La exacaldesa Sonia Castedo ha solicitado oficialmente al Ayuntamiento de Alicante que se le entregue una copia íntegra del expediente de contratación relativo a los servicios prestados por el letrado José María López Coig y por la procuradora Rosario Marcos Feliu, externos al departamento jurídico municipal, en el procedimiento seguido en la Audiencia Provincial como acusación particular contra su persona y varias más en la causa del PGOU. Aunque en su escrito la exedil señala que el motivo de solicitar copia íntegra del expediente «lo es al objeto de comprobar el cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público en la contratación de dichos servicios profesionales y todos los trámites llevados a cabo para la mencionada contratación», en recientes declaraciones públicas ha admitido su intención de conocer cuánto le ha costado al Ayuntamiento, y por tanto a las arcas municipales, ejercer la acusación particular contra ella.
La petición de Castedo, con firma digital y fecha del 23 de julio, pilló aparentemente por sorpresa al equipo de gobierno, formado por PP y Cs, que este martes aseguraba que la petición de la exedil no había llegado a ningún área y que cuando llegue se pronunciarán oficialmente. Desde el bipartito recordaron que, en todo caso, el expediente lo tramitó el tripartito de izquierdas presidido por el exalcalde del PSOE Gabriel Echávarri. Poco después, el letrado jefe del Ayuntamiento despejaba las dudas sobre un posible recurso a la sentencia exculpatoria de Castedo señalando que no halla motivos jurídicos suficientes para que el Ayuntamiento, que ha ejercido la acusación particular contra su exalcaldesa, apele al Supremo en casación.
El bipartito da carpetazo a apelar ante el Supremo, «no hay recurso, como ya dijo el alcalde»
El fallo de la Audiencia Provincial de Alicante que descartaba amaños en el PGOU se conoció el pasado 14 de julio. La sentencia absolvía a la mayor parte de los acusados (siete personas) en la rama del «caso Brugal» relativa a presuntas ilegalidades entre 2008 y 2010 durante la tramitación del planeamiento de Alicante, entre ellos a la exalcaldesa Castedo, a su hermano José Luis y al socio de éste en un bufete, Javier Gutiérrez; a un hermano y un empleado del promotor Enrique Ortiz; al empresario Pablo Rico; y al promotor Ramón Salvador. El tribunal solo impuso multas al exalcalde Díaz Alperi por cohecho impropio y al constructor Enrique Ortiz también por cohecho, entre 6.000 y 18.000 euros. Sin embargo, la sala concluyó que ni el exalcalde popular ni su sucesora revelaron información del plan ni el empresario se benefició.
El tribunal descarta amaños en el PGOU y solo condena por cohecho a Alperi y a Ortiz
En el escrito en el que pide el expediente de contratación de los abogados que ejercieron la acusación particular para el Ayuntamiento, Castedo recuerda que López Coig ejerció en el proceso la defensa jurídica y la procuradora la representación procesal para el Ayuntamiento contra ella y otros encausados. «Dichos profesionales no pertenecen al departamento jurídico del Ayuntamiento sino que son externos contratados para la defensa y representación procesal de esta Corporación en el mencionado procedimiento», reza en el escrito.
Castedo arremete contra Barcala: "Él contribuyó al daño que he sufrido porque pedía cuatro años de cárcel para mí"
La exalcaldesa arremetió tras conocer la sentencia contra el actual dirigente del Ayuntamiento, el también popular Luis Barcala, declarando que contribuyó al daño sufrido «porque pedía cuatro años de cárcel para mí», dijo en referencia a que el actual regidor mantuvo la acusación particular en el caso. El alcalde Barcala afirmó desde el primer momento que el Ayuntamiento no presentaría recurso, pero días después el edil de su mismo partido Manuel Villar desveló que se había solicitado un informe al respecto a los servicios jurídicos municipales. El letrado jefe ya ha dictaminado y concluye que «no se encuentran motivos jurídicos bastantes» para que el Consistorio recurra la sentencia, según el informe que firmó el pasado día 21, al que ha tenido acceso Efe. No obstante, el abogado reconoce que no ha podido revisar los 154 tomos y 200.000 documentos que han integrado la causa judicial, lo que le exigiría «meses de profundo análisis y estudio». En todo caso y sin perjuicio de que sí acudan a la casación la Fiscalía Anticorrupción o la acusación popular de EU-IU, indica en su informe que «no se observa perjuicio para el Ayuntamiento al haberse desistido de la tramitación del documento de revisión del Plan General» por decisión del pleno municipal celebrado el 6 de febrero de 2015, acuerdo adoptado por unanimidad.
El bipartito deja ahora en manos de los técnicos el recurso a la sentencia del PGOU de Alicante
Además, coincide con la sentencia en que ha prescrito el supuesto delito de cohecho impropio atribuido a la exalcaldesa y recuerda que la personación del Ayuntamiento obedeció, en un primer momento, a la conveniencia de estar presente en las diligencias iniciales por si de las mismas se derivaba algún tipo de responsabilidad para el Consistorio. De esta manera, recuerda que mediante un oficio firmado por la Alcaldía del socialista Gabriel Echávarri el 4 de marzo de 2016 se comunicó al letrado jefe municipal la decisión de personarse y que se designó a un abogado externo en la persona de José María López Coig, «lo que se formalizó mediante decreto». «No hay recurso, como ya dijo el alcalde, cuya decisión avalan los servicios jurídicos», confirmaron, danzo carpetazo, desde el bipartito, que quiere cerrar también la comisión de investigación del PGOU en el Pleno.