El nuevo incendio provocado por el Ministerio para la Transición Ecológica al llevar el martes al Consejo del Tajo la aprobación del plan hidrológico con la reducción, en principio a la mitad, del trasvase Tajo-Segura a partir ya de este año, aboca a que el Gobierno se vaya a enfrentar a cuatro pleitos judiciales. Uno del Consell, del mismo color político, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el resto de la Diputación/Asaja, Sindicato Central y el gobierno de Murcia. Además, los regantes de Alicante y Murcia piden el cese inmediato de la ministra Teresa Ribera y el secretario de estado y mano derecha, Hugo Morán, a los que acusan de diseñar el plan del Tajo para cumplir la promesa que hizo Pedro Sánchez en 2018: el cierre del trasvase.
A esto se une el desprecio que ha presidido la elaboración de los planes de cuenca: el Sindicato Central de Regantes ha constatado que en toda España solo hay aumento de caudales del Tajo pero, además, solo en los tramos que afectan al trasvase, pues el curso bajo todo se mantiene como estaba, según denuncia Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central. “Es inaudito y deja claro el objetivo. No han tocado, por ejemplo, el caudal del río Jarama, muy contaminado por la mala depuración de las aguas de Madrid y que desemboca en el Tajo. Vergonzoso”, subraya el presidente de los regantes.
Por primera vez en la historia de la planificación hidrológica en España va haber dos, dos planes hidrológicos enfrentados y contradictorios. El del Segura, que advierte del desastre del recorte del trasvase Tajo-Segura, y el del Tajo, que recorta el acueducto. “El Gobierno, escuchadas las partes, dejará caer su todopoderosa espada de Damocles partiendo por la mitad el trasvase Tajo-Segura. Falta saber con qué clase de falacias”, sostiene Lucas Jimenez. Si el martes se consuma lo que nadie duda, el golpe socioeconómico para Alicante tendrá consecuencias impredecibles, si todo esto no lo para un juez.
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, exige el cese de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por mantener el incremento de los caudales ecológicos en el Alto Tajo para "acabar" con el trasvase. El presidente del Scrats acusa a Ribera y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de diseñar una planificación "ideológica" para "cumplir en buena parte la promesa realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Albacete en abril de 2018, de acabar con este acueducto.
Jiménez reitera que la "negociación política" de los planes de cuenca ha logrado rebajar las propuestas iniciales de aumento de caudales ecológicos en todos los ríos, salvo en el Alto Tajo, que es el tramo que incumbe a los caudales derivados al sureste. El presidente del Scrats transmite su "profunda desilusión, indignación y malestar" por la "decisión chulesca" del Miteco de mantener la subida de los caudales ecológicos en el tramo con mejor estado ambiental mientras rebaja la propuesta inicial aguas abajo de Toledo, en el Jarama y en la salida de los embalses de Entrepeñas y Buendía para beneficiar a los usuarios de la cuenca cedente,. Castilla-La Mancha.
"Pedimos el cese de la ministra Ribera porque no ha hecho otra cosa que un diseño político del plan del Tajo para cumplir lo que prometió Pedro Sánchez"
Estos umbrales, según Jiménez, hacen "ganador" de esta "densa batalla política" al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que, "quizás, por gritar más que el resto", ha salido "beneficiado" para sus "resultados electorales futuros", al tiempo que ha calificado como un "ridículo estruendoso" la labor de los dirigentes socialistas murcianos, valencianos y andaluces.
Para el dirigente del Scrats, la "única herramienta" que les permitirá exigir en los tribunales los "daños patrimoniales" que les cause el incremento de los caudales ecológicos es el plan de cuenca del Segura. La planificación de la cuenca receptora fjja una reducción de los caudales trasvasados en 105 hectómetros cúbicos anuales (78 para regadío y 27 para abastecimiento), así como la pérdida de 5.000 empleos directos, 12.000 hectáreas y 122 millones de euros anuales.
Jiménez va a convocar una Asamblea General del Scrats para aprobar un calendario de protestas por el nuevo plan del Tajo, ya que cree que "todavía hay partido" hasta que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el documento.
El presidente de los regantes insiste, en este sentido, en que, cuatro años después de anunciarlo, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez cumple parte de su promesa. En abril de 2018 prometió a Castilla la Mancha el fin de los trasvases, aunque en su mente sólo figura el fin del trasvase Tajo-Segura. “Ahora se anuncia el fin de la mitad del trasvase para regadío y abastecimiento al levante. Un final diferido a 2027 sí, pero un final al fin y al cabo”.
Jiménez lamenta lo poco que han servido las presiones de los representantes del PSOE en Murcia. Alicante y Valencia. “A quienes por cierto el Gobierno de la nación ha, bajo nuestro punto de vista, ridiculizado. Ha ganado la contienda y por partida doble el socialista Emiliano García Paje, presidente de Castilla la Mancha”.
“Aunque se quejará del resultado porque así funciona el teatrillo político que han orquestado en el Ministerio de Transición, consigue, con un descaro y podría afirmarse que hasta con chulería manifiesta, que rebajen caudales en todos los tramos del Tajo menos en los que se hacía daño al Trasvase donde ha mantenido el ascenso de caudales. Es un ninguneo histórico a las provincias levantinas”, insiste Jiménez.
“Repito, ninguneo histórico. Un resultado que no va a beneficiar en nada al Tajo, ni a Castilla la Mancha –salvo para afianzar los votos de Page- pero que provocará mucho daño al futuro de Alicante y Murcia. Miles de parados, daños medioambientales que el propio Ministerio asume y reconoce en el Plan del Segura. Todo por nada, para a lo sumo disimular una pésima gestión en materia de depuración de agua en las riberas del Tajo que es la que contamina seriamente el cauce del río”, señala el presidente del Sindicato Central de Regantes el Acueducto Tajo-Segura.
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante denuncia, una vez más, que el Ministerio para la Transición Ecológica pretenda cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y e incrementar del caudal ecológico del Tajo basándose en datos incompletos y desoyendo las demandas de la sociedad y el tejido productivo de Alicante.
La patronal CEV exige la rectificación inmediata
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante denuncia, una vez más, por su parte, que el Ministerio para la Transición Ecológica pretenda cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y e incrementar del caudal ecológico del Tajo basándose en datos "incompletos y desoyendo las demandas de la sociedad y el tejido productivo de Alicante".
El presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, subraya que el trasvase “es un recurso básico para crecer, y de hecho no sólo nos oponemos a esa reducción, sino que sería necesario ampliar el caudal en más de 200 hm3 de media al año”. “El Gobierno todavía está a tiempo de rectificar. Es vital para esta provincia que de una vez por todas nos unamos contra esta decisión y nos demos cuenta de lo que está pasando, porque si no lo hacemos vamos a pagarlo muy caro”, ha añadido.
En la misma línea, Joaquín Pérez afirma que “el Gobierno autonómico acierta si cambia de estrategia y se opone por todas las vías a esta medida; es imprescindible que defienda ante el Gobierno los intereses se esta Comunidad y, por tanto, que reclame el justo e irrenunciable volumen del trasvase Tajo-Segura”.
