La Abogacía de la Generalitat ha dado por el fin el paso adelante y, tras recibir la autorización del presidente Ximo Puig y la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, presentó este miércoles en el Tribunal Supremo el recurso por el que solicita la anulación del decreto del pasado 27 de julio con el que el Ministerio para la Transición Ecológica modificó las normas del explotación del trasvase Tajo-Segura, el primer paso en la serie de recortes previstos para reducir el envío del agua del Tajo a la provincia de Alicante y Murcia. La decisión, anunciada en su día por Puig, se produce a los seis días de que hiciera lo propio la Diputación y tres meses después de que en julio comenzaran a trabajar en el mismo los abogados de la Generalitat. Ayer, fuentes de Presidencia apuntaron que el presidente Puig sigue trabajando en que pueda haber acuerdo para garantizar agua de calidad y buen precio.
Mientras, los letrados alegan que el decreto no se ajusta a Derecho y produce daños en la gestión hídrica dependiente del Tajo-Segura, en clara alusión a los agricultores alicantinos, que en el peor de los escenarios desde la entrada en vigor de las nuevas normas, podrían ver recortado hasta en 132 hm3 el agua del trasvase para ser sustituida por agua desalada, seis veces más cara.
De momento, la modificación impedirá que, por ejemplo, en un año bueno, como el último hidrológico, entre octubre de 2020 y el pasado mes de septiembre, dejen de llegar en torno a los 66 hm3, que deberán ser suplidos por agua desalada en Torrevieja y Murcia, que, de momento, tampoco la puede producir. Con la actuales reglas de explotación, el trasvase máximo anual no podrá superar los 324 hm3, cuando como mínimo se necesitarían 400 hm3, dado el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Agua desalada que cuesta a razón de 0,70 euros/m3 por los 0,17 euros/m3 del caudal del Tajo. Un precio que está pendiente que se vaya incorporando la energía fotovoltaica para alimentar de energías las desaladoras.
El Consell se posiciona así en la defensa de los intereses de los regantes tras meses de titubeos, aunque el presidente Ximo Puig siempre ha defendido que «queremos que se garantice agua para siempre. Hay que garantizar agua de calidad a un precio sostenible para mantener la huerta de Europa. La Abogacía de la Generalitat llevaba meses preparando el documento del recurso al cambio de las reglas de explotación que comprometa el abastecimiento de agua en el sur de la Comunidad, pero hasta ayer no se había dado el paso. La Diputación se les adelantó.
Casi al mismo tiempo de la presentación del recurso, el Tribunal Supremo admitía a trámite el recurso presentado por la Diputación contra el decreto del Gobierno por el que el pasado julio se aprobó la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, mostró su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la institución provincial contra el recorte del trasvase Tajo-Segura.
«La decisión del Supremo es un paso importante y positiva para la defensa del Tajo-Segura porque estamos convencidos de que contamos con los argumentos jurídicos y técnicos que avalan nuestra oposición al decreto del Gobierno que modifica, de forma extemporánea y arbitraria, las normas de explotación del trasvase», subrayó Mazón.
Defensa de la provincia
El presidente apuntó, en este sentido, que este recurso «no persigue otra cosa que defender los intereses de la provincia de Alicante y, por tanto, nos sentimos absolutamente legitimados para emprender todas aquellas acciones que eviten que se ponga en riesgo una infraestructura vital para el futuro de esta tierra, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental». El presidente asevera que la admisión de este recurso por parte del alto tribunal «pone de manifiesto que la Diputación es competente en esta materia» y contradice las declaraciones del director general de Administración Local del Consell, Toni Such, en las que afirmaba que era competencia de la Generalitat y no de la institución provincial.
«Acabe como acabe este recurso, que es difícil porque con la trampa en torno al Tajo-Segura se han esmerado en tejerla muy bien, y aún sabiendo que donde más nos jugamos en el previsto aumento de los caudales ecológicos, el hecho de que se haya admitido la competencia de la Diputación de Alicante para poder tramitar el recurso en el Supremo va a callar muchas bocas», señaló Mazón.
Cuarenta pleitos en defensa del acueducto
La Generalitat asegura que Ximo Puig ha acudido 40 veces a los tribunales en defensa del trasvase Tajo-Segura desde que se convirtió en presidente de la Generalitat en 2015, lo que equivale a una vez cada mes y medio, bien con el Gobierno de Mariano Rajoy o bien contra el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez. Cuatro son procesos directos contra el Ejecutivo en los que el Consell ha sido el demandante con un recurso directo contra Transición Ecológica para defender los intereses de los regantes y, además, ha participado otras 35 veces en procedimientos relacionados con otras administraciones, como el gobierno de Castilla-La Mancha.
