La organización agraria Asaja Alicante asegura que el incremento de los caudales ecológicos en el plan hidrológico del Tajo que prevé el Ministerio de Transición Ecológica supondrá la muerte de la agricultura en el sur de Alicante. Los agricultores alicantinos, representados en un 90% por la organización agraria, rechazan la intención del Ministerio de Transición Ecológica de reducir en torno a 105 hectómetros cúbicos los caudales trasvasados al Segura.
El Consell insiste en que basa su defensa en los cerca de 50 recursos presentados, contra Castilla-La Mancha y el propio Ministerio para la Transición Ecológica, y en que ha dejado claro que la defensa del Tajo-Segura es irrenunciable. Una defensa que, sin embargo, choca con la realidad: la decisión tomada en Madrid de aumentar el caudal ecológico.
"Puig tiene la obligación moral de implicarse personalmente en la defensa del trasvase, que es el modo de vida de cientos de miles de valencianos. Esa es la primera vertebración que necesitamos en el sur de la Comunidad", declara José Vicente Andreu, presidente de Asaja.
Asaja Alicante apela personalmente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que defienda con todo su peso político el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura en esta semana clave de redacción y revisión de los planes hidrológicos de cuenca.
El propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, se perderán más de 122 millones de euros, 5.000 empleos directos y 12.000 hectáreas de regadíos. “Puig tiene la obligación moral de implicarse personalmente en la defensa del trasvase, que es el modo de vida de cientos de miles de valencianos. Esa es la primera vertebración que necesitamos en el sur de la Comunidad", subraya José Vicente Andreu, presidente de la organización.
"Necesitamos una postura fuerte y contundente del presidente, de la consellera Mollà y de todos los altos cargos de la Generalitat en contra del aumento de los caudales ecológicos del Tajo. Más cuando nos llegan noticias de que en otras cuencas del país se están atendiendo las peticiones de los agricultores para mantener los caudales actuales", sostiene Andreu.
El presidente de Asaja Alicante aplaude el apoyo al presidente de la CHS y le insta a doblar esfuerzos . "No estamos dispuestos a renunciar a nuestro modo de vida", zanja el dirigente agrario.
Andreu cree que la vicepresidenta Teresa Ribera "debe entrar en razón y renunciar a aumentar los caudales ecológicos. Ribera pretende dejar el trasvase exclusivamente para abastecimiento y limitar el riego a 105 hectómetros cúbicos anuales, lo que implicaría una destrucción de empleo y riqueza brutal que no estamos dispuestos a asumir. Supondría sustituir el agua trasvasada por agua desalinizada y el cierre paulatino de la conducción. No vamos a tolerar que nos impongan esa hipoteca", asegura el presidente de Asaja Alicante.
El recorte de agua en el Tajo-Segura, con el aumento del caudal ecológico y la modificación de las reglas de explotación, amenaza un volumen de negocio de mil millones de euros, que es la aportación de la agricultura del trasvase al PIB de la provincia, según el Sindicato de Regantes del Tajo-Segura. El PIB alicantino alcanza los 35.000 millones de euros, de los que un 4% (1.400 millones) corresponden a la agricultura. Si le restaran mil millones, el aporte se reduciría un 2,8% sobre ese 4%.
Sesenta mil hectáreas de regadío distribuidas entre las comarcas de la Vega Baja, Baix Vinalopó y l´Alacantí, cuyos productos, hortalizas y cítricos, tienen una gran aceptación en Europa, y contribuyeron, por ejemplo, a evitar desabastecimientos durante el confinamiento, según recuerda Antonio Rico, director del Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante. Rico subraya, además, «el beneficio de la agua de Tajo en otras industrias como la agroalimentaria». Una hectárea cultivada mantiene un empleo agrícola.
Los regantes insisten, por otro lado, en que el agua desalada no puede ser alternativa por el alto coste energético, que supone entre un 5% y un 25% del coste total de la producción, al margen del contenido en boro del agua desalada y el sobrecoste de llevar el caudal a zonas agrícolas alejadas de la costa.
"Necesitamos una postura fuerte y contundente del presidente, de la consellera Mollà y de todos los altos cargos de la Generalitat"
La aportación de la actividad que depende directamente del trasvase supera barrera de los 3.000 millones de euros, situándose en 3.013 millones. «Además, la dinamización económica derivada contribuye a la generación de empleo no solo en el cultivo de la tierra, sino también en el sector de la comercialización y transformación de los productos agrícolas», destaca Lucas Jiménez, presidente del Sindicato del Acueducto Tajo-Segura.
El análisis indica que su impacto es superior a la contribución de sectores al VAB (valor añadido del conjunto de productores de un área económica), como el transporte aéreo o las industrias extractivas, y es casi el doble de la aportación de la pesca y la acuicultura y equivale a más de tres veces la contribución de la silvicultura y explotación forestal, según el Sindicato Central de Regantes. El informe advierte, por otro lado, de que la utilización del agua desalinizada no se puede considerar una alternativa exclusiva para satisfacer el total de la demanda.
