Los vecinos de los barrios del acceso sur de Alicante abren un nuevo capítulo en su lucha judicial contra el Ayuntamiento por el «colapso ecológico» de la zona. La asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto ha presentado un recurso ante el Contencioso-Administrativo por la existencia de hasta seis puntos de vertido -presuntamente irregulares- al Barranco de las Ovejas, que terminan aliviando al mar. Además, también han formalizado una denuncia por el mismo motivo ante la Guardia Civil, que esperan que inicie una posterior investigación del SEPRONA.
Para los vecinos, la situación que se vive en los barrios situados frente al puerto industrial y las vías del tren es «insostenible». Aseguran que -cada vez que llueve- los distintos puntos de bombeo encargados de trasladar las aguas residuales a la estación depuradora «se paralizan automáticamente», lo que provoca que el entorno de las calles Perú, Panamá y el Parque Joan Fuster amanezca «completamente anegado por aguas residuales, así como repleto de restos de compresas, preservativos y todo tipo de deshechos» provenientes de las aguas residuales de la red doméstica. El vecindario considera urgente resolver la falta de una red de alcantarillado separativa -algo que sí existe en otras zonas de Alicante- que divida las aguas pluviales de las fecales, facilitando así su tratamiento. Además, denuncian que ante este colapso del sistema de alcantarillado, los vertidos terminan siendo arrojados al mar a través de seis puntos de alivio que desembocan en el Barranco de las Ovejas.
El bipartito reconoce el vertido
En un informe emitido por la concejalía de Medioambiente -dirigida por el edil del PP Manuel Villar- y firmado el pasado 29 de noviembre, la concejalía reconoce la existencia de seis puntos de alivio que funcionan sin la correspondiente autorización para ello. El documento afirma que el Ayuntamiento realiza controles a los puntos con la periodicidad que estaría indicada en una Autorización de Vertido «aún sin disponer de ella».
Fuentes municipales aseguran a INFORMACIÓN que la mejora de las instalaciones -algunas sin renovar desde los años sesenta- depende de un convenio gestionado por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) junto con Aguas de Alicante, y que está pendiente de «unos ajustes técnicos». Además, afirman que el próximo viernes se realizará una reunión de la comisión de seguimiento del convenio, que -según los vecinos- se firmó por primera vez en los años noventa y se actualizó en el 2019, ya con PP y Cs en el Ayuntamiento.
