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Consell y Diputación abren la batalla judicial contra el primer recorte del trasvase Tajo-Segura

El Gobierno aprueba el cambio de las normas del trasvase que puede cobrarse unos 60 hm3 de agua del río al año, aunque Transición Ecológica sostiene que se repartirán el resto de los meses

El trasvase Tajo-Segura -en la imagen tuberías en la Vega Baja- tiene desde ayer nueva presión para poder enviar agua a la provincia. | TONY SEVILLA

El trasvase Tajo-Segura -en la imagen tuberías en la Vega Baja- tiene desde ayer nueva presión para poder enviar agua a la provincia. | TONY SEVILLA

El Consejo de Ministros certificó ayer el cambio de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que deja el envío mensual máximo en 27 hm3, once menos que con las reglas que estaban en vigor desde 2013. Un paso adelante en la hoja de ruta para ir sustituyendo el trasvase de agua del Tajo por agua desalada, que tomará aún más ritmo a mediados de 2022, cuando entre en vigor el nuevo Plan Hidrológico del Tajo y haya que recortar aún más el envío máximo al tener que recalcular a la baja las normas de explotación porque habrá menos agua circulando por el río al haberse aumentado el caudal ecológico. De momento, la modificación impedirá que, por ejemplo, en un año bueno, como el último que hemos tenido lleguen en torno a los 60 hm³, que deberán ser suplidos por agua desalada en Torrevieja, que, de momento, tampoco la puede producir. Con la actuales reglas de explotación, el trasvase máximo anual no podrá superar los 324 hm3, cuando como mínimo necesitarían 400 hm3, dado el déficit hídrico de la cuenca del Segura. El Ministerio insiste en que el cambio se debe a un intento de repartir mejor el agua todos los meses.

Tras conocerse lo que era un secreto a voces desde que el Consejo Nacional del Agua aprobara el cambio de las normas de Explotación, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistió este martes en que el trasvase es irrenunciable y anunció que la Abogacía de la Generalitat prepara las alegaciones para frenar el recorte. «Queremos que se garantice agua para siempre, de calidad a un precio sostenible para mantener la huerta de Europa. Vamos a mantener el diálogo con el Ministerio y con los regantes», reiteró el presidente, para añadir que se está estudiando jurídicamente el nuevo marco del trasvase y que se van a presentar las alegaciones oportunas. La Abogacía de la Generalitat lleva semanas preparando el documento de alegaciones para posicionarse contra cualquier cambio de las reglas de explotación del trasvase. El Consell insiste en que ha acudido 38 veces a los tribunales en defensa del trasvase Tajo-Segura desde que Ximo Puig se convirtió en presidente de la Generalitat en 2015, lo que equivale a una vez cada mes y medio, bien con el Gobierno de Mariano Rajoy o bien contra el Ejecutivo que presidente el socialista Pedro Sánchez.

Del total de ocasiones en las que ha recurrido a la justicia, tres son procesos directos contra el Ejecutivo en los que el Consell ha sido el demandante con un recurso directo contra el Ministerio para defender los intereses de los regantes y, además, ha participado otras 35 veces en procedimientos relacionados con otras administraciones, como, por ejemplo, personándose en 25 procedimientos contra Castilla-La Mancha para oponerse a recortes de los caudales que llegan a través de este acueducto. También hay un proceso contra el Ayuntamiento de Toledo y otras nueve veces la Generalitat se ha mostrado a favor de recursos presentados por los regantes o avalando procedimientos con Murcia o Andalucía.

La Diputación, por su parte, ultima también una batería de alegaciones contra la decisión, de la mano del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que asesora a la institución provincial, que desde el primer momento ha pedido esperar a conocerse el plan del Tajo.

Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, calificó ayer de «capricho de la ministra Teresa Ribera, que cumple con lo que ya hace 20 años ordenó la entonces ministra Cristina Narbona, la sustitución del agua del Tajo por la desalada. Es decir poner contra la cuerdas al futuro del sur de la provincia. No hay dato técnico que sostenga esta barbaridad y ataque frontal contra Alicante».

El alcalde de Elche, Carlos González, ve «pernicioso» el recorte

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, califica de «perniciosa» la decisión del Gobierno de recortar en 11 hm3 la cantidad mensual máxima de agua a transferir al mes en el Tajo-Segura. «Una decisión que es perniciosa para los intereses de la provincia y de los municipios del sur, del Baix Vinalopó y la Vega Baja. Sin ningún tipo de reparo y prejuicio defiendo lo que hago desde que soy alcalde, y es que «el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable porque es un aporte hídrico fundamental y hay que trabajar con determinación, tesón y claridad de ideas para conseguir que el trasvase siga siendo una realidad para crear riqueza y creación de empleo la provincia».

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