El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aprovechó ayer la visita del nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para exigirles las asignaturas pendientes que tiene el Gobierno central con la provincia de Alicante en materia de infraestructuras, algunas estrangulando el desarrollo. Entre ellas, destacan el Tren de la Costa, la reforma de la autovía A-31 en su tramo Alicante-Villena, la construcción del tercer carril en la A-7 entre Elche y Murcia, las conexiones viarias y ferroviarias del aeropuerto de Alicante-Elche con el resto de la provincia, una solución para la deuda que mantiene la sociedad Avant, la reparación del puente Fernando Reig de Alcoy y, entre otras, la remodelación de la N-332 en la Vega Baja y el rescate inmediato de la Ap7 en su tramo de la Marina Alta.

En el Tren de la Costa, Puig recordó que en en octubre de 2011 se firmó un Protocolo entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat. Conforme al mismo, la Generalitat finalizó un estudio previo de viabilidad (con el análisis de demanda, costes y rentabilidad) y lo remitió al Ministerio. Por su parte, el Ministerio contrató en abril de 2014 el Estudio Informativo y lo ha sometido a información pública en julio de 2016 -sin ponerlo previamente en conocimiento de la Generalitat. El estudio redactado por el Ministerio de Fomento resuelve los problemas de conectividad de los municipios de la costa. Se debería replantear, según el Consell, de modo que fuese una infraestructura capaz de proporcionar servicios de cercanías.

En cuanto a la autovía A-31, los ayuntamientos de toda las comarcas del Vinalopó exigen al Ministerio una reforma de esta carretera: tercer carril y mejora de accesos a los pueblos. La principal queja es la alta siniestralidad de esta carretera que soporta una gran densidad de tráfico. Este año van cuatro muertos y decenas de heridos. El Consell también reclama el tercer carril autovía Elche-Murcia que soporta un intenso tráfico de camiones.

Puig no se ha olvidado de las conexiones ferroviarias y viarias del aeropuerto de Alicante-Elche. La gestión y administración de los aeropuertos de Alicante y Manises depende del Estado a través de AENA / ENAIRE, sin presencia de representantes directos de las CCAA, municipios, agentes económicos y sociales. Además, el gobierno central ha privatizado el 49% de AENA.