La nueva ley estatal de residuos, en vigor desde el pasado 30 de junio, fija que en 2025 sólo se podrá depositar como máximo en los vertederos el 40% de la basura orgánica generada, porcentaje que coincide, según la Conselleria de Transición Ecológica, con la producción de residuos en la Comunidad Valenciana, unas 800.000 toneladas anuales. El objetivo del Consell es reducir los vertidos paulatinamente hasta 2035 hasta las 200.000 toneladas al año. La Conselleria asegura que en el periodo 2016-2022 se han colocado más de 3.000 contenedores de envases y cartón en la provincia de Alicante. Situación que se quiere incrementar este mismo año con la puesta en marcha de nuevas recogidas separadas en origen (Elche con más de 600 nuevos contenedores), así como nuevas recogidas separadas puerta a puerta, algo que ha fallado hasta ahora.
En este sentido, la Conselleria de Transición Ecológica asegura que la recogida separada de papel-cartón en la provincia de Alicante ha pasado, según los datos aportados de 9,9 kilogramos por habitante y año en 2015 a 14,8 kilogramos en 2021, lo que supone un incremento de un 50%. La de envases ha pasado de 7,9 kilogramos/año en 2015 a 13,7 kilogramos el año pasado, lo que supone un incremento de un 73%. En cuanto a la recuperación en la Comunidad Valenciana de vidrio, esta ha aumentado un 24,5% desde 2015 (80.572 toneladas en 2015 y 100.320 toneladas en 2021).
Por otro lado, el Consell recuerda que existiría una alternativa a los vertederos: la construcción de incineradoras de rechazo de residuos domésticos para absorber estas 800.000 toneladas anuales en 2025. La Comunidad Valenciana es, en este sentido, la única de las grandes comunidades autónomas, junto con Andalucía, que no dispone de este tipo de instalaciones. Cataluña, Madrid, Baleares, Galicia y el País Vasco, por ejemplo, sí disponen de ellas, con cánones de gestión de residuos y costes de gestión medios de más de 100 euros/vivienda sólo para la incineradora. “Modelo que no se desea potenciar en la Comunidad Valenciana, y que no debería alentarse desde las organizaciones políticas ni ecologistas, ni de manera directa ni indirecta, donde deseamos dar a cada alternativa de la gestión de residuos su peso específico necesario para una gestión razonable y cada vez más circular de los residuos domésticos”, subrayan desde la conselleria.
La Conselleria considera, por otro lado, que los dos vertederos de residuos peligrosos y residuos industriales privados en Monóvar no tienen futuro. La Conselleria de Transición Ecológica sostiene, tras conocer su tramitación en el ayuntamiento, que su construcción es muy difícil y casi imposible la implantación, si sobre la misma ubicación el consorcio de residuos, por interés público, se decidiera promover, a largo plazo, su vertedero de rechazo de residuos domésticos.
Por otro lado, espera que en septiembre se apruebe el proyecto de Ley de Residuos y Economía Circular en la Comunidad Valenciana. Crea una nueva estructura para dar prioridad de gestión adicional y mayor a los recursos que contienen los residuos. Un proyecto de ley, que, según el Consell, durante su tramitación se ha adaptado a las consideraciones de la nueva ley estatal ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos, que derogará la actual ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana.
La nueva ley estatal sobre el tratamiento de residuos sólidos, que entró en vigor el pasado 30 de junio tras aprobarse en abril considera falta grave el incumplimiento de la obligación de establecer la recogida separada en los municipios de más de 5.000 habitantes, así como el incumplimiento de los porcentajes máximos de residuos impropios (mal depositados en el contenedor) que, en su caso, establezcan los propios municipios. Las multas a los ayuntamientos, previa denuncia, oscilan entre los dos mil y los cien mil euros.
Hasta ahora los ayuntamientos de la provincia no sancionan a los ciudadanos por este incumplimientos (sí por depositar la basura antes de que anochezca, en concreto la orgánica), y tampoco han recibido sanciones, ya que el expediente se abre tras denuncia de un tercero. En este sentido, Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, apunta que “vamos a estar muy atentos para ver si los consistorios cumplen la ley y si no lo denunciaremos”.
Críticas socialistas en Alicante
Por su parte, el PSOE de Alicante, en concreto el concejal Raúl Ruiz, apunta que "en Alicante ya deberíamos haber implantado la recogida separada orgánica y tendríamos que priorizar en la implantación de sistemas de recogida mucho más eficientes que los que usa actualmente el Ayuntamiento de Alicante, como son la recogida puerta a puerta o los contenedores cerrados con Identificación de usuario. Sin embargo, el PP determina en su plan de residuos que experimentará' la recogida puerta a puerta de forma aislada y sin concretar dónde ni cuándo, algo que previsiblemente ni se molestarán en hacer pese a que estemos obligados a ello. Y no contento con esto, el alcalde contrata la adquisición de 2000 contenedores cerrados que no incorporan el sistema de identificación de usuario. Toda una cortina de humo para tapar que no hacen nada distinto desde hace 25 años".
Para Ruiz, el alcalde, Luis Barcala, se ha inhibido de "su responsabilidad con la transición verde en la gestión de residuos municipales y ha dedicado su mandato a copiar la misma gestión obsoleta que nos ha llevado a tener un gravísimo problema en Fontcalent". Para el concejal socialista, "la crisis de capacidad de nuestro vertedero es ya uno de los problemas inmediatos más alarmantes para la ciudad, sin embargo, la recogida separada nunca ha formado parte de la agenda del PP en todos estos años. Debemos reducir los residuos impropios de cada fracción a la mitad separando la basura correctamente antes de su llegada a la planta porque si no es así, ésta no podrá hacer milagros y seguiremos abusando del vertedero por encima de lo permitido en la ley".
