¿La cuadratura del círculo hídrico? El Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura y el Consell, con el que llevaban negociado desde el ayer, han votado este viernes a favor del Plan Hidrológico del Segura pese a que el documento recoge que el aumento de los caudales ecológicos del Tajo provocará la pérdida de 25.000 hectáreas y 5.000 empleos en la industria agroalimentaria de Alicante y Murcia al dejar de llegar 105 hm³ de agua del Tajo todos los años.
Un giro de 180 grados que se ha producido al incorporarse al texto la petición al Ministerio para la Transición Ecológica el que al a vista del destrozo económico y social que se va a producirse se mantenga, en la medida de lo posible, el aporte de aguas superficiales, es decir del trasvase del Tajo tal como está actualmente. Una petición de la propia Confederación del Segura que los regantes sostienen que es un cambio de estrategia para presionar al vicepresidenta Teresa Ribera y que al final no se toquen los caudales del Tajo en Aranjuez y Bolarque.
La decisión final del Sindicato Central de Regantes -el Consell había trasladado a los regantes que votarían lo mismo- ha sorprendido, no obstante, porque no hace ni 24 horas los regantes mantenían el no rotundo. Según fuentes cercanas a la negociación, el cambio se justificaría en un movimiento dirigido a sumar esfuerzos con la propia Confederación Hidrográfica del Segura (entidad del Ministerio para la Transición Ecológica) para presionar a la Teresa Ribera. De momento, sin embargo, en el borrador del plan hidrológico se mantiene el recorte.
En este sentido, Andrés del Campo, presidente de la Federación Española de Comunidades de Regantes, ha trasladado a la Ministerio una petición formal en al que se reclama mantener todos los caudales ecológicos de los ríos españoles durante cinco años y hacer, al mismo tiempo, un estudio serio y riguroso de cómo deben quedar.
El apoyo al plan de cuenca del Segura no para la convocatoria de la manifestación del próximo 10 de mayo en Alicante. José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, organizadora de la tractorada, sostiene que “el gran problema está en el plan del Tajo y la intención de aumentar los caudales sigue ahí”. El director general del Agua del Ministerio, Teodoro Estrela, comentó en la reunión del consejo del Segura, que la planificación del Tajo (2022-2027) todavía no está cerrada y lleva retraso.
Los representantes de la Generalitat, encabezados por el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, al igual que las entidades de regantes alicantinas más representativas, han votado a favor de la memoria del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura para el período 2022-2027 durante la reunión del consejo del agua de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) celebrada en Murcia.
En ese texto final, encabezado por el logotipo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto al nombre de la propia CHS, se realiza un exhaustivo análisis de la situación que incluye, entre otras muchas cosas, una detallada referencia a las consecuencias negativas que supondría para la demarcación del río Segura una modificación de las reglas de explotación de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura.
En ese supuesto, unido a otros factores como el cambio climático o el aumento de transferencias a la llanura manchega, y en los términos que a día de hoy prevé el plan hidrológico del Tajo, sometido actualmente a consulta pública, la disminución del volumen de agua transferido se elevaría a 105 hm3/año. El efecto de ese descenso sobre las zonas regables del trasvase, según se alerta literalmente en la memoria, supondría “un coste económico, social y ambiental totalmente desproporcionado para esta demarcación”.
El secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, que junto al director general del Agua, Manuel Aldeguer, y el subdirector general de Ordenación de Territorio y Paisaje, Vicente Doménech, acudió en representación del Consell a la reunión, subraya que el referido informe “alerta de manera precisa sobre las consecuencias negativas que tanto sobre la superficie de cultivo, como sobre las cifras económicas o el empleo tendría la modificación de las normas del trasvase y especialmente aquellas referidas a los caudales ecológicos, por eso, al igual que los regantes alicantinos, desde la Generalitat apoyamos ese análisis”.
Del mismo es coincidente la opinión con el llamamiento explícito que se hace en las consideraciones finales de la memoria al señalar que “en estas condiciones un mínimo principio de precaución y cautela aconseja seguir manteniendo, en la medida de lo posible, un "mix" de recursos superficiales continentales que no difiera mucho de la situación actual”.
Asimismo, Llanes destacó y valoró en términos muy positivos que en el referido texto se recojan también las alusiones al esfuerzo inversor de más de 667 millones de euros destinado tanto a conseguir mayores volúmenes de agua desalada mediante la ampliación de las redes de distribución como a reducir el precio de la tarifa que abonan los usuarios”. Algunas otras de las medidas contempladas hacen referencia a una reducción del canon de trasvase o iniciativas en materia de prevención de inundaciones dentro del Plan Vega Baja Renhace, tal como solicitó la Generalitat.
