El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a los usuarios del agua del Júcar en la provincia su malestar por la decisión de la Confederación del Júcar de cerrar los acuíferos sin esperar a tener un convenio con los usuarios que regule el agua del trasvase en cantidad y precio durante los próximo nueve años. Asegura, no obstante, que en ocasiones excepcionales de extrema sequía autorizará extracciones puntuales de los acuíferos que se van a ir cerrando entre 2023 y 2027. El Ministerio reacciona tras el paso adelante dado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que aprobó finalmente por 24 votos a favor -entre ellos los de la Generalitat- y tres en contra (Junta Central del Trasvase Jucar-Vinalopó, Comunidad de Usuarios del Alto Vinalopó y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa) la orden de prohibir extraer agua para regadío de los acuíferos sobrexplotados de la provincia entre 2023 y 2027.
Por su parte, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, asegura que el compromiso de la empresa estatal Acuamed este tener cerrado el acuerdo con la Junta Central antes del próximo 31 de julio y en el mismo figurará "el precio del agua del Júcar, que estamos trabajando para que pueda bajar incluso de los 0,30 euros el metro cúbico, y la cantidad anual de agua del trasvase a partir de enero de 2023". Llanes subraya, además, que "no solo se podrán volver a abrir puntualmente los acuíferos en años de sequía, sino también si no hubiera agua para trasvasar".
Un caudal de unos 86 hm³ que deberá ser sustituido por la agua del trasvase del Júcar, caudal solo aprobado hasta el próximo 31 de diciembre. La Junta Central de Usuarios insiste en que el objetivo de aquí hasta final de año pasa por lograr un convenio a nueve años que incluya cantidad de agua anual del trasvase del Júcar un precio justo. Un periodo, de casi diez años, el que los usuarios del trasvase esperan que se hayan realizado la obras necesarias (incorporación de la energía fotovoltaica y conexiones del postrasvase) para que el agua del Júcar llegue a todos los municipios y explotaciones agrícolas. La Conselleria de Agricultura, que el viernes licitó los trabajos para poder llegar el agua a la margen izquierda del Vinalopó, se ha comprometido con la Junta Central a adjudicarlas como máximo en un mes tras elevar en 20 millones de euros el presupuesto para atraer a la constructoras, a las que con el pliego anterior no les salían las cuentas.
Recordar que la decisión de la CJH contempla la prohibición de extraer 86 hm3 de los 95 hm3 actuales de agua subterránea para regadío de los seis acuíferos desde el que se abastecen regantes y municipios, que serán los únicos que seguirán teniendo acceso, de momento, a los 41,3 hm3 a los que tienen derecho. La propuesta aprobada es reducir un 90% el derecho y la concesiones de los regantes, que pasarán a disponer solo de 9,2 hm3 al año por los 95,2 hm3 actuales. El problema es que la Confederación del Júcar pretende dar el paso sin tener cerrada la cantidad que facilitará a los agricultores .
El impacto para el abastecimiento urbano es menor, un 40% menos entre la puesta en marcha del plan hasta 2027 o, lo que es lo mismo, pasar de los 41 ,3 hm3 de agua que se extraen en estos momentos a 24,7 hm3. Básicamente, esta disminución se concentrará en los municipios de l`Alacantí, que deberán abastecerse con agua desalada o, en el caso de Alicante, la que llegue también desde el Tajo.
"No solo se podrán volver a abrir puntualmente los acuíferos en años de sequía, sino también si no hubiera agua para trasvasar"
Un situación que afecta las denominadas «masas de agua subterránea» de los acuíferos Villena-Beneixama, Sierra Castellar, Sierra Salinas -estos dos se cierran al completo para el campo-, Peñarrubia, Sierra de Crevilllente y Reclot.
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó había llegado a principios de junio a un principio de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica, Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Júcar para que el trasvase de agua que comenzó a llegar desde el Azud de la Marquesa el pasado 27 de mayo se prolongue, en principio, nueve años más, hasta el horizonte de 2031. Faltaban por cerrar varios flecos importantes como es la cantidad de agua anual que llegará, precio y cómo se procederá al cierre de los acuíferos, algo que se ha roto, provisionalmente, porque el cierre de los acuíferos ya está decidido.
El objetivo es que el trasvase no se corte el próximo 31 de diciembre, que el agua siga llegando durante nueve años a un precio pactado -actualmente 0,30 euros/m³- y que mientras tanto se vayan completando las obras necesarias para abaratar el precio (incorporación de la energía fotovoltaica para mover turbinas y elevaciones) y las infraestructuras del denominado postrasvase. Usuarios del agua y Administración coinciden en que es imposible cerrar acuíferos para el regadío sin que todas las comunidades de regantes tengan acceso al agua del Júcar.
