Tramitación exprés para la Ciudad de la Justicia de Alicante. El pleno del Consell aprueba este viernes la declaración de «excepcional interés público» de este proyecto, una medida con la que se pretende agilizar la solicitud de licencia de las obras del complejo judicial. El edificio cuenta con un presupuesto de 66,6 millones de euros y una superficie de 44.474 metros cuadrados. La declaración de interés público supone que el Ayuntamiento tiene un plazo de un mes para tramitar la licencia de obras una vez que se presente y, en caso de no contestar, se dará la solicitud por autorizada y la administración autonómica podrá dar inicio a la ejecución de las obras.
La Conselleria de Justicia lleva este viernes la propuesta al pleno amparándose en que se trata de una reivindicación histórica de Alicante desde hace más de 15 años, así como en la necesidad de espacios para los nuevos servicios que tienen que ponerse en marcha y de instalaciones que garanticen la seguridad de los profesionales ante la pandemia del covid.
En la actualidad, Alicante cuenta con un total de 56 órganos judiciales repartidos en un total de nueve sedes diferentes. La falta de espacio en los actuales edificios ha obligado al departamento de Gabriela Bravo a recurrir a lo largo de los últimos años al alquiler de locales para poder ubicar los diez juzgados que se han creado en la ciudad desde 2015.
A esto se añade que, antes de final de año, aún tiene que ponerse en marcha un juzgado de lo Penal con competencia exclusiva en Violencia sobre la Mujer, el primero de la Comunidad Valenciana; así como otro juzgado de lo Social para agilizar los juicios suspendidos en los meses de parón durante la pandemia. Del mismo, a lo largo de este año se han puesto en marcha nuevos servicios como las oficinas de atención a mujeres maltratadas, víctimas de delitos y a menores de edad, que han hecho más patente la falta de espacios. Los dos edificios actuales estaban saturados y en ellos prácticamente no cabe ni alfiler, teniendo que habilitar espacios cada vez que se ponían en marcha nuevas unidades judiciales, necesarias para paliar el colapso de años anteriores por los recortes.
El Consell considera una prioridad dotar al segundo partido judicial que más población atiende en toda la Comunidad Valenciana de un edificio «accesible, confortable y sostenible». En estos momentos, la subdirección de Infraestructuras de la Conselleria está supervisando el proyecto de ejecución entregado por la empresa adjudicataria con la previsión de contar una versión final en octubre. La declaración de excepcional interés público persigue acelerar los trámites para acelerar la licencia de obra.
El futuro complejo se ubicará frente a los actuales juzgados de Benalúa, al otro lado de la avenida de Aguilera, en los terrenos sobre los que se levantaba el antiguo cuartel de San Fernando, hoy un aparcamiento público tras varios intentos fallidos a lo largo de los últimos años para iniciar la obra. En él se prevé concentrar en una única sede todos los órganos judiciales de la ciudad. En los últimos meses la tramitación del proyecto se había atascado porque ha sido necesaria una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para poder dar mayor altura al edificio a fin de poder disponer de más espacio para acoger juzgados. El cambio en el planeamiento contó con el informe favorable de todas las concejalías del Ayuntamiento afectadas por el proyecto, así como de otros organismos competentes.
Tirón de orejas del Síndic de Comptes por la lentitud de las infraestructuras
Mientras la Conselleria de Justicia trabaja en acelerar las obras de la Ciudad de la Justicia. el Síndic de Comptes daba este jueves un pequeño tirón de orejas a la administración autonómica por los retrasos en el plan de infraestructuras judiciales. El informe hecho público este jueves se centra en el periodo de 2018 a 2020 y asegura que el grado de ejecución es «relativamente bajo», aunque precisa que se debe a factores externos, como «la problemática derivada de la falta de cesión de suelo y las circunstancias sobrevenidas por la pandemia». Concretamente se citan los retrasos en la Ciudad de la Justicia de Alicante y los nuevos juzgados de La Vila, cuyas obras estarían acabadas en octubre. De los quince partidos judiciales en los que estaba previsto actuar, se estaba actuando en diez y las inversiones previstas son de 198 millones euros, para rehabilitar sedes integral o parcialmente, construcción de nuevos edificios y actuaciones de mantenimiento.
