Sanidad no será parte en el proceso penal abierto al alcalde de La Nucía, el popular Bernabé Cano, por prevalerse de su cargo para vacunarse contra el covid cuando no le correspondía. La instructora de la causa planteó a la administración sanitaria autonómica la posibilidad de personarse en el procedimiento que se sigue contra el político del PP por los delitos de cohecho y prevaricación y hacerlo como perjudicada por el uso indebido del vial que se administró. Un ofrecimiento que la conselleria ha rechazado "porque ya está actuando la Fiscalía" y "para evitar que el asunto se politice".
Así lo han asegurado a este medio fuentes del departamento que dirige Ana Barceló, que prefiere mantenerse al margen del primer procedimiento abreviado que se abre a un cargo público en la Comunidad por saltarse el calendario de vacunación contra el covid.
Después de la instrucción llevada a cabo tras denuncia presentada por la Fiscalía, la magistrada de La Vila Consuelo Martínez concluyó que Cano se valió de su cargo para acceder a una residencia de mayores de su localidad, con dependencia además del Ayuntamiento, y ser inmunizado cuando en ese momento no estaba en ninguno de los grupos que podían hacerlo.
Al político del PP se le administró la primera dosis el 6 de enero del pasado año, en un momento en que la campaña de vacunación acaba de arrancar y había incertidumbre sobre si habría suficientes viales para todos. Y lo hizo a primera hora de la mañana, en quinto o sexto lugar, cuando aún no la habían recibido los internos ni el personal socio sanitario de centro.
La magistrada vio en la actuación del primer edil indicios de los delitos de cohecho y prevaricación, cargos por los que acusa el Ministerio Púbico. El fiscal Pablo Romero solicita por el primero nueve meses de prisión y dos años de suspensión de cargo público. Por la prevaricación reclama doce años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Penas que, de así acordarlas un tribunal, podrían suponer el fin de su carrera política.
Barceló nunca consideró que este tipo de actuaciones fueran constitutivas de delito. De hecho, cuando a raíz de una denuncia ciudadana el fiscal comenzó a investigar las inmunizaciones de varios cargos públicos supuestamente indebidas (de las que la mayoría, excepto la de Cano y las de los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets, fueron archivadas), la consellera declaró a este medio que "el que esos comportamientos sean vergonzosos, no significa que sean delito. Lo que han hecho ha sido colarse, no sustraer los viales, lo que hubiera sido otra cosa».
Tampoco se supo nunca nada de un listado con los nombres de 62 supuestos infractores del calendario de vacunación a los que la consellera anunció que les abrirían los correspondientes expedientes.
Frente a los intentos de la defensa de Cano, el abogado Agustín Ribera, de que se archivaran las actuaciones para su cliente alegando, entre otros motivos, que el regidor también es médico y que por ello estaba justificada su inmunización, la magistrada consideró que «no es sostenible que alegue su labor como médico del equipo de fútbol cuando su ejercicio como facultativo era esporádico». Y sostuvo que «lo realmente relevante a efectos penales no es que Bernabé Cano pidiera la vacuna sino que la aceptara a sabiendas de que no le correspondía». A la juez también le sorprendió que el regidor creyera que vacunándose en ese momento «estaba haciendo un bien a la sociedad», según declaró Cano. El recurso contra el auto de pase a procedimiento abreviado están aún pendiente de resolución.
Los otros dos regidores
Mientras tanto, cerca de que concluya la instrucción se encuentra el proceso que, al mismo tiempo que el de Cano, se abrió a los regidores socialistas del El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, investigados también por vacunarse antes de tiempo.
Tras su declaración y la del personal que tuvo relación con su inmunización, el proceso se encuentra a la espera de que la investigación se dé por concluida dictando auto de procedimiento abreviado o, por el contrario, decretando el archivo de las actuaciones. Los regidores mantienen que se les vacunó porque sobraban dosis que, no habérselas administrado a ellos, se habrían tirado.
