­Los técnicos que han participado en el equipo de trabajo de la sociedad Avant para el diseño de la futura zona urbana que se creará en Alicante tras la desaparición de las vías del tren en los accesos a la estación-término, plantean que el 30% de las viviendas que se construirán en las orillas del gran parque central sean de protección oficial. Serán unos 500 pisos que se distribuirán a ambos lados y se intercalarán con las casas de renta libre, ya que los arquitectos estiman que el desarrollo será así mucho más ordenado. La actuación se desarrollará a lo largo de los próximos diez años sobre una superficie total de 468.400 m2, de los que 26.238 m2 serán para las viviendas y el resto para uso público y terciario, ya que se prevé que junto al gran parque central también haya zonas comerciales.

De hecho, el gran icono arquitectónico y el de mayor altura, la torre de 20 plantas en la plaza de la Estrella, tendrá 4 plantas para oficinas y el resto serán susceptibles de acoger un hotel, quizá la única idea que no ha variado desde que se hablara por primera vez del desarrollo de la zona, cuando todavía se planteaba una macroestación intermodal. Lo que ya ha quedado resuelto, a falta del último visto bueno del Ayuntamiento de Alicante, es la desaparición del puente rojo, una decisión que desata todavía diversidad de opiniones a favor y en contra, así como los dos últimos almacenes ferroviarios junto a la actual estación, ya que allí se levantará la torre que «rivalizará» con el hotel Tryp. Los técnicos sostienen que los almacenes no tienen protección ni valor. No así la estructura de la estación actual y el enorme ficus de la entrada, que también se conservará, incorporándolos al catálogo de espacios y edificios protegidos.

El que también tiene los días contados es el aparcamiento público actual, aunque dependerá de la solución que se dé para la construcción de la intermodal, infraestructura que se ha guardado en un cajón hasta que mejore, sustancialmente, la economía.

Concentrar la edificabilidad

El plan especial ha buscado concentrar la edificabilidad para liberar espacio en favor del gran parque central, al tiempo que, según los técnicos, es coherente con las alturas de los edificios existentes y colindantes. Los futuros inmuebles adaptarán sus alturas al entorno. Así, en la zona de Benalúa los edificios tendrán 8 plantas; en Alipark, 10; y en el parque, en la avenida Médicos Ferrer, 11, 15 y 17 (Tarrasa y Gran Vía), según sea su proximidad con la avenida.

La sección de la avenida Médico Ferrer, existente y consolidada, no se modificará, pero sí se propone que se rediseñe y se reurbanice de tal modo que disminuyan los carriles de tráfico rodado y se potencien los espacios peatonales y ciclistas. Se prevé un máximo de cuatro carriles, bulevar central y aceras de cinco y diez metros. La acera sur se propone de mayor dimensión al tener en cuenta el uso comercial previsto en los zócalos de las torres del parque y que constituye el borde de la gran zona verde. Se espera potenciar el uso peatonal y la posibilidad de ubicar terrazas.

Costes y calendario

El plan urbanizador tiene un coste aproximado de 40 millones de euros, incluidos costes de proyectos y tramitación, y un plazo de ejecución, en fases, que se prolongará, según Avant unos diez o doce años. De momento, si todo se desarrolla con normalidad y hay presupuesto, los técnicos calculan que las primeras reparcelaciones podrían comenzar en dos años y medio. Desaparece el puente rojo de la Gran Vía, que según los técnicos no tiene sentido sin las vías en superficie, y el aparcamiento público de la estación-término de Alicante.

El proyecto para urbanizar los terrenos liberados de las vías del tren se desarrollará sobre una superficie total de 468.000 m2, de los que 220.000 m2 serán de techo residencial (24.000 m2) para la viviendas; 160.000 m2 para zonas verdes y 68.000 m2 para la estación intermodal, una infraestructura con incierto futuro dada la precaria situación económica del Ministerio de Fomento y el buen funcionamiento de la estación provisional de autobuses.