El PSPV-PSOE ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para llevar el debate de la controvertida ordenanza de mendicidad y prostitución a las Cortes, sumándose así a Unides Podemos, que hace casi un mes también registró una propuesta. En el caso de los socialistas, se busca instar al Parlamento valenciano a trasladar a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que la Comunidad es un "territorio inclusivo con la ciudadanía", que no "tolera las medidas que castigan a quienes viven en la calle”. También han anunciado una propuesta desde Compromís por "atentar contra los derechos humanos y las personas más vulnerables".
El documento de los socialistas explica que "desde diferentes gobiernos se están adaptando las regulaciones de convivencia y civismo a los nuevos tiempos tras la pandemia", en clara alusión al Ayuntamiento de Alicante, donde este martes se prevé la aprobación de un texto que rechazan en bloque todas las entidades sociales, incluida Cáritas. Este lunes, por su parte, se ha convocado una protesta en la plaza de la Montañeta, contra la "ordenanza de la vergüenza", como así califican el texto desde la izquierda y los colectivos que trabajan con personas sin hogar y prostitutas.
"Desde el grupo socialista creemos que estas adaptaciones son necesarias pero sin criminalizar las personas que, por diferentes motivos, viven en la calle, ni a las mujeres que ejercen la prostitución, ni a todos aquellos colectivos vulnerables", recoge el documento, en el que se habla de que "la sensibilidad de todo tipo de gobiernos en el siglo XXI es determinante para combatir la pobreza, que se agudiza en las ciudades". "Por ello, no es lo mismo -según añade- un gobierno que pueda llegar a criminalizar el vivir en la calle, a aquellos gobiernos que crean el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Valenciana de Inclusión, no es igual un gobierno que multiplica el presupuesto a la atención social, que inspecciona a los proxenetas y la trata de seres humanos, que aquel gobierno que pone en la mujer el peso de la culpa y la responsabilidad. No es lo mismo un gobierno que se esconde para aprobar unas prohibiciones que aplanan a la sociedad que un gobierno que da soluciones como la información, mediación, recursos, diálogo".
Para los socialistas, "sobrevivir no es un delito". "Acabar en la calle es en sí una agresión que implica soledad e inseguridad, es que desde las administraciones se solucione la desigualdad social que sufren las personas sin hogar. Las vivencias que tienen que pasar, que les hacen perder su estabilidad tanto económica como emocional, ya que pierden su red de apoyo, conlleva que se sientan expulsados del sistema social. La pandemia ha agravado todavía más el riesgo de exclusión", apunta la PNL firmada por la diputada alicantina Laura Soler y la portavoz adjunta del grupo, Sabina Escrig Monzó.“Ante la próxima aprobación de la ordenanza de la vergüenza en Alicante, los socialistas queremos denunciar una vez más la barbaridad que supone que en pleno siglo XXI una administración quiera perseguir a las personas más vulnerables, poniendo multas a quienes viven en la calle y a las mujeres víctimas de explotación sexual”, ha afirmado Soler, quien ha lamentado que “el PP se alíe con la extrema derecha para aprobar esta ordenanza”, ha apuntado la diputada alicantina a través de un comunicado.
"Una vez más demuestran su falta de altura de miras y sensibilidad con los colectivos que más lo necesitan”, ha insistido, a la vez que ha recordado que “los gobiernos tienen la obligación de dar una solución a la desigualdad que sufren las personas sin hogar y no criminalizarles por la situación que les ha tocado vivir”. Además, ha subrayado para finalizar que “la pandemia ha agravado todavía más el riesgo de exclusión y desde las administraciones debemos dar solución a la desigualdad social que sufren las personas sin hogar”. Soler, junto a representantes del grupo municipal, han presentado la PNL en una comparecencia en el Ayuntamiento de Alicante.
Este intento del PSPV de llevar la polémica ordenanza al Parlamento autonómico, para condenar su aprobación, es un paso más en el rechazo al documento. De hecho, el debate ha saltado a nivel nacional. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, criticó la pasada semana el documento que se aprobará este martes, en un pleno extraordinario que se celebrará por vía telemática pese a la indignación de la oposición. A través de las redes sociales, Belarra señaló en un mensaje: "El PP y Vox quieren revivir la ley de vagos y maleantes en Alicante con una ordenanza que persigue a personas sin hogar, mujeres en contextos de prostitución, migrantes o LGTBI. Nos quieren llevar al pasado pero no vamos a dejar de avanzar".
Por su parte, el diputado de Compromís en las Cortes Paco Garcia Latorre ha anunciado este lunes la intención de su grupo de llevar al Parlamento valenciano una iniciativa de rechazo a la ordenanza municipal de Alicante con la que PP, Ciudadanos y Vox pretenden que se multe con 3.000 euros a personas pobres que viven en la calle y a mujeres prostituidas. Para Latorre, se está ante la ordenanza de la vergüenza porque "atenta contra los derechos humanos y las personas más vulnerables". "Se trata de una iniciativa insolidaria, cruel y vergonzosa, que incluso en el caso de las mujeres prostituidas equipara a explotadas con explotadores. Algo así no puede tener cabida en las disposiciones de un ayuntamiento democrático”, según señalan en un comunicado.
Desde Compromís se rechaza este catálogo de "medidas exclusivamente punitivas que no aportan soluciones a situaciones de exclusión social" que el gobierno municipal del PP y C’s ha impulsado para "contentar a sus socios de la extrema derecha en Alicante". Como ha destacado Garcia Latorre “esta situación contrasta con las medidas contra la exclusión social que se han venido adoptando tanto desde el gobierno del Botànic como desde ayuntamientos con coaliciones progresistas". La Renta Valenciana de Inclusión o el refuerzo de los servicios sociales municipales "son dos de las iniciativas más destacadas impulsadas por la Conselleria que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra para hacer frente a la emergencia social que arrastramos desde la crisis de 2008 con políticas de inclusión”. En este sentido Compromís insta al gobierno municipal alicantino a "retirar" este proyecto de ordenanza de forma "inmediata" y "dar un giro de 180º a sus políticas atendiendo a aquello que reclaman las entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables".
Tras las palabras de Oltra, que ha rechazado en repetidas ocasiones la ordenanza, tanto en la rueda de prensa posterior al Pleno de Consell como en intervenciones en las Cortes, altos dirigentes de la coalición naranja se han sumado a las críticas al texto. Entre ellos, el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, que ha animado a los ciudadanos a sumarse a la protesta organizada esta tarde, a las 19 horas, en la plaza de la Montañeta, justo un día antes del pleno convocado por el bipartito para la aprobación definitiva del controvertido documento.
