Un año ha tenido que pasar, doce meses, en los que la crisis económica provocada por el covid se ha llevado por delante a 8.000 pymes –comercios, bares, restaurantes e innumerables agencias de viajes-, y dejado en el paro a unos 40.000 trabajadores del sector servicios en la provincia (y eso que de momento tenemos la tirita de los ERTE), para que el Gobierno reaccione y haya puesto en marcha un plan de rescate dotado con 7.000 millones de euros de los que, si todo va bien y no surgen nuevos problemas, la provincia debe empezar a recibir en unos 40 días.... o en verano, según apuntó el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una parte de esos 650 millones de euros en ayudas directas que llegarán la Comunidad. Una noticia esperanzadora –a falta de estudiar bien la letra pequeña-, sin duda, para aquellos autónomos y pequeñas empresas del sector que todavía no han tenido que poner a la venta sus cocinas, neveras o impresoras y, por lo tanto, siguen vivas, pese a que la persiana esté bajada o se baje a las 18 horas de la tarde, cuando en la Costa Blanca sigue luciendo el sol, y tengan que resistir con los clientes locales porque la Comunidad sigue cerrada.
Las precauciones frente al covid, el temor a la cuarta ola –ojalá no la suframos porque ya sabemos todos a quien culparán todos aquellos que tienen su sueldo asegurado a final de mes y no pisan la calle- mandan y, de momento, parece que no se puede hacer más. Pero la pregunta es si esos 650 millones de euros serán suficientes tras un año en la que el «motor» principal de la provincia ha visto recortada su actividad un 70% y su facturación en 9.200 millones de euros. Un agujero cuyas consecuencias son hoy impredecibles.
Los 650 millones de euros deben representar un balón de oxígeno para muchos empresarios y trabajadores que están al borde del k.o. pero también hay que decirlo, suenan a limosna cuando se nos anunció que de Europa llegarían a España 144.000 millones de euros, la mitad en ayuda directa, y ni el Gobierno ni el Consell acaban de concretar ni las cifras ni en qué se invertirán. Una limosna que duele al comprobar cómo durante estos meses otros socios europeos han ayudado a sus empresas de servicios. Cincuenta mil millones de euros liberados por Alemania (Merckel es de otra liga), casi diez mil millones en Francia o nueve mil millones, por ejemplo, en la vecina Portugal, y eso que ninguno de los tres estados hermanos de la UE tienen un sector servicios del peso de España, ni tampoco ninguno ha tardado un año en reaccionar para aprobar 7.000 millones. Al menos, y por no contagiarnos del pesimismo que rodea a muchos empresarios, Madrid ha dado un paso adelante, corto pero adelante y ahora lo primero que hay que pedir es diligencia para girar los fondos al Consell, porque el sector turístico no puede más, y no está claro, ni siquiera, que pueda aguantar hasta mayo con la Comunidad Valenciana aislada del resto de España. Parece que pasa desapercibido, pero el presidente Ximo Puig, abrumado por los datos y por la presión de su equipo sanitario, ha sido el mandatario autonómico más duro a la hora de tomar medidas. Por supuesto que no es culpa de Puig que el aeropuerto de Alicante-Elche cerrara febrero con 37.000 pasajeros (un millón de turistas tuvo en el mismo mes de 2020), y que en la provincia haya hoteles cerrados desde noviembre de 2019, pero, como le ha recordado la patronal hotelera, el jefe del Consell también forma parte del conjunto de cargos públicos a los que el covid ha superado. De ahí que ahora que parece que la vacuna puede comenzar a tomar ritmo de crucero, debe ponerse las pilas y recuperar el tiempo perdido, como el resto de sus compañeros en el conjunto de las comunidades autónomas.
