el fin de ETA, de que la Audiencia Nacional desaparezca. La legitimación de la Audiencia Nacional se la da la lucha contra el terrorismo. Sería muy fuerte que jueces del País Vasco juzgaran a terroristas. Ahora bien, yo, que soy optimista, confío en el fin del terrorismo y cuando esto suceda no tendría sentido que este órgano continuara existiendo.

¿Ni siquiera lo ve viable para llevar los temas más complejos, como la delincuencia económica o la corrupción Lo que tiene que hacer la Administración es formar a los jueces de todo el Estado, sin discriminación, y darles a ellos y a los fiscales los medios y la infraestructura necesaria para combatir este tipo de delincuencia. Exceptuando el tema del terrorismo, la Audiencia Nacional no se revela como más eficaz. El día 23 se va a juzgar al señor Botín por las cesiones de crédito, unos hechos del año 91. Lleva instruyéndose la friolera de 16 años.

¿Están los jueces aportando su granito de arena para que el proceso de paz llegue a buen puerto Los jueces tienen que aplicar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En otros países, como Alemania, existe el «principio de oportunidad» que faculta a los fiscales, en casos de terroristas arrepentidos, a sobreseer el procedimiento penal siempre y cuando el terrorista colabore. Nosotros lo tenemos pero vía derecho material, es decir, hay que ir a un juicio oral, condenar y luego aplicar la absolutoria. En Alemania no, allí dan carpetazo en la instrucción y se acabó. Aquí, sin esta posibilidad, no se le puede pedir a los jueces y a los fiscales más de lo que hacen, que es aplicar la ley.

Se puede ser menos severo

No tienen por qué. Tienen que aplicar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de conformidad con la doctrina del Constitucional. Un terrorista es un delincuente y punto. En función de la gravedad del delito que cometa el Código Penal establece una pena y es lo que los jueces están haciendo, y lo están haciendo bien.

¿Qué opinión le merecen jueces como la magistrada de Denia a la que no le gusta casar a homosexuales y que además arremete contra los fiscales Creo que esta señora es una buena juez que se equivoca en el tema de la objección de conciencia. Un juez no puede plantear esto porque su legitimación, según la Constitución, consiste en aplicar la ley. De manera que una norma aprobada por el parlamento tiene que ser aplicada por los jueces máxime cuando en este caso actúa como funcionaria al tratarse de un acto administrativo.

¿Qué me dice de los ataques que desde el PP y el propio Consell están lanzando contra el fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia

Me parece inaceptable, inadmisible y absolutamente reprobable que una autoridad autonómica se le ocurra la genial idea de crear una comisión para fiscalizar al fiscal jefe del TSJ. No lo había visto en la vida ni aquí ni en ningún otro país. Es algo increíble. Al revés, los fiscales son los que tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir la ley.

¿Es inevitable que todas las renovaciones del CGPJ vayan precedidas de una batalla política

No debiera ser así pero lamentablemente lo es, parece que es connatural a nuestro sistema de designación de vocales del CGPJ porque los jueces se alinean en asociaciones que a su vez se alienan con los partidos políticos. A mi me parece un espectáculo lamentable, creo que menoscaba la autoridad y la imparcialidad del poder judicial porque los ciudadanos en vez de ver un CGPJ independiente lo ven al servicio de los partidos políticos. En España hay que despolitizar a la magistratura empezando por el propio Consejo. Y crear otros referentes en la promoción de los jueces porque a uno le da la impresión de que se promociona más a los que más salen en los medios y mejor se relacionan con la clase política que el juez trabajador que dicta magníficas sentencias. Debíamos cambiar porque la política está haciendo mucho daño al Poder Judicial.

Si alguien conduce borracho o a más velocidad de la permitida es un homicida en potencia. Además del carné por puntos, ¿habría que endurecer las penas Creo que está bien con lo que hay tanto desde el punto de vista administrativo como penal, aunque siga habiendo gente insensata. Desgraciadamente seguimos teniendo muchas muertes, pero eso no se remedia con el Código Penal.

¿Existe solución contra los malos tratos

Viene a ser lo mismo que lo anterior. Es un problema dramático, pero confieso que no sé qué soluciones caben frente a esta locura de determinados energúmenos.

¿Y para la violencia escolar Educación y más inversión en el tema de menores. La Ley de Menores es una magnífica ley que busca por encima de todo la reinserción y evitar que el joven entre en un establecimiento penitenciario de donde saldrá peor que ha entrado. No hay que olvidar que las cárceles son escuelas de delincuencia, que un chaval entra por un delito contra la propiedad y se acaba convirtiendo en un criminal peligroso. Tenemos una buena ley, muy innovadora, pero no se está invirtiendo lo suficente en equipos de psicológos, en asistencia social, en lo que es necesario para que el sistema funcione.

¿Desde cuándo cree usted que un inmigrante debe tener derecho a votar y a ser votado Creo que el inmigrante con los papeles en regla debe tener todos los derechos constitucionales, sin embargo no tiene aún el sufragio activo y pasivo que sí tienen los ciudadanos de la UE. Para ello se reformó la Constitución sin el mayor problema cuando hay gente que se rasga las vestiduras si se plantea cualquier cambio. La Constitución no es la ley de las doce tablas, no está petrificada, se puede y se debe reformar y amoldarse a la realidad actual siempre y cuando haya un consenso político que lo posibilite. Creo que los residentes legales deberían tener todos los derechos. Para ello sería también necesario cambiar la ley electoral. Todo lo que sea integrar a la población inmigrante es positivo para el país. Se deben evitar los guetos, también aquí el urbanismo tiene mucho que decir, evitar las ciudades de inmigrantes para que no suceda lo que ocurrió en Francia. Los inmigrantes tienen que integrarse en la sociedad y también tienen que cumplir con los deberes y obligaciones que el Estado les depara

¿Es Alicante una provincia proclive a la implantación de mafias

Hay mafias, blanqueo de dinero, la construcción genera dinero negro... quiero decir que es posible que haya circunstancias que la hagan atractiva para las mafias, pero no porque la Policía o los jueces hagan dejación de funciones. La prueba de que se persigue a estas redes es que hay detenciones y condenas.