Apenas dos meses y medio después de que la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución de Alicante, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, entrase en vigor, la Junta de Gobierno tiene previsto iniciar este martes el trámite de la propuesta normativa de una ordenanza abolicionista de la prostitución y la explotación sexual. La iniciativa, promovida por los socialistas, choca de lleno con la controvertida ordenanza ya en marcha desde finales de marzo, ya que rechazaría toda sanción a las mujeres prostituidas (que ahora pueden llegar a los 750 euros) y, por otro lado, aumentaría las multas por solicitar servicios sexuales (llegando a los 3.000 euros). “Con esta norma trataremos de hacer frente al proxenetismo en todas sus formas, a la tercería locativa y que sancionen a los que acuden a la prostitución”, asegura la concejala socialista Llano Cano.
La iniciativa socialista a nivel municipal sigue la línea marcada por la Generalitat que "anima a los municipios de la Comunidad Valenciana a adoptar el modelo elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución". También se promueve pocos días después de que el Congreso diera luz verde a tramitar la proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución, con apoyo del PP.
La propuesta normativa se presentó hace una semana ante la Secretaría General del Pleno, que ahora la remite a la Junta de Gobierno Local "para que se someta a informe jurídico y, en su caso, a informe técnico y económico, por plazo de treinta días". La propuesta normativa, junto con los informes y una valoración de la propia Junta de Gobierno sobre la oportunidad y la procedencia de la iniciativa normativa, se remitirá de nuevo a la Secretaría General del Pleno, para iniciar el trámite ante la comisión correspondiente, conforme a lo establecido para los proyectos.
Tras el período de audiencia e información pública, se procederá de igual forma que en el caso de los proyectos, pero la Junta de Gobierno Local se limitará a informar lo que estime conveniente y a remitir todo el expediente a través de la concejalía competente en la materia, a la Secretaría del Pleno.
La comisión del Pleno valorará las alegaciones, reclamaciones y sugerencias presentadas, y los informes emitidos así como el de la Junta de Gobierno Local, y decidirá en su dictamen, si mantiene el texto de la propuesta normativa aprobado inicialmente o lo modifica a efectos de presentarlo al Pleno para su aprobación definitiva.
Este fue el procedimiento que recientemente recorrió la propuesta socialista para una ordenanza que blindara las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Alicante. La iniciativa fue tumbada en comisión plenaria tras una maniobra conjunta de los socios del bipartito y de Vox, al sacar adelante una enmienda a la totalidad de "rechazo y devolución" del documento con el fin de que "el Ayuntamiento trabaje y dedique sus esfuerzos por la igualdad mediante el oportuno plan municipal con el que se trabaja".
La propuesta, al detalle
La iniciativa normativa de los socialistas prohíbe la demanda de prostitución, que considera como infracción grave, y la sanciona con multas de hasta 1.500 euros. Además, si la demanda se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo, considera la infracción como muy grave y la sanciona con multa de hasta 3.000 euros. Serán sancionados quienes colaboren con los demandantes de sexo.
Con esta norma trataremos de hacer frente al proxenetismo en todas sus formas, a la tercería locativa y que sancionen a los que acuden a la prostitución
Por otro lado, prohíbe la publicidad que promueva el consumo de prostitución, que considera como infracción leve, y la sanciona con multas de hasta 750 euros. Será responsable tanto quien ejecute materialmente el acto de publicidad, como el anunciante.
La ordenanza, en cambio, reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género. En consecuencia, no sancionará en ningún caso a las personas prostituidas. Además, promueve medidas para garantizar la protección de sus derechos, según el texto de los socialistas. Prevé, además, la aprobación de un plan municipal de acción integral, que contenga medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. Este plan incluirá acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional.
