Anticorrupción pidió ayer al tribunal que juzga los supuestos amaños del PGOU que actúe contra seis de los testigos por haber mentido en la vista oral. La petición se planteó durante el informe de conclusiones en el que los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero mantuvieron sus acusaciones contra los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi al considerar que pusieron el Plan General al servicio del promotor Enrique Ortiz, también acusado.
El fiscal considera que mintieron al entrar en contradicción algunos de sus testimonios con el contenido de las escuchas telefónicas. Es el caso del técnico en asuntos urbanísticos de Ortiz, Javier Llorens; del socio del promotor Vicente Pérez Cañas; el exdirector general de Bancaja José Cortina. También se reclama la imputación para el delegado de Cívica en Valencia, Pedro Muguruza, tras negar que dio al empresario Ricardo Fuster 36.000 para pagar el viaje a Creta en jet privado del exalcalde. Por último, la Fiscalía también considera que mintió el empresario Ángel Fenoll, quien dio pie al inicio del caso Brugal con las grabaciones que entregó en la Fiscalía y de las que dijo en el juicio que estaban manipuladas.
Fiscalía anticorrupción: "En la revisión del Plan General, la confidencialidad de los trabajos fue vulnerada sistemáticamente"
Todos ellos estuvieron imputados en algún momento durante la instrucción de la causa o en otras piezas derivadas del caso Brugal. Como investigados la ley les permitía mentir, pero no así como testigos, obligados también por la ley a no faltar a la verdad, algo que para los fiscales del PGOU ha ocurrido.
Los informes de los dos fiscales Anticorrupción, Felipe Briones y Pablo Romero, acapararon toda la sesión de ayer. Cerca de tres horas el primero y hora y media el segundo, en las que resumieron los cerca de diez años de investigaciones por los presuntos amaños en la tramitación del PGOU. «La función pública del Urbanismo parece haberse olvidado, entre cenas en yate, viajes en jet privado», aseveró Romero.
Amistad íntima
Briones aseguró que durante los trabajos de revisión del Plan General de Jesús Quesada la confidencialidad que era exigible «fue vulnerada sistemáticamente». Desde el Ministerio Público, se incidió en que el empresario no podía reunirse con el redactor del PGOU para tratar de sus asuntos particulares y que fue su relación de amistad íntima con los exalcaldes de Alicante lo que le dio acceso a él. «Esta relación les obligaba (a los exregidores) a abstenerse en todo lo que aprobaran que afectaba al señor Ortiz», apostilló.
En este punto, lamentó el archivo en su día de otra investigación que involucró al promotor y a los dos expolíticos, el caso de los aparcamientos, cuyo cierre «celebraron con marisquito tras conseguir engañar al magistrado con la naturaleza de su relación». «Aunque intentaban que esa amistad no trascendiera al exterior, encubriéndola como una relación institucional, era profundísima, con unos tentáculos que lo abarcaban todo», dijo Briones.
La acusación pública sostuvo que el promotor agasajaba permanentemente a las autoridades municipales no a cambio de una resolución favorable en concreto, sino para conseguir que éstos dieran respuesta a sus peticiones. «Entre Castedo y Alperi, los únicos desencuentros que hubo estuvieron motivados por el protagonismo de cada uno de ellos en favorecer a Ortiz», dijo.
Fiscalía anticorrupción: "El señor Ortiz no podía reunirse con el redactor del PGOU para tratar de sus negocios particulares"
El fiscal sostuvo que el promotor recibió información privilegiada sobre el futuro planeamiento de la ciudad, lo que le puso sobre la pista de cuáles eran las zonas donde tenía que comprar suelo. Las dádivas consistieron, en el caso de Alperi, un viaje a Creta en jet privado, entregas de dinero en efectivo en su domicilio o el pago de los bungalows de las hijas de éste, así como soporte a algunas actividades empresariales de su hijo Otto. En el de Castedo, citó los viajes en yate a Ibiza, vacaciones en Andorra y un Mini Cooper para una amiga íntima de ésta.
Un pago de 100.000 euros para lograr una recalificación de suelo en el planeamiento
La actividad del bufete de abogados Salvetti marcó el informe del fiscal Pablo Romero, que insistió en que desde este despacho los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo presentaron alegaciones al Plan General que ellos mismos se encargaban de resolver. «No se trataron de meras subsanaciones de errores materiales, sino que se trataba de cuestiones de calado», subrayó el representante del Ministerio Público, destacando que estos trabajos «llevaban aparejados con otros contratos de prestación de servicios para grandes empresas que las presentaban». En este punto, recordó el acuerdo de conformidad cerrado entre la Fiscalía y el empresario Ramón Salvador, que admitió haber contratado los servicios del despacho para la recalificación de un suelo. «Los 100.000 euros que pagó no fueron por los trabajos realizados, sino por la recalificación del suelo en sí», aseguró. En su informe, el fiscal ha rechazado que existan las atenuantes planteadas por las defensas. A su juicio, no hay dilaciones indebidas, dada la complejidad de la causa y el número de personas investigadas. También ha rechazado la aplicación de la atenuante de reparación del daño para Ortiz por pagar antes del juicio las indemnizaciones que se le pide. «Es como comprar una atenuante», aseguró.
