El PSOE de Alicante ha puesto encima de la mesa del alcalde, Luis Barcala, un plan de acceso a la vivienda, tanto de alquiler como para compra, sobre todo dirigido a la juventud y personas con menos recursos económicos.
Pero, según denuncian los socialistas, el alcalde, "como tantas otras iniciativas que afectan a la ciudadanía, ni se ha molestado en estudiarla".
“La inacción de Barcala es incalificable. No hace más que enfrentarse a otras instituciones de forma desleal mientras que la ciudad sufre un déficit de vivienda pública alarmante entre otras infraestructuras. Eso sí, se inventa una ordenanza de la vergüenza para las personas que duermen en la calle y no es capaz de dar una solución a los graves problemas que padecemos”, ha indicado Miguel Millana, secretario general del PSOE local.
Millana ha matizado que de cara a la aprobación del Presupuesto de 2022, el PSOE presentó un paquete de ayudas de hasta el 20% de la hipoteca (hipotecas de hasta 100.000 euros). El programa iba dirigido a jóvenes de 18 a 35 años y esta experiencia piloto tenía como beneficiarios a un total de 250 personas con un presupuesto de 5 millones de euros.
Otra medida que puso encima de la mesa el PSOE es un complemento de 400 euros al mes a fondo perdido para el alquiler de viviendas, lo que supondría 4.800 euros anuales por vivienda. El presupuesto tendría que contemplar unos 4,8 millones de euros al año y beneficiaría a mil jóvenes. En total una dotación, por este concepto de 9,8 millones de euros.
También los socialistas han trasladado la imperiosa necesidad de dotar a la ciudad de suelo público para la construcción de viviendas públicas.
Millana ha recordado que la resolución de el Síndic de Greuges que ha dictado instando a la Conselleria de Vivienda a conceder de manera automática la ayuda al alquiler a las personas demandantes de vivienda pública cuando no pueda facilitarles un alojamiento y cumplan los requisitos de pertenecer a una unidad de convivencia especialmente vulnerable o en riesgo de exclusión social.
El defensor del pueblo subraya que cuando una persona solicita una vivienda pública, la Administración debe responderle en el plazo legal de seis meses y detallarle cómo va a resolver su problema habitacional. "Y eso es algo que, hoy por hoy, no se gestiona como debería", añaden fuentes socialistas.
