Por unanimidad. La Corporación municipal en bloque se sumó este viernes a la iniciativa del bipartito de aceptar la delegación de competencias para la construcción del nuevo colegio El Somni en el PAU 2. Los seis grupos del Ayuntamiento votaron a favor de dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales y Culturales, previa a su votación en el pleno extraordinario del próximo jueves o en el ordinario del 26 de noviembre. La previsión es que las obras se puedan licitar durante el próximo año y que finalicen en 2023. En 2021 se prevé invertir 185.000 euros para la redacción del proyecto y el inicio de unas actuaciones que se completarán entre 2022 (2,3 millones) y 2023 (3,3 millones de euros de inversión).

El respaldo de toda la oposición se produce justo un día después de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), anunciara durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad que iba a desbloquear la construcción del colegio, salvando los reparos del interventor. Esa decisión de Barcala, que mantuvo este viernes, puede acabar con el asunto judicializado, ya que el alto funcionario dispone de herramientas legales a su disposición para defender su posición, como interponer un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados.

Barcala, como ya confirmó el jueves a este diario, tiene previsto firmar en «breve» un decreto para «salvar los reparos» que pone el alto funcionario, contrario a que el Ayuntamiento asuma trabajos que -bajo su criterio- debería quedar en manos de funcionarios de la Conselleria de Educación. Y lo hará, según sostiene el alcalde, en una decisión inédita en Alicante, amparándose en informes de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y de la Secretaría General. «Es un trámite legal. Ante un reparo, la única alternativa es salvarlo, y sólo lo puede hacer el alcalde», sostuvo este viernes el regidor.

Pese a los intentos del bipartito de que el interventor cambie su criterio, el alto funcionario sigue firme. Así se recoge en el informe de fiscalización que se incluye en el expediente abordado en comisión. Para el máximo responsable de Intervención, «no cabe duda de que la aplicación del decreto mejorará la estabilidad presupuestaria de la Generalitat, porque traslada parte de las cargas a los ayuntamientos sin la totalidad de los recursos para sostenerlas». El interventor sostiene que los «recursos son manifiestamente insuficientes porque no cubre los costes indirectos», en alusión a los fondos que transfiere la conselleria para la construcción del colegio de educación especial, presupuestado en 5,7 millones. «Es claramente erróneo afirmar que no se incrementan los costes indirectos por la asunción de una nueva competencia», añade el interventor en referencia al trabajo que tiene que asumir la plantilla municipal.

Cuestionado por los continuos choques del gobierno municipal de Alicante con el interventor, el alcalde negó que se plantee destituirlo, como ya hizo Castedo a finales de 2012: «En absoluto. Podemos discrepar, pero el interventor para mí es una garantía. Que salve un reparo en concreto no significa cuestionar al interventor, que cuenta con todo mi respaldo».

El PSOE y Vox dan aire a Barcala para el nuevo ajuste del Presupuesto de 2020

Los socialistas proponen un fondo de 20 millones de euros para impulsar la recuperación económica

El PSOE y Vox, con su abstención en la Comisión de Hacienda previa al pleno extraordinario del próximo jueves, dan aire al bipartito de Barcala frente al cuarto ajuste del Presupuesto municipal de 2020, valorado en casi 12 millones de euros. En el «no» se posicionaron Unidas Podemos y Compromís, quien todavía no tiene cerrado su voto en el pleno. Dependerá de una reunión que han solicitado con el equipo de gobierno para antes de la sesión plenaria, en la que esperan conocer detalles del decálogo de propuestas que remitieron el pasado verano para incluir -sin éxito- en esta modificación de créditos. Desde la coalición morada insisten en su crítica: «No incluye ninguna de las partidas que desde Unidas Podemos consideramos imprescindibles». Los socialistas, por su parte, proponen la creación de un fondo de financiación de un importe inicial de 20 millones de euros para impulsar la recuperación de la economía de la ciudad.

El proyecto de modificación de las cuentas -la cuarto impulsada en apenas medio año de vigencia- incluye sendos millones para el suministro de mascarillas quirúrgicas y para el refuerzo de la limpieza de colegios, 656.134 euros para hacer frente a la urbanización del Plan Parcial APA9, 4.811.068 euros para el déficit del transporte urbano y 4.219.645 euros para asumir una sentencia por unas expropiaciones.