En torno a 23 grados. Esa es la temperatura que recomiendan los expertos para que el interior de una vivienda sea confortable y no contribuya a empeorar la salud de quienes la habitan. Un límite difícil de alcanzar para muchas familias con recursos escasos y con el precio de la luz disparado desde hace unos meses.
Es la pobreza energética, que no solo castiga en invierno. En plena ola de calor son muchas las familias que no pueden tener su casa en condiciones, sencillamente porque no pueden pagar los recibos de la luz. Una situación que cada vez afecta a más personas, dado que los precios de la electricidad, unidos a la carestía de la vida, no dejan de aumentar. Unas 300.000 personas en la provincia de Alicante tienen dificultades para mantener su casa a una temperatura adecuada, según la última encuesta sobre condiciones de vida que publica el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año pasado. Respecto a la edición anterior, la cifra ha aumentado en casi 47.000 personas.
Familias como la de Julia Frean lo saben bien. Ella no trabaja y su marido gana mil euros al mes. Un salario que hasta que comenzó la escalada de precios les hacía vivir justos, pero sin estrecheces. Ahora el precio de la factura de la luz lo ha cambiado todo. “El último recibo fueron 120 euros y como mi marido trabaja no podemos acceder a un bono social para que nos descuenten algo”. Así las cosas, en casa de Julia poner el aire acondicionado es una opción que ni se contempla. “Ponemos el ventilador a ratos para poder refrescarnos, sobre todo a la hora de comer, o bajamos a la calle, en zonas donde hace sombra para poder escapar de este calor”.
A 30 grados, siete por encima de la temperatura de confort, está estos días la casa de Daniel Dosantos. Sus ingresos rozan también los mil euros que llegan de la Renta Valenciana de Inserción. “El problema es que ahora mismo no puedo trabajar porque soy diabético y me han cortado varios dedos de los pies, por lo que no puedo conseguir más ingresos”. También en su casa el aire acondicionado está de adorno y el calor se palía bajando persianas y bebiendo mucha agua fría. “Como tengo vitrocerámica procuramos no cocinar mucho y comemos sobre todo a base de ensaladas para no gastar”. El último recibo que llegó de la luz ascendía a 150 euros. “Pago 450 de alquiler y 200 de agua. Se me comen los recibos, ya no sé cómo hacerlo”, lamenta Dosantos.
Pese a que ha intentado solicitar un bono social para que le descuenten dinero de los recibos de electricidad no ha podido, “ya que el arrendador de mi casa no quiere cambiar la titularidad de los recibos”. Un problema que sufren otras muchas familias en su misma situación, según han indicado trabajadoras sociales de la provincia con las que ha hablado este diario y que constatan como la situación de las familias se está tensando desde principios de año. “Atiendo a personas que pagan cien euros de electricidad y viven solas. Es un disparate todo el dinero que estamos dando para pagar recibos y que pasan a engrosar las ganancias de las empresas energéticas”, lamenta una de estas profesionales que trabaja en una localidad de mediano tamaño de la provincia. “Cada semana atendemos en mi centro social a 15 personas que nos piden ayuda para pagar los recibos y a dos o tres a quienes les han cortado la luz por no poder abonarlos”.
Y es que al aumento de los recibos de la luz se ha sumado al incremento de los precios en general, que ha sido de un 10,4% en la provincia en el último año. Llenar el carro de la compra, es un 14% más caro comparado con el mes de junio del año pasado. Subidas que ahogan a las familias en general y en particular a las que tienen menos ingresos. “En casa entran unos 600 euros de mi subsidio por ser mayor de 52 años y la pensión no contributiva de mi marido. Tenemos bono social y aún así se nos van en torno a 60 euros de electricidad”, lamenta M.C. Doello, una vecina de Alicante que ya no sabe qué hacer para tratar de contener tanto gasto. “Duermo poco y tengo la casa llena de linternas para no tener luces encendidas tantas horas”. Bajar persianas, cocinar en los picos de electricidad más bajos y lavar todo lo que se puede a mano son algunas de las medidas que emplea esta familia para poder abaratar los recibos.
Ante este aumento incontrolado de los precios de la electricidad, la comida o los carburantes hay familias que ya no tienen recursos ni para afrontar lo más básico. “Nos hinchamos a pedir bolsas de comida para las familias”, señala otra trabajadora social de la ciudad de Alicante, quien sostiene que la situación ha empeorado mucho desde comienzos de año. Y ante tanta necesidad, la excesiva burocracia “que hace que las ayudas de emergencia para pagar cosas muy urgentes como gafas o medicamentos tarden dos y tres meses en llegar y en el caso de la renta valenciana son meses las demoras que se acumulan”· Esta profesional recuerda además que las citas en los centros sociales para una primera visita se están yendo a los seis meses debido a la falta de centros sociales y trabajadores y a las cifras de la pobreza, que no dan un respiro.
"Aun con el bono social y teniendo mucho cuidado, las familias llegan a pagar 40 euros de electricidad"
Ante este colapso de los servicios sociales, muchas familias son derivadas por las propias trabajadoras sociales a asociaciones, como Marea Roja, que una vez a la semana atiende a familias pobres en el barrio alicantino de Carolinas Bajas. También aquí constatan el aumento de personas que acuden en busca de soluciones por no poder pagar los recibos. “Yo no creo en el concepto de pobreza energética. Hay una pobreza general en muchos aspectos de la vida que te puede llevar, incluso, a vivir en la calle”, explica Fernando Patón, portavoz de este colectivo. Muchas de las familias que atienden tienen bono energético, “pero sólo en el caso de que lleven mucho cuidado de a qué hora ponen la lavadora o racionen mucho el consumo de electricidad, el precio de la factura se contiene y es de 40 euros aproximadamente. Aun teniendo bono, si no llevan ese cuidado extremo, el precio se dispara”. Para Rojo este problema “se solucionaría interviniendo las eléctricas, porque la situación no tiene pinta de que vaya a mejorar, sino todo lo contrario”.
Cruz Roja
Para paliar esta pobreza energética, las entidades sociales ponen su granito de arena. Cruz Roja, por ejemplo, en la provincia de Alicante ha atendido a cerca de 11.000 personas a través del proyecto atención urgente a las necesidades básicas, que incluye ayudas para pagos de alquiler, suministros, ropa o alimentación. En pago de suministros eléctricos específicamente se ayudó a 250 personas el año pasado.
"Ponemos el ventilador a ratos para tratar de refrescarnos o bajamos a la calle, a zonas de sombra"
Al margen de esto, en paralelo y como punto más importante destaca la labor del proyecto pobreza energética, que atiende a unas 200 personas a las que se les proporcionan kits de microeficiencia y se les presta asesoramiento y auditoría para mejorar el consumo energético en su hogar.
Pobreza en la provincia
Un 30% de la clase media de la provincia de Alicante ha pasado a ser considerada vulnerable en los dos años de crisis social, laboral y económica que ha desencadenado la pandemia del covid-19. De hecho, este amplio segmento de población ya se sitúa en el límite de la pobreza. Así lo indica el Informe Foessa que ha elaborado la Fundación ligada a Cáritas dedicada al Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada. De acuerdo con los datos de la encuesta, el 35,1% de la población valenciana está afectada por una situación de exclusión en el eje económico, el 44,6% en el eje político y de ciudadanía, y el 18,3% en el eje social y relacional
