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Los expertos advierten de que el control del alquiler impulsará el mercado negro

Promotores, agentes inmobiliarios y la catedrática de la UA especialista en vivienda Paloma Taltavull coinciden en que fijar una tarifa máxima reducirá la oferta - El arrendamiento medio por un piso supera los 700 euros al mes, por los 1.200 euros de media de los sueldos

La «presión» del alquiler turístico también influye en que los precios sean altos. | DAVID REVENGA

La futura Ley de Vivienda del Gobierno trae cola. Expertos, promotores y Apis advierten de que una intervención de la Administración, central, autonómica o municipal en los precios del alquiler reducirá la oferta de pisos de alquiler e impulsará la economía sumergida, en una provincia donde la demanda supera a la oferta en este nicho de mercado inmobiliario, y en la que la planta de 50.000 viviendas dedicadas al alquiler turístico también empuja al alza los precios medios. El control de la pandemia del covid ha comenzado a tener un efecto dinamizador en la demanda de viviendas de alquiler, sobre todo de las casas grandes y con mayores espacios como son la viviendas que se construyen en urbanizaciones y los chalets.

Expertos, promotores y agentes inmobiliarios coinciden, en este sentido, en que la regulación de los precios de los alquileres repercutirá, sin duda, en una reducción de la oferta, ya de por sí escasa para las necesidades de los alicantinos, sobre todo, jóvenes que tienen complicado emanciparse e impulsará la economía sumergida y el mercado negro. Todo en una provincia donde el precio medio supera los 700 euros al mes, mientras el salario está en 1.200 euros en catorce pagas.

Ayer, y aunque de momento se trate de un acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, el rechazo del sector fue tajante, como trasladaron desde Provia, su secretario general, Jesualdo Ros, y del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, (Apis), su presidenta, Marifé Esteso, se mostró rotunda. «Si intervienen los precios del alquiler y no dan seguridad jurídica al propietario no van a salir viviendas al mercado de alquiler. Un disparate».

En municipios como el de Alicante, donde todo el término está señalado por la Generalitat como tensionado en los precios del alquiler, el alcalde, Luis Barcala (PP), subraya que «no aplicaremos subidas salvajes del IBI y sin nos lo quieren imponer por ley acudiremos a los tribunales». Según el anteproyecto, no obstante, la subida del IBI de las viviendas vacías se aplicaría a los denominados grande tenedores, bancos y fondos de inversión, unos 2.000 pisos en la provincia.

Jesualdo Ros, secretario general de Provia, también se mostró contrario a los cambios anunciados. «Los experimentos que se han hecho, tanto en Cataluña como en otras ciudades europeas, han sido todos un fracaso. En primer lugar, la reducción de la oferta, en segundo obsolescencia de la planta de inmuebles porque con reducción de precios no se invierte en mantenimiento, y en tercer lugar se favorece el impulso de la economía sumergida. Berlín ha dado marcha atrás, y el ejemplo más cercano lo tenemos en Barcelona, donde ha generado una gran polémica».

En la provincia de Alicante, el precio medio del alquiler mensual supera los 737 euros  y 60.000 alicantinos viven de alquiler, y lo peor es que los precios de los hasta ahora más demandados, los de uno y dos dormitorios está por las nubes y tampoco existe una gran oferta, porque se trata de un producto que no se construyó en la época del «boom». Ahora, sin embargo, encaja perfectamente con el perfil de los demandantes más vulnerables. Personas separadas, propietarios que han perdido su vivienda por una dación en pago o un desahucio, familias monoparentales o jóvenes menores de 35 años.

Según Paloma Taltavull, experta en vivienda y catedrática de la Universidad de Alicante, es difícil hacer una radiografía del sector del alquiler de la vivienda en la provincia porque no existen bases de datos, pero es evidente «la escasez para cubrir la demanda en algunas zonas». Taltavull considera que la pandemia ha afectado, sin duda, tanto a la propiedad como al alquiler. Los precios más altos empiezan a ser los de las viviendas con más espacio y en las afueras, chalets, viviendas con urbanización han aumentado por la acumulación de demanda en ellos. Los alquileres empiezan a experimentar aumentos a medida que se recupera la actividad».

En el caso de la Comunidad Valenciana, la política de vivienda para fomentar el alquiler ha venido precedida por continuos cambios, debido a que la política autonómica de vivienda ha cambiado incluso de color político. En el primer mandato de Ximo Puig, la responsabilidad era socialista y en este segundo el asunto lo gestiona Podemos que, incluso, ha cambiado de conseller.

