El Consejo Nacional del Agua ha ratificado la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que recortarán en 70 hm3 al año el envío de agua a Alicante y Murcia. El Ministerio ha hecho caso omiso de las peticiones del Consell, y abre la vía del recurso judicial del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que se presentará cuando esté negro sobre blanco en el Decreto. Los regantes se vuelven a concentrar hoy en Murcia. En el consejo ha vuelto a haber rodillo e, incluso, ha habido organizaciones agrícolas como Asaja a nivel estatal, que ni han votado. Sorprendente, cuando a nivel provincial su presidente, Eladio Aniorte, es un firme defensor y activista para que no se toque el trasvase.
En la votación telemática que se desarrolló entre el 20 y el 29 de abril, el consejo avaló la modificación con 43 votos a favor, 19 en contra y 18 en blanco. Una ligera inclinación, pero insuficiente, a favor de que el trasvase no se tocara. En la primera votación de marzo hubo 45 votos a favor, 15 en contra y 18 en blanco. La vicepresidenta, Teresa Ribera, ha impuesto el rodillo. De la votación se descolgó el vocal que representa a las Cámaras de Comercio de España, que había votado a favor en la primera consulta, lo que provocó la protesta unánime de los presidentes de las Cámaras de Alicante y Murcia. Esta vez no votó. Ahora, con el aval del consejo, la decisión es política y depende en exclusiva de la vicepresidenta Teresa Ribera, que puede seguir con su hoja de ruta y plasmarla en un decreto, o aplazar la decisión hasta contar con la nueva planificación hidrológica del Tajo en 2022.
El nuevo revés del Consejo Nacional del Agua fue recibido con rabia en el seno del Consell. La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, reiteró que «ahora mismo estamos ante una decisión que no es recurrible. Ya enviamos una carta conjunta con Murcia y Andalucía para que se aplazase la modificación, pero el peso de la Administración central en el consejo ha vuelto a ser determinante. ¿Qué queda hora? Esperar a que se plasme en un decreto y recurrir a los tribunales». No obstante, la consellera reclamó a la vicepresidenta Ribera una reflexión, porque «salvo los miembros del Gobierno, que son mayoría en el consejo, se observa que en esta segunda votación no ha habido consenso territorial, como lo demuestran los votos, en contra o en blanco, de Castilla y León, Galicia, Baleares, Madrid y Euskadi», aseveró la consellera de Agricultura.
Una vez más, los miembros del consejo nombrados por la Administración Central han seguido al pie de la letra el guion marcado por Teresa Ribera y Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, y no hay marcha atrás. Curiosos los votos en contra de los representantes de Protección Civil, Minas, Costas o Salud Pública. No votó el director general del CEDEX, cuyos técnicos son los que firmaron el estudio en el que se apoya el Ministerio para la Transición Ecológica para recortar el trasvase mensual en el Nivel 2, de 38 hm³ a 27 hm³. Si la norma estuviera ya en vigor, en los últimos cinco meses, generosos en lluvia en la cabecera el Tajo, la disminución del caudal a trasvasar hubiera sido de 55 hm³, once al mes. Todos los presidentes de las confederaciones hidrográficas, incluidos los de las del Segura y el Júcar, ha vuelto a votar a favor del cambio de las normas. Entre los nuevos votos en contra los de los gobiernos autonómicos de Castilla y León y de la comunidad de Madrid.
«La vicepresidenta Ribera debe reflexionar, no hay un consenso territorial»
Mientras, las buenas reservas de los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, vuelven a jugar a favor de los agricultores, ya que las existencias alcanzan los 745 hm², con lo cual y según las normas de explotación que se quieren modificar dictan el nivel 2, por lo que este mayo volverá a producirse el trasvase máximo automático de 38 hm³, ya por quinto mes consecutivo.
«Es un ataque a nuestro derecho a recibir agua, y ya es un problema político»
El rechazo del Consell fue compartido por agricultores y empresarios afectados por los recortes. Perfecto Palacio presidente de CEV-Alicante, considera que «vemos cómo la solicitud de diálogo con el Gobierno sobre las necesidades esta provincia no tiene ningún eco en Madrid. Hemos planteado informes técnicos, datos y multitud de opiniones de expertos reconocidos en la defensa de la sostenibilidad del trasvase Tajo Segura, y en la importancia que tiene para nuestra sociedad. Sin embargo, es evidente que no está teniendo ningún resultado». El presidente de CEV, apuntó que «la ratificación de la modificación de las normas de explotación, y la forma en la que lleva este proceso el Ministerio de Transición Ecológica, supone un ataque sin tapujos al derecho histórico de este territorio al agua. Este es un problema político y la sociedad de Alicante, Murcia y Almería debe reaccionar con contundencia sin perder un minuto, o el daño para nuestra economía y nuestro derecho a tener agua va a ser irreparable».
