Los alicantinos habituales del paseo marítimo de la playa de San Juan–-los turistas de Madrid, Castilla-La Mancha o Castilla y León tendrán que esperar a mayo, cuando quizás la Generalitat abra la mano y dejemos de estar aislados del resto de España– habrán podido certificar estos días la desaparición del restaurante Mayoral, una arrocería clásica de la playa, que ya no volverá a abrir sus puertas tras 45 años de actividad. Su cierre –el local ha pasado a acoger una tienda de la franquicia alicantina Ale-hop– se produce coincidiendo con la etapa en la que la crisis económica del covid se ha llevado por delante 4.000 bares, cafeterías y restaurantes de la provincia, un tercio de la planta, que hoy siguen esperando que la Generalitat y el Gobierno dejen de marear la perdiz y transformen los anuncios de ayudas en ayudas de verdad. El cierre del restaurante, hasta la pandemia un negocio de temporada de éxito, de esos que llegaban a trabajar tres turnos de comidas en verano, al margen de los arroces que preparaban para llevar a casa, pone fin a una trayectoria que empezó en 1976. Era, por tanto, un icono hostelero que cae en plena crisis pandémica, seducido por una buena oferta pero a años luz de la hostelera, como tantos otros cuyo adiós pasa desapercibido. Y con su cierre, otro grupo de trabajadores de la hostelería al paro.
Quizá, el propietario del Mayoral forme parte de esa larga lista de hosteleros y comerciantes de la provincia, el 90% autónomos o micropymes, que llevan ya varios meses en blanco y, lo peor, perdiendo la esperanza de que la Administración termine socorriéndoles porque, hasta ahora, más que ayudar solo ha puesto palos en las ruedas del carro hostelero, al comprobar, día tras día, que los anuncios millonarios se quedan, de momento, en humo. Y no porque las cantidades económicas a repartir se queden cortas, que también, sino porque, para colmo, no llegan porque en Madrid y València no dan con la tecla administrativa que se traduzca en el acuerdo entre socios de gobierno que garantice el reparto. Vamos, «burrocracia» en un momento en el que muchos negocios empiezan a estar al borde de convertirse en empresas zombi.
Al grano. De los 72.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido aprobados por Bruselas para España, los famosos fondos «Next Generation», sigue sin llegar un euro a las empresas (hasta esta semana, incluso, las turísticas estaban excluidas), porque en el Consell no se ponen de acuerdo PSPV y Compromís para organizar las pautas que regulen la distribución. Y, por otro lado, los 650 millones de euros que se entregaban a la Generalitat en un mes se han quedado en el aire hasta, por lo menos, el verano, según reconoce la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Mientras, sin embargo, continúan en vigor las restricciones y los horarios de cierre de comercios y locales hosteleros como si en vez de en Alicante viviéramos en Helsinki. Las mismas normas que en el peor momento de la pandemia en esta tierra, pese a que la incidencia actual es igual que en julio de 2020, cuando el presidente Pedro Sánchez anunciaba haber vencido al virus. Y todo ello mientras las cuotas de autónomos y alquileres, entre otras obligaciones, continúan exigiéndose religiosamente en los plazos correspondientes. Una vez más, los administrados pagan los pecados de los administradores. En tiempos de pandemia, sencillamente, impresentable. Y aquí no se libra nadie. En Alicante, el Ayuntamiento no suelta un euro porque los fondos los tiene bloqueados la Diputación. ¿Guerra política? ¿Ineptitud administrativa? Los hosteleros, ni nadie, entienden el juego de aquellos que tienen el sueldo ingresado a fin de mes. Con suerte, las empresas que han recibido alguna ayuda directa no pasan de los 1.500 euros, y ya ha trancurrido más de un año del arranque de la crisis. Y el 20 de abril, hay que pagare el IVA y si no lo pagas ¿con qué? ya no tendrán derecho a nada por tener deudas con Hacienda. Desgarrador.
El sector turístico provincial calcula que, como mínimo, hoteles, bares, cafeterías y restaurantes deberían recibir de forma inmediata un total de 350 millones de euros de los 7.000 aprobados por el Gobierno para amortiguar la crisis en la que les ha sumido la pandemia del covid y, en concreto, el cierre de la actividad por las restricciones a la movilidad. Los empresarios reclaman, además, que los fondos lleguen ya porque los anuncios lanzados hasta el momento se han quedado en eso, en anuncios. No ha llegado ni un euro, del Gobierno Central y nadie sabe cuando llegará.
La mayor parte de la planta hotelera de la Costa Blanca, con epicentro en Benidorm, sigue cerrada, y muchos establecimientos desde noviembre de 2019, porque encadenaron el cierre por temporada con la clausura obligada por la pandemia a partir de marzo de 2020, y tampoco trabajaron el verano pasado por la falta de reservas. Si a esto se une que la ocupación media no superó el 40% durante la temporada alta, el balance de pérdidas es catastrófico: mil millones de euros. De ahí que los 350 millones de euros de las ayudas reclamados por la patronal, si es que finalmente llegan, tan solo representarán un 20% de lo necesario para sobrevivir. A muchas empresas, algunas familiares, las restricciones les pillaron con fuertes niveles de endeudamiento, por lo que les urge liquidez. El verano queda muy lejos mientras la Semana Santa (cuatro días festivos, esa es otra) está perdida porque hasta el 12 abril, como mínimo, no está previsto levantar las restricciones actuales y, además, el Consell ya amaga contra otra prórroga hasta el 9 de mayo para terminar de doblegar al virus.
El sector calcula unas pérdidas de 9.200 millones en la provincia, lo que representa la pérdida del 70% de la actividad. Una reducción del negocio que tiene un impacto directo en el PIB. De los 12.800 millones que venía aportando el turismo a los 35.000 millones del PIB provincial, el año pasado aportó solo 3.600 millones, una pérdida de 9.200 millones, lo que hará caer el Producto Interior Bruto este año hasta los 25.800 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 26% menos
El Mayoral no volverá a abrir sus puertas tras cuarenta y cinco años en primera línea de playa. De un buen arroz a una tienda donde encontrar, entre otros, fundas de móviles y mascarillas. O sea, el mismo producto y modelo de todos los veranos en los puestos y casetas ambulantes, pero en un local cerrado. Tampoco parece que sea el icono del perseguido y codiciado «turismo de compras» por el que vienen apostando nuestros gurús turísticos, pero esa ya es otra cuestión, menor ante la magnitud del desastre económico que ha provocado la pandemia en el sector servicios de la provincia. Si el Consell no quiere pasar a la historia como el ejecutivo autonómico que dejó caer a bares y comercios, va siendo hora de que reaccione y además de pensar en las vacunas, que es lo inmediato, por supuesto, tiene que arbitrar ya el modelo para repartir ese maná, escaso pero dinero al fin de cuentas, que debe llegar desde Madrid. Hace un año que el turismo mandó a sus casas, en un ejercicio de responsabilidad, a 150.000 turistas que pasaban el invierno en la Comunidad Valenciana. Doce meses después, muchos siguen sin recibir un euro. Injusto e insostenible. Hoteles, restaurantes, bares, agencias y cafeterías están en una situación que roza la desesperación y hartos de medias verdades.
