Miles de fallecidos y decenas de miles de contagiados por el coronavirus, trabajadores desbordados por la crítica situación, familiares que denuncian la opacidad y el trato a sus parientes: la pandemia ha dejado muy tocada la imagen de los centros de mayores durante los dos últimos años.
La transparencia, o mejor dicho, la falta de transparencia tampoco ayuda a que mejore la visión de las residencias. Las comunidades autónomas se muestran recelosas a la hora de aportar datos relacionados con la vida en los geriátricos. Y el capítulo de las inspecciones es uno de los más opacos.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sí ofrece cifras, aunque no desglosadas por provincias ni de los últimos años. Así, en la Comunidad Valenciana hay 325 centros de mayores, de los que 200 cuentan con plazas financiadas con dinero público.
En 2021, en el segundo año del covid, se realizaron 242 inspecciones en 187 geriátricos, de los que 62 eran de titularidad pública (autonómica o municipal) y 125 de titularidad privada, según fuentes de la conselleria que dirige Mónica Oltra.
En cuanto al origen de las inspecciones, 193 fueron de oficio y 49 motivadas por una denuncia.
La inspección elabora un plan todos los años sobre la base de las propuestas que llegan desde las direcciones generales funcionales, es decir aquellas con competencias en la materia (personas mayores, diversidad funcional, infancia…).
Este plan «marca las inspecciones que se hacen de oficio, es decir a iniciativa de la Administración, pero también se atienden aquellas que parten de una denuncia, y que obviamente no están previstas en el plan de inspección», añaden las mismas fuentes.
"Los geriátricos se cierran como búnkeres y quienes lo pagan son nuestros mayores»
El Ministerio de Derechos Sociales tiene sobre la mesa un borrador de trabajo para fijar los requisitos mínimos exigibles a los servicios de atención a la dependencia.
Este documento fija un mínimo de un inspector por cada 30 residencias y establece que las comprobaciones en los centros sean públicas y accesibles.
El cuerpo de inspección de la la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas atiende de forma conjunta a toda la Comunidad Valenciana y ha multiplicado por cinco el número de trabajadores en los últimos años.
Así, de los siete inspectores que había en 2015 se ha pasado a los 36 de ahora, diez de ellos en la provincia de Alicante, pero para todos los centros acreditados de ámbito social: residencias de diversidad funcional, pisos para mujeres maltratadas o centros de menores.
Por lo que respecta a las sanciones, la Conselleria ha aplicado 158 a centros de personas mayores de la Comunidad Valenciana desde el año 2015.
¿De qué tipo de sanciones hablamos? La mayor parte están relacionadas con incumplimientos de la ratio, por protocolos incorrectos (por ejemplo, registro de caídas, documentación de menús incompletas…), o por incidencias relacionadas con el día a día de la residencia (como pérdida o desaparición de objetos personales de las personas residentes).
Los familiares de los residentes, por su parte, consideran insuficientes las inspecciones realizadas y reclaman que se hagan públicas. «Al menos debería haber una inspección anual en cada residencia y resulta vital conocer los resultados porque estamos hablando de espacios de vida y salud», reprocha Ester Pascual, portavoz de la Coordinadora de Residencias de Comunidad Valenciana (ReCoVa ) y miembro de la Plataforma Estatal de Familiares y Usuarias de Residencias.
La portavoz asegura que la situación ya era «horrible» en los centros de mayores antes de la pandemia y, desde entonces «ha ido a peor». Sostiene que hay un problema endémico, que son la ratio, las mejoras salariales y las inspecciones «y o se le da la vuelta al sistema o no se puede seguir».
Pascual reprocha a la residencias que «se cierran como búnkeres y quienes lo pagan son nuestros mayores». De hecho, los familiares añaden a su preocupación la incidencia del coronavirus en estos momentos, por si repercute en la residencias y vuelven los brotes, «y no sabemos nada».
"Hay ocasiones en que unos inspectores contradicen lo que ha dicho otro en una inspección previa"
Por su parte, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) considera que la inspección «es fundamental» y debe estar basada en» criterios objetivos fácilmente comprobables. Algunas veces, las normativas son excesivamente ambiguas y los centros no tienen la seguridad de poder estar trabajando conforme a la norma».
El presidente de la patronal, José María Toro, sostiene que hay ocasiones en que unos inspectores «contradicen lo que ha dicho otro inspector en una inspección previa», lo que dificulta el trabajo.
«La falta de criterios homogéneos supone también inconvenientes. Y también habría que mejorar el carácter asesor de la inspección para ayudar a mejorar los centros y servicios», añade Toro.
Para el presidente de Aerte, "lo lógico es que todos los centros, públicos y privados, pasen inspecciones periódicas. Esto también debería abarcar a los servicios que se prestan en domicilios, profesionales, o cuidadores familiares. De esa manera, se puede garantizar que se está recibiendo una atención conforme a la normativa".
