La brecha entre la Zona Norte y la edil de Acción Social, Julia Llopis, por la gestión del Ayuntamiento de Alicante durante la pandemia sigue abierta. Esas diferencias se pusieron de relieve ayer en la reunión de la Junta de Distrito 2, presidida por la concejala popular en el centro social Gastón Castelló, de la que se marchó, nada más empezar, un representante vecinal al negarse la edil a incluir en el orden del día un punto de balance de gestión a raíz de un ruego que se hizo en marzo. Otros que tenían previsto ausentarse se quedaron «porque dijo que informaría al final pero no tuvimos ninguna respuesta, lo que nos disgustó aún más», explicó a posteriori Andrés Cremades, uno de los vocales. Ese fue el primer desencuentro con la edil, que la semana pasada salvó la reprobación del Pleno a su gestión durante la pandemia, cosa que no consiguió la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra.
Varios representantes vecinales amenazaron con plantar a la concejala del PP y no volver a las reuniones de la Junta mientras Llopis presida el distrito si no presenta una memoria detallada de la gestión realizada por Acción Social de marzo a julio en los barrios de la Zona Norte, entre ellos los que más han sufrido la emergencia social derivada de la pandemia, como Colonia Requena, Juan XXIII o Virgen del Remedio. Otra condición es que se disculpe públicamente con el distrito por las declaraciones en las que dijo «el que más ladra no es el que más razón tiene». Algunos representantes vecinales consideran que las que ya ofreció fueron disculpas por lo «bajini».
Por ello, avisan de que dejarán de asistir hasta que se convoque el orden del día que solicitan. «Pone pegas, porque quiere dar la memoria de todo Alicante y ahí se diluye y es todo más dulce. Debe informar solo del distrito del que ella es responsable. Tampoco será suficiente sin las disculpas», dijeron sobre Llopis.
Asimismo, pidieron a la presidenta la convocatoria de la comisión no permanente para el estudio y la adaptación del Plan Integral de la Zona Norte, que se aprobó en diciembre por unanimidad.
El concejal de Presidencia y Coordinación de Proyectos, Antonio Peral (PP), adelantó que en septiembre se reunirá la comisión para impulsar el II Plan Integral de la Zona Norte, que tenía que haber arrancado en abril, pero se anuló por el estado de alarma. Peral explicó que se celebraron más de 30 entrevistas con entidades, se convocó la comisión técnica y se contrastó con las concejalías implicadas para hacer un borrador, y que cuando se iba a entregar el documento a las asociaciones llegó el confinamiento. La idea es «alcanzar el máximo consenso con los grupos y después llevarlo a Pleno».
En cuanto a la oposición, el portavoz del PSOE, Francesc Sanguino, considera «impresentable» que después de cuatro meses de covid la presidencia no acudiera a la Junta con un informe sobre la gestión en la pandemia en el Distrito 2, «y que se le pida, y no admita, la introducción de la petición de ese informe en el orden del día».
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, dijo que el bipartito «ha puesto un muro con las entidades vecinales del norte de Alicante, y no quieren derribarlo. Son incapaces de admitir errores y de hacer autocrítica». A estas palabras, Peral contestó calificando de increíble que el PSOE y Compromís pidan explicaciones y exijan ahora la segunda fase del plan de la Zona Norte «que no comenzaron ni a redactar o el plan de Inclusión Social paralizado en 2017».
El bipartito criticó la intencionalidad de los partidos de izquierdas y recordó que los técnicos municipales informaron de las atenciones realizadas durante la pandemia al Síndic, que lo pidió. Asistieron ayer representantes vecinales y sectoriales de Juan XXIII, San Nicolás de Bari, Villafranqueza y el Pla. Entre los políticos, además de Llopis y Mari Carmen de España (PP), Francesc Sanguino (PSOE); Xavier López (Unidas Podemos); Natxo Bellido (Compromís); y Mario Ortolá (Vox).
El bipartito «ignora» el dictamen del Síndic sobre las mociones
El equipo de gobierno mantendrá los mismos criterios que hasta ahora con las iniciativas del Pleno pese al dictamen del Síndic de Greuges que da la razón al PSOE en su queja contra el alcalde, Luis Barcala, por «vetarles» en el Pleno al transformar sus mociones en declaraciones institucionales. Unidas Podemos, por su parte, se plantea, tras la resolución del Síndic, volver a presentar la moción para recuperar el servicio de mediación en Virgen del Remedio y Gran Vía.
