Dos meses después de desbloquearse la contratación de 166 trabajadores para la Concejalía de Acción Social, el Ayuntamiento trabaja en la contratación de los últimos interinos del paquete de 51 trabajadores sociales, 47 auxiliares administrativos, veinte educadores sociales, doce técnicos auxiliares, ocho técnicos superiores de animación sociocultural, ocho asesores jurídicos, cuatro psicólogos, cuatro técnicos de Integración Social, un agente de igualdad y un promotor de igualdad. Así lo confirman fuentes municipales y también desde la plantilla de la concejalía alicantina.
Estos nuevos trabajadores interinos, contratados a partir del Contrato Programa impulsado por la Conselleria de Políticas Inclusivas y firmado por el Ayuntamiento de Alicante, se enfrentan a un importante colapso en la Concejalía de Acción Social, tras la salida de aproximadamente un centenar de trabajadores el pasado 31 de diciembre, tras finalizar sus contratos. Desde la plantilla confirman que existen listas de espera que van más allá del próximo verano en centros sociales de la ciudad de Alicante.
El refuerzo en el personal que ha empezado a llegar en las últimas semanas se espera que empiece a normalizar la atención social en las instalaciones municipales, donde están a la espera expedientes de la renta valenciana de inclusión y de la dependencia.
La contratación, que está a punto de finalizarse para todos los puestos, según fuentes municipales, se está produciendo a un ritmo menor del previsto en un primer momento. Casi tres semanas después de que el interventor desbloqueara el refuerzo de la plantilla de Acción Social, la concejalía empezó a incorporar al nuevo personal para atender a las personas más necesitadas de Alicante.
Se trató, para empezar, de catorce psicólogos. El retraso en la aprobación del Presupuesto municipal, ante la falta de medidas del bipartito para dotar de fondos a las partidas de personal, forzó la marcha a finales de 2021 de los interinos del área municipal, cuya contratación se financia con fondos autonómicos.
Cuando se completen las incorporaciones de personal, la Concejalía de Acción Social dispondrá de unos 300 empleados, encargados de llevar a cabo actuaciones como los servicios acogida y atención ante situaciones de necesidad social, la promoción de la autonomía personal, inclusión social, prevención e intervención con las familias, mayores, acción comunitaria e igualdad, entre otros muchos programas, según insisten desde la concejalía.
A finales de enero, llegó la luz verde para la contratación del personal para la Concejalía de Acción Social. El área de Intervención dio entonces el visto bueno al Contrato Programa, el instrumento firmado entre la Conselleria de Políticas de Igualdad y el Ayuntamiento de Alicante para garantizar la estabilidad de la plantilla social. Tras ese trámite, la Junta de Gobierno se reunió por la vía de urgencia para aprobar el expediente de contratación.
Oficialmente, el "Contrato Programa" constituye el instrumento "canalizador" de la coordinación administrativa entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante. Dicha coordinación establece como "deber" que las diferentes administraciones públicas "actúen y se relacionen con otras administraciones de acuerdo con los principios de colaboración, cooperación y coordinación, entendiendo la colaboración como el deber que tienen las administraciones públicas de actuar con el resto de administraciones para el logro de fines comunes, en este caso en materia de servicios sociales".
Constituye a su vez, el "único cauce de financiación" de los servicios sociales municipales, "articulando un sistema de responsabilidad financiera compartida dirigida a garantizar la provisión de unos servicios sociales de calidad y de una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos".
En concreto, entre las dos líneas subvencionables (atención primaria de carácter básico y atención primaria de carácter específico), la Generalitat tenía previsto destinar anualmente unos nueve millones, frente a los 557.000 euros que asumirá el Ayuntamiento, según el documento oficial. Estas eran las cantidades previstas para los años 2022, 2023 y 2024, aunque el retraso en la contratación reducirá la inyección económica de la conselleria.
