El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia sobre el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, tras conocerse la sentencia derivada del “caso Brugal”, que recoge la absolución de la exalcaldesa Sonia Castedo y una multa para exalcalde Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz. El Ayuntamiento ha ejercido como acusación particular en el proceso judicial.
“Como no puede ser de otro modo, acato y expreso mi máximo respeto a la sentencia judicial, como siempre he dicho”, ha manifestado el regidor a través de un comunicado del grupo municipal del PP, en el que ha añadido que "después de más de 12 años, ha hablado la Justicia, que es a quien correspondía hacerlo, aunque se trata de una justicia lenta y tardía que no puede reparar el enorme daño, de todo tipo, infligido”, ha agregado.
Después de examinar la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, Barcala confirma que el consistorio no presentará ningún recurso. “A la vista del fallo y sus fundamentos y hechos probados, el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia”.
Por su parte, la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), ha preferido no valorar la sentencia. "Como siempre, desde Ciudadanos respetamos la decisión de la audiencia provincial, nos guste más o menos", ha señalado en una reacción enviada a los medios de comunicación.
Reacciones desde la izquierda: EU, Compromís, PSOE, Podemos... y silencio de Pavón
Desde el Consejo Político local de EU, formación personada en la causa como acusación popular, han expresado su rechazo a las "multas irrisorias tanto a Ortiz como a Alperi y a la absolución del resto de acusados", incluida la exalcaldesa Castedo. Desde la agrupación, que lidera Manolo Coè, aseguran que sienten "avergüenza porque todo el mundo ha escuchado las grabaciones y ha conocido las pruebas, que el propio Ortiz, antes de la sentencia de Orihuela, confesó y luego se retractó y que hay acusados que han admitido en el propio juicio haber pagado prebendas".
La dirección local de la formación considera que se ha "reflejado suficientemente que las prácticas de los gobiernos de Castedo y Alperi y su compadreo con Ortiz son todo lo contrario a una Administración limpia, seria y dirigida al honrado servicio público". Así pues, desde EU expresan "su disconformidad total porque creen que hay elementos probatorios suficientes como para justificar una condena ante los amaños del PGOU de esta ciudad".
Esquerra Unida considera que con esta "sentencia se consagra la impunidad de presuntos y graves delitos y se favorece la desafección ciudadana hacia la justicia al constatar que ésta no es igual para todos". "Es un escándalo que un caso que lleva diez años de retraso y más de ocho meses desde que fue juzgado, estuviera sin sentencia. Un caso que ha estado detrás de los mayores escándalos urbanísticos en los que siempre aparecen los exalcaldes Diaz Alperi y Sonia Castedo y el promotor Enrique Ortiz, desde el famoso pelotazo del Plan Rabasa y siguiendo por el presunto amaño del PGOU de Alicante, una irregularidad que suponía la recalificación de terrenos en favor de los intereses de Ortiz".
El coordinador de Esquerra Unida, Manolo Copé, considera esta sentencia "una burla y un desprecio a la ciudad de Alicante y a los intereses generales, es una sentencia que consagra la impunidad y desacredita a la propia justicia".
Desde la formación estudiarán el posible recurso ante Tribunal Supremo.
Por su parte, el principal adversario político de Sonia Castedo en su etapa como alcaldesa fue el entonces portavoz municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, con quien mantuvo sonados enfrentamientos en el Salón de Plenos. Hoy, tras conocerse la resolución judicial que supone la absolución de la exregidor popular y solo una multa económica para el exalcalde Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz, el que fuera vicealcalde de Alicante y concejal de Urbanismo durante la etapa del tripartito ha preferido guardar silencio, al menos hasta que el abogado de EU -que ha sido acusación particular en el proceso- lea el escrito judicial: "No la he leído todavía y hasta que el abogado la estudie no voy a hacer declaraciones".
La Fiscalía Anticorrupción pedía para Alperi y Castedo diez años de prisión como supuestos responsables de delitos continuados de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación. El tribunal, sin embargo, ha absuelto a la exalcaldesa y ha impuesto una multa al exregidor de 6.000 euros.
Sí ha hecho una primera valoración el secretario general del PSOE en Alicante, el también concejal Miguel Millana, quien ha subrayado a preguntas de este diario que "hay una verdad judicial que es la que impera y hay que respetarla". Con todo, el socialista ha recordado que esta investigación supuso "un efecto catastrófico en la gestión del PP, que pagaron en las urnas". "A Castedo le afectó porque socialmente se tenia la sensación que había habido abusos de poder; la percepción de la sociedad fue una desaprobación. Tuvo una trascendencia social indudable", ha apuntado Millana, quien ha mandado un mensaje a los jueces: "Lo único que percibo es que las sentencias deben ser comprensibles. Hubo un escándalo. Afectó a dirigentes del PP y ahora resulta que los jueces deben valorar que las sentencias deben ser entendidas por la ciudadanía. Las instituciones deben prestigiarse para tener autoridad moral".
Cuestionado por los efectos políticos de una investigación que ha derivado en una sentencia absolutoria para Castedo, el socialista Millana ha lamentado que se judicialice la "política", aunque ha recordado que el actual alcalde, Luis Barcala, llegó al cargo en 2018 tras resolución judiciales en contra el anterior regidor, el socialista Gabriel Echávarri: "Tenemos un alcalde que ha llegado a la Alcaldía con asuntos judiciales". Respecto a la paralización de la revisión del PGOU, ya que en Alicante sigue vigente el aprobado en 1987, Millana ha subrayado que Alicante sigue "en una parálisis en cuestiones elementales para la ciudad; la parálisis de la ciudad es insoportable".
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís y secretario local de la coalición, Natxo Bellido, ha señalado a través de una reacción pública que "más allá de absoluciones, prescripciones de delitos o multas ridículas, sigue oliendo a podrido esa etapa de la política alicantina, donde el poder político entregó las llaves, el suelo y el Ayuntamiento a un empresario que se hizo así el amo de la ciudad". "A falta de poder leer y conocer la sentencia, la realidad es que en días como el de hoy resulta muy difícil para la mayoría de la ciudadanía entender las resoluciones judiciales", ha señalado Bellido, quien ha añadido que es "muy complicado asumir que el colofón judicial a esta época sea tan barato para sus protagonistas, mientras que las consecuencias para la ciudad han sido tan terribles". "No tenemos PGOU, la imagen de la ciudad fue asociada a la corrupción y se vulneraron de forma sistemática las fronteras entre los intereses generales de los alicantinos y los de empresarios particulares. Una herencia que sigue pagando la ciudad y de la que sus responsables la justicia les invita a hacer un "simpa" y no asumir responsabilidades judiciales", ha finalizado Bellido.
Por otro lado, el portavoz municipal de Unidas Podemos y líder local de Podemos, Xavier López, ha afirmado en un breve comunicado que "al margen de respetar las decisiones judiciales", consideran "que la etapa más oscura de la corrupción política del PP en esta ciudad y a nivel provincial no debería quedar impune". "Hay conversaciones e imágenes públicas que trasladan la sensación de clara connivencia entre el empresario Ortiz y Castedo, en el proceso de elaboración del Plan General y en gran parte de su gestión como exalcaldesa, y desde luego no es una buena noticia para la imagen de la justicia, ni tampoco para la de Alicante", ha finalizado López.
