Más de 36.000 firmas en contra de la ordenanza de mendicidad y prostitución de Alicante, aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Alicante con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención clave de Vox, que recoge multas de hasta 3.000 euros. La fundación HOGAR SÍ ha impulsado una recogida de apoyos, a través de la plataforma change.es y bajo el lema "El sinhogarismo no es un crimen: stop multas por vivir en la calle", para pedir que en la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que se está debatiendo actualmente en el Congreso de los Diputados, se especifique "la prohibición de normativas que promuevan la discriminación en el uso de los espacios o las vías públicas como la aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Alicante y anteriormente en otros municipios".
Así se explica en la recogida de firmas que ha superado los 36.000 respaldos apenas 24 horas después de lanzarse la petición. HOGAR SÍ, en colaboración con muchas otras organizaciones, en el seno de Alianza por la Igualdad de Trato y No Discriminación, reclama que el Congreso apruebe definitivamente una Ley por la Igualdad de Trato y No Discriminación, "que combata todo tipo de discriminación y prohíba este tipo de normativas aporofóbicas que bajo el pretexto de la convivencia fomentan la exclusión en nuestras ciudades".
De esta forma, "el sinhogarismo y cualquier otra forma de pobreza son una vulneración de derechos que demuestra la deficiencia de los sistemas públicos de atención, en este sentido, criminalizar la pobreza solo profundiza las situaciones de exclusión que estas personas ya están viviendo”, según Maribel Ramos Vergeles, subdirectora de HOGAR SÍ.
La Alianza por la Igualdad de Trato y No Discriminación está conformada por trece ONG dedicadas a la lucha contra distintas formas de discriminación (Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz –MPDL-, Red Acoge y Save the Children y HOGAR SÍ. Desde la entidad promotora de la recogida de firmas, "el sinhogarismo no se soluciona con la persecución y la criminalización por parte de los poderes públicos, sino garantizando el derecho humano a tener un hogar".
El Pleno de Alicante aprobó el pasado martes, en un pleno extraordinario y telemático, la controvertida ordenanza de mendicidad y prostitución, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica [aquí puede consultar el texto]. El documento, que incluye multas de hasta 3.000 euros, salió adelante con los votos a favor de los socios de gobierno (PP y Ciudadanos) y de Vox, frente al rechazo de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). En total, 16 a favor y 13 en contra. La norma se prevé que entre en vigor quince días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Es decir, se calcula que esté operativa para principios de marzo.
El texto aprobado incluye multas de hasta 500 euros por el ofrecimiento de servicios o productos, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, como tarot, videncia, masajes, tatuajes, espectáculos circenses o de malabarismos, indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas, pañuelos, mecheros u otros análogos, en vías o espacios públicos y a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, a cambio de una cantidad de dinero o donativo.
Además, se multará con hasta 750 euros por dormir en la calle. En concreto, según la redacción de la ordenanza, estará castigado "acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos, y tampoco estará permitido dormir de día o de noche en estos espacios".
El documento aprobado, por tanto, fija en los 3.000 euros las multas más elevadas para personas vulnerables, según se recoge en la ordenanza definitiva, tras la inclusión de los cambios promovidos a último hora por Ciudadanos. Las iniciativas de la formación naranja iban encaminadas a incluir cláusulas sociales en el documento, además de buscar no equiparar las multas a las mujeres prostituidas y a los hombres que solicitan los servicios. Así, la ordenanza recogerá, entre otras acciones, que el Ayuntamiento deberá adoptar "todas las medidas sociales a su alcance para erradicar el ejercicio de la mendicidad en cualquiera de sus formas en Alicante y para dotar a todos los ciudadanos de Alicante de una vivienda digna" y que los "agentes de la autoridad, o en su caso el personal de los servicios sociales, informarán a las personas que ejerzan la mendicidad de los servicios de atención social a los que puedan acudir para recibir el apoyo que sea necesario para el abandono de estas prácticas".
La controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución no solo incluye artículos sobre el ejercicio de la mendicidad y la prostitución, que han generado el rechazo generalizado de entidades del tercer sector (como Cáritas o Médicos del Mundo) y han sido los más polémicos durante la larga tramitación del documento, sino que también recoge otras prohibiciones, con multas que irán hasta los 3.000 euros. Entre las otras infracciones destacan multas por ir desnudo o con el torso totalmente desnudo por la vía pública, salvo en las playas, paseos marítimos colindantes, piscinas u otros espacios donde esté expresamente autorizado, por que los vehículos estacionados en espacios públicos abiertos produzcan ruidos innecesarios con aparatos de alarma o de señalización de emergencia, escuchar música por encima de los niveles permitidos utilizando los reproductores y altavoces de los vehículos para su escucha fuera del mismo, por la realización de actividades que obstruyan el tráfico rodado, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta el libre tránsito de las personas por aceras, plazas, avenidas, pasajes o bulevares u otros espacios públicos, por la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o monopatines fuera de las áreas destinadas y por el juego con balones u otros instrumentos en los espacios públicos, que cause perjuicios a terceros, daños en bienes de uso público o se realice a horas impropias.