"Es intolerable cómo está actuando el Gobierno con los usuarios del agua del Vinalopó. Nos ofrecen las migajas y luego nos quitan la barra de pan entera"
Carlos Mazón, presidente de la Diputación, anuncia, por su parte, alegaciones. “Es intolerable cómo está actuando el Gobierno con los usuarios del agua del Vinalopó. Nos ofrecen las migajas y luego nos quitan la barra de pan entera. Es una decisión política que condena a los agricultores para siempre y sin ofrecer alternativa alguna. Un atropello y es triste que no hayamos escuchado a nadie de la Generalitat levantar la voz. Ni el presidente, ni la consellera. Vamos a convocar de manera urgente la Mesa del Agua para preparar alegaciones y reacciones. Vamos a reaccionar para tratar de frenar el silencio del Consell y del PSOE, como hacen siempre”.
Alicantefobia hídrica
Por otro lado, la diputada de Ciclo Hídrico y alcaldesa de Albatera, Ana Serna, ha exigidoal presidente de la Generalitat Valenciana y a la consellera de Agricultura, Mireia Mollá, que aparquen su "alicantefobia hídrica y defiendan el agua para los regantes del Vinalopó". Serna ha denunciado que el presidente Puig y la consellera Mollá “sufren de una clara alicantefobia hídrica y una vez más ha vuelto a quedar de manifiesto. Que no nos engañen con el agua de los acuíferos, porque estamos ante un drama en los planes de actuación, ya que contrariamente a lo que la ley de aguas indica, no existe un plan de explotación que vincule las extracciones con los recursos alternativos del Júcar ”, ha dicho.
En este sentido, ha recordado que para sorpresa de todos los alicantinos la propia Generalitat votó en la Junta de Gobierno de la CHJ "a favor de los planes y del cierre de los acuíferos sin garantizar antes que ese agua vaya a sustituirse por agua proveniente del Júcar. No luchan por los regantes, que no nos vendan que defienden el agua”, ha señalado Ana Serna.
La también secretaria general del PP provincial ha añadido que el Gobierno no puede cerrar los acuíferos del Vinalopó sin tener una alternativa hídrica para los regantes, y ha criticado la “nefasta gestión” que se está haciendo con el agua en toda la provincia de Alicante. “Los regantes necesitan que el cierre de los acuíferos vaya vinculado al envío de agua. No pueden cerrar sin más. Estamos ante un nuevo agravio hídrico a la provincia de Alicante con el apoyo de la Generalitat Valenciana, que dijo sí al cierre de esos acuíferos sin ni siquiera tener una alternativa”.
"Puig y Mollá hunden y secan a la provincia de Alicante. Ni siquiera tenemos una consellera alicantina que haya luchado por el agua para su tierra"
“Han estado a favor de aprobar una propuesta que reduce un 90% el derecho y las concesiones a los regantes, que ahora tendrán poco más de 9 hectómetros cúbicos al año, frente a los 95 actuales”, ha explicado Serna." Puig y Mollá hunden y secan a la provincia de Alicante. Ni siquiera tenemos una consellera alicantina que haya luchado por el agua para su tierra. La fobia a todo lo que venga de Alicante es una constante en la gestión de este Consell”, ha zanjado.
Tajo-Segura
Por otro lado, según un informe de las universidades de Murcia, Católica de San Antonio y Cádiz la mayoría de las proyecciones climáticas, pronostican una importante reducción del agua disponible en la cuenca del Segura, que amenaza a casi 20.000 hectáreas. El sector agrícola será uno de los más afectados, ya que tiene menor prioridad de acceso al recurso agua frente a otros sectores, como el abastecimiento o la industria, explican los autores del informe e investigadores de la Universidad de Murcia, la Católica de San Antonio y la Universidad de Cádiz. Sobre el papel han planteado dos escenarios a futuro: uno más optimista y otro más pesimista, pero ambos se centran en el periodo 2040-2070. De ahí la trascendencia del trasvase.
De entrada, el suministro a la agricultura de regadío tendría un déficit medio del 7% para el escenario más conservador y de un 11% para el más extremo, es decir, una reducción de hasta 136 hectómetros cúbicos al año. Por otro lado, para dentro de tres décadas, la cuenca del Segura habría perdido entre un 4,7% y un 7,4% de la superficie de regadío, que abarca más de 260.000 hectáreas dentro de la demarcación, según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Los datos de los que parten los investigadores son un mix de recursos hídricos empleados en 2018 (reservas, recursos propios, Trasvase Tajo-Segura, desalación o depuración), sin contar con la previsión del recorte al acueducto por los caudales ecológicos del Tajo (105 hm3 menos) o la ampliación de las desaladoras. Sin embargo, los mismos autores ya evaluaron el impacto del calentamiento global en los envíos de agua por el Trasvase Tajo-Segura y concluyeron que habrá una disminución de entre el 70 % y el 79 % de los aportes por el acueducto.
En un nuevo análisis y empleando los modelos del cambio climático elaborados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, los investigadores calculan una reducción de 228 hm3 sobre un envío total por el trasvase de 305 hm3, es decir, un 75% en el peor de los escenarios por la reducción de precipitaciones en la cuenca del Tajo. A su vez, se incrementa el agua desalada.