«Las envidias, recelos e intereses localistas perjudican el bien común»
El presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera, indicó este miércoles que «hoy en día el trasvase no se hubiera llegado a construir. Políticamente resultaría imposible un pacto en el que se implicaran la mayoría de los partidos y de las comunidades autónomas afectadas. Los recelos, las envidias y los intereses localistas de algunos perjudican el bien común y la solidaridad brilla por su ausencia. Nos tememos que la intención del Gobierno, presionado por Castilla La Mancha, sea acabar con la transferencia de caudales o hacerlos tan escasos que realmente frenen nuestro progreso. El agua es un bien de todos los españoles, no de unos pocos, y tenemos tanto derecho como el que más a una utilización racional de los recursos».
«Esta modificación y el aumento de los caudales son un torpedo al trasvase»
Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, subraya que «decisiones como la de la ministra son muy preocupantes y alteran el ánimo de miles de regantes, que, además, se enfrentan al incremento de caudales ecológicos en el río. Ese será el segundo tanto, y más importante, que conseguirá el señor Page. Un recorte por encima de los futuros efectos del cambio climático para complacer las embestidas de un presidente castellano-manchego cada vez más crecido. El incremento de los caudales, será el gran bombazo a la línea de flotación del trasvase».
«Decisión errónea que debe aparcarse para iniciar un diálogo y llegar a un gran pacto»
Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura, apunta que «Hay recordar que se trata de un órgano meramente consultivo y sin capacidad decisoria. En cualquier caso, las dos representantes del Consell votaron en contra y, además, ya presentamos alegaciones en su momento, que lamentablemente no han sido tenidas en cuenta. A la vista de lo sucedido, tal como viene reiterando el presidente Puig, vamos a intensificar aún más la presión en todos los frentes, tanto políticos como judiciales».
Carlos González, alcalde de Elche, cree que se trata de una decisión que perjudica severamente los intereses del sur de la provincia de Alicante y, en concreto, los intereses del campo de Elche. «El Ministerio de Transición Ecológica debería congelar esta decisión, y a partir de ahí abrir un periodo de diálogo entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades de las cuencas cedente y receptoras, con el fin de alcanzar un gran pacto de estado sobre el trasvase Tajo-Segura, que ponga el punto y final a esta constante confrontación entre cuencas».
Asaja-Alicante considera que hay caza de brujas
Asaja-Alicante, en una posición bien diferente a la de la organización a nivel nacional, que no votó en el consejo, subraya que «desde Asaja-Alicante consideramos esta votación una caza de brujas orquestada por la ministra para contentar a compañero de partido y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en detrimento de los más de tres millones de personas del Levante que consumen agua y que dependen social y económicamente del trasvase», afirma el presidente, Eladio Aniorte. «Esta votación no tiene validez, porque los regantes apenas tienen representación en la Mesa del Agua. El resultado de dicha votación lo sabíamos desde el principio, está orquestado y, una vez más, se demuestra que no se mueven bajo ninguna base técnica, sino política y partidista».
Las Cámaras enviarán a Bruselas un informe sobre el grave impacto
Los presidentes de la Cámara de Comercio de Alicante, Almería, Murcia, Cartagena, Orihuela y de Lorca se han comprometido a defender desde sus respectivas áreas la continuidad del trasvase con sus actuales caudales y defender antes las respectivas administraciones autonómicas y el Gobierno la necesidad de que no se ponga en cuestión constantemente una infraestructura imprescindible para la economía de las provincias del sureste de España. Las Cámaras han decidido realizar un documento conjunto y un estudio de impacto económico y laboral para hacer llegar a Europa la preocupación de las regiones afectadas por este gravísimo problema y pedir su arbitraje, haciendo valer la fuerza de los empresarios especialmente en los sectores agrícola, industrial y turístico.
