El aplazamiento de la construcción de centros de salud y hospitales comprometidos -un "lujo" en tiempos de crisis, según el conseller de Sanidad, Luis Rosado- centró ayer la segunda jornada del debate de presupuestos de la Generalitat para 2012 en la comisión de Economía. La oposición reclamó revertir las privatizaciones y rescatar los centros sanitarios barridos en las cuentas, pero todas las enmiendas fueron rechazadas por el PP, que defendió que se mantiene la gestión pública, sin perjuicio de algunos casos en los que se garantiza la misma calidad con un ahorro. La popular Alicia de Miguel explicó que la crisis ha obligado a un "fuerte reajuste" de las previsiones de construcción y reforma, pero más sorprendente fue el argumento de su compañera la diputada alicantina del PP Ángela Barceló. Los centros, dijo, se harán "cuando se pueda, cuando se tenga dinero" y la gente está "mal acostumbrada" de cuando había dinero a tener el ambulatorio "al lado de casa".

Los populares habían presentado una enmienda para dotar una partida de un millón de euros con el fin de desarrollar un programa extraordinario que atienda las necesidades de vivienda de las familias en riesgo de exclusión social debido a la crisis hipotecaria. Los fondos se detraen de los 5,5 millones previstos para obras de mantenimiento y reforma del patrimonio público de vivienda. El programa consistirá en una oferta a partir de enero de pisos de alquiler entre 200 y 350 euros a familias que han sido desahuciadas al no poder hacer frente al crédito hipotecario y, excepcionalmente, a familias desempleadas debido a la crisis económica. Entre las 2.500 enmiendas, una del PSPV proponía cursos de chino, árabe y ruso para los funcionarios de la Conselleria de Economía relacionados con el comercio exterior. Tampoco prosperó por el voto del grupo mayoritario.

El grupo popular rechazó ayer una enmienda del PSPV para que el Consell saque a convocatoria pública todos los puestos de trabajo en las empresas y organismos de la Generalitat que en su día fueron cubiertos sin que el procedimiento se publicara en el Diario Oficial. El diputado socialista Rafael Rubio cifró ayer en unos 8.000 las plazas que los gestores del PP en el sector público cubrieron con personal contratado a dedo o mediante una convocatoria que no se hizo pública en el "DOCV".