Tampoco han ayudado las conductas de los valencianos, castellonenes y alicantinos con el incumplimiento de las recomendaciones e, incluso, las prohibiciones para frenar los contagios. Pero no vale excusarse por esta vía. Es inconcebible, por ejemplo, que hace una semana se parara la vacunación de miles de mayores ya citados, o que parezca que la única solución a la expansión del virus hayan sido los cierres perimetrales nacionales -acudan un domingo a los parajes más emblemáticos de la provincia y comprueben como se han convertido en romerías- cuando, y todos conocemos casos, se ha fallado en cosas fundamentales como, por ejemplo, que muchos rastreadores del covid solo existan en los anuncios públicos. Y lo digo con conocimiento de causa, no porque lo hayan denunciado personas cercanas a los contagios, que también. Por eso, cuando se escucha al presiente de la patronal hotelera reprochar al Consell (debe ser el interlocutor con Madrid) que el perímetro autonómico es un ejemplo de la mala gestión de la pandemia en toda España, no suena a crítica incongruente, ni al grito desesperado de los empresarios que tienen sus hoteles, bares o restaurantes cerrados, y con sus trabajadores en un ERTE que nadie sabe cómo acabará. Suena a realidad.
Nos aseguran que en 40 días (el covid ha puesto de moda la palabra cuarentena) el maná europeo comenzará a llegar a las empresas necesitadas –si han acertado a presentar la documentación, que ese puede ser otro espectáculo, según se intuye tras leer el decreto-. Bienvenido, pero, una vez logrado que la ayuda económica sea directa, el reto al que nos enfrentamos ahora es otro tan importante como es el de recuperar la movilidad. De momento, la Comunidad Valenciana sigue cerrada para el resto de los españoles hasta finales de abril, y tampoco se espera que pueda llegar en los próximos meses un aluvión de turistas extranjeros, aunque, paradójicamente, para ellos Benidorm no está cerrada –salvo para turistas británicos convencionales- porque el Consell, ni Murcia, ni Cataluña... tienen competencias para clausurar las fronteras. Pero bueno, en la práctica seguimos aislados y, si no, dense una vuelta por el aeropuerto, otrora una «fábrica» con 3.000 empleados. Por ello no queda otra que no fallar ahora en el proceso de vacunación porque, desgraciadamente, en la provincia de Alicante todavía no fabricamos aviones, pese a que tengamos grandes emprendedores, y vivimos de los que vivimos. No se puede fallar en el ritmo de vacunación, porque un verano con límites como los actuales y con el turismo parado (los gurús ya nos han advertido que como mucho será el 50% del exitoso 2019) puede dejar esos 650 millones de euros que llegarán en mayo en un simple placebo frente a la profunda crisis económica en la que está sumido el sector y sus empresas, para las que lo más importante en los últimos doce meses ha sido sobrevivir, tal y como confesaba hace una semana en estas misma páginas José María Caballé, el empresario turístico más importante de la Comunidad Valenciana. El mismo que, como muchos, casi ni se enteró del «crack» que provocó hace doce años el hundimiento inmobiliario. Los turistas no dejaron de llegar como ha ocurrido en la pandemia.
Avanzar con rapidez y seguridad en el proceso de vacunación es fundamental y así se ha entendido, por ejemplo, desde la base, desde los alumnos del Máster de Dirección de Hoteles que impulsa el incansable Javier Jiménez. Un grupo de futuros directores y directoras de hotel que desde hace 15 días han aprovechado las redes para convertir en viral la campaña #Vacunaya, conscientes de lo que se juega una provincia en el que el sector servicios representa la cuarta parte del PIB. El Consell asegura que en abril va a haber vacunas para casi todos. Ojalá no se equivoque.
Postdata: seamos optimistas y no perdamos ni una vacuna porque, vuelvo al decreto publicado en el BOE el sábado 13, los 650 millones de euros a repartir entre 95 sectores se antojan como un parche insuficiente si en julio seguimos viendo un aeropuerto fantasma. Prevención y vacunación son las dos máximas del presidente Puig. Suscribo y añado. Más mano dura contra los irresponsables. Las cifras de infracciones todos los fines de semana resultan indecentes y ya se empieza hablar, incluso, de una cuarta ola. Pánico.