Apoyo del Consell

El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, calificó, por su parte, de «valientes», las medidas acordadas por el Gobierno. El Consell tiene «delimitados 83 municipios en la Comunidad que «necesitan una intervención sobre los precios del alquiler porque están altamente tensionados». Se trata principalmente de localidades en zonas del litoral y urbanas, aunque van a estudiar bien cada caso «para definir una intervención precisa que vaya en la línea de limitar el precio del alquiler y favorecer el derecho a la vivienda», con el fin de que «la oferta satisfaga a la demanda, que es lo que no esta pasando en estos momentos». Illueca señala que el acuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos demuestra que «el gobierno de coalición funciona» y es capaz de llegar «a síntesis que son muy beneficiosas para la ciudadanía».

El vicepresidente considera «importante» y «fundamental» que se regulen los precios del alquiler, que se establezcan medidas contra los desahucios, que se movilice el parque público en régimen de alquiler social y, en definitiva, que se adopten medidas legislativas para garantizar el derecho a la vivienda».

Desde 2019, los propietarios de viviendas destinadas al alquiler que se acojan a los precios de referencia que fijó la Generalitat en los municipios de la provincia de Alicante ya pueden disfrutar de exenciones fiscales del 5% en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con un máximo de 3.000 euros al año. En Alicante, el precio medio de referencia del Consell para un piso de 75 m2 (el más demandado) oscila entre lo 512 y 665 euros al mes, según las zonas. En Elche entre 375 y 465 euros, y en Benidorm, de 517 euros al mes. Además, los dueños de los pisos que se dedican al alquiler cuentan con preferencia a la hora de acogerse a las ayudas autonómicas para la rehabilitación de viviendas.

La Generalitat tiene previsto construir en los próximos cinco años un total de 1.155 viviendas en cinco municipios de la provincia de Alicante donde, teóricamente, se concentra el grueso de los problemas de las personas que no tienen acceso a una vivienda, ni en propiedad ni en alquiler. Pisos que se sumarán a los 4.211 que la conselleria gestiona con un alquiler social, pero que se quedarán muy lejos de la demanda real, ya que, según datos de la propia Generalitat, 4.179 familias componen la lista de espera para acceder a una casa de alquiler. Los municipios agraciados en el bautizado con «Plan 2400» son Alicante, Elche, El Campello, Torrevieja y Sant Joan. En total, la Generalitat tiene previsto invertir hasta 2026 un total de 294 millones de euros sobre una superficie de 115.292 m2 , que una vez edificada alcanzará los 221.140 m2. El informe económico estima un coste de 1.033 euros/m2. Una superficie media de 90 m2 por vivienda y un coste de 92.970 euros por vivienda.

El Plan de Vivienda Protegida Pública 2021-2026, que contempla una inversión por importe de 294 millones de euros, permitirá la movilización de suelo público para promover un total de 2.457 viviendas protegidas en 18 municipios de la Comunidad Valenciana, que se destinarán a alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.

El objetivo del plan es facilitar el acceso a una vivienda digna al colectivo de personas que no tienen capacidad ni para comprarse un piso ni para afrontar un alquiler a precio de mercado. En principio y a falta de cerrar el plan para que entre la iniciativa privada, se estudian dos tipo de fórmulas. Por un lado, que los promotores se conviertan en los gestores de la viviendas de alquiler por un periodo de 75/100 años a partir del cual estas volverían al patrimonio público -el Consell sería su inquilino y les enviaría a los arrendatarios asegurando el pago de la renta- y, por el otro, que la Generalitat Valenciana compre las viviendas para gestionarlas directamente.

Alicante se rebela contra el plan del Gobierno

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), aseguró este miércoles que el Ayuntamiento no aplicará el recargo de hasta el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que prevé la nueva Ley de Vivienda que ultima el Gobierno para gravar los pisos vacíos. Barcala considera «un ataque sin precedentes a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario». Barcala subrayó que ha reducido un 5% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Elche apoya una propuesta para favorecer a los jóvenes

Carlos González (PSOE), alcalde de Elche, considera que es necesario frenar la escalada de precios de la vivienda de alquiler, porque es uno de los graves problemas del país. «A mi juicio es una propuesta que va en la dirección correcta porque aborda el problema desde tres enfoques para frenar el precio de los alquileres, actuando sobre los grandes propietarios de viviendas, ayudando a los jóvenes con el bono de 250 euros y penalizando fiscalmente las viviendas vacías».

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