Tres hijos a cargo, cero ingresos y 13 meses de retraso en el pago de la Renta Valenciana de Inclusión. Esa es la situación de Paola Rendón, una mujer víctima de violencia de género que según las resoluciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas debería de estar recibiendo la Renta Valenciana desde agosto del año pasado. Sin embargo, Paola no está percibiendo dicha ayuda y el retraso supone ya un total de 9.000 euros.
El caso ya ha pasado por el Síndic de Greuges, quien ha recordado en varias ocasiones a Conselleria en estos 13 meses que se ha saltado la obligación de responder en plazo a sus peticiones de información. La última, en marzo de 2022, cuando la Conselleria solicitó una ampliación de plazo para contestar que fue aceptada por el Síndic y que, sin embargo, la Conselleria finalmente dejó sin respuesta.
"Estamos justo en el momento de que empiece el colegio y lo que quiero es asegurarme de que puedo pagar lo mínimo"
Paola ha indicado que, al estar aceptada como beneficiaria de la Renta Valenciana, no puede tampoco acogerse a otras ayudas similares, como el Ingreso Mínimo Vital. La deuda de la administración, han indicado tanto ella como el Síndic de Greuges, asciende a los 9.000 euros por 13 meses de retraso desde la concesión de la ayuda. La mujer ha apuntado que su caso es especialmente sensible dado que tiene tres hijos a cargo: "Estamos justo en el momento de que empiece el colegio y lo que quiero es asegurarme de que puedo pagar lo mínimo".
El defensor del pueblo ha remarcado la importancia de esta ayuda para Paola porque tiene tres hijos y que "el nivel de vida adecuado es un fundamento de vida". Además, ha indicado que el tiempo de espera no es "ni aceptable ni digno" dado que la prestación tiene como objetivo "cubrir necesidades básicas".
"Pese a las múltiples reclamaciones siguen sin darme respuesta ni ayuda"
Fuentes del Síndic, además, han indicado que la administración no contestó en la primera petición de información, pero sí consta en la documentación que la fecha del justificante es que el 14 de febrero de este año, a lo que ha seguido la solicitud para la actualización de la tramitación sin obtener respuesta por parte de Conselleria. Sin embargo, la Conselleria tiene acceso a estos datos y, por tanto, debería de saberlo, han apuntado desde el Síndic.
En total, son 13 meses sin percibir la renta. El último registro que han realizado tanto el Síndic como la afectada fue en marzo de este año, tras el que Conselleria no ha contestado. El Síndic ha insistido en recordar a Conselleria que se estaba saltando la obligación de responder en plazo y que "el nivel de vida adecuado es un fundamento de vida". Se trata de actuar en tiempo y forma. Paola ha lamentado esta demora y ha indicado que "pese a las múltiples reclamaciones siguen sin darme respuesta ni ayuda".
El Síndic remarca la importancia de la ayuda para Paola porque tiene tres hijos
El Síndic ha recordado a la Conselleria la obligación legal de publicar y mantener actualizadas las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de resolución, así como de los efectos que produce el silencio administrativo en todos los casos.
El defensor del pueblo también ha insistido en la obligación de informar a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo y de materializar la comunicación que ha de dirigir al interesado en los diez días siguientes a la recepción de la solicitud.
A su vez, también han recordado la obligación legal de resolver en plazo las solicitudes presentadas y de adoptar cuantas medidas resulten necesarias para evitar toda anormalidad en la tramitación de los expedientes. Por estos motivos, han sugerido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que proceda de manera urgente a emitir la resolución del procedimiento de modificación de la prestación económica ya a notificársela a la interesada.
El Síndic ha concluido su resolución de cierre sugiriendo que, dado lo dispuesto en la Ley 19/2017 se reconozca la modificación solicitada de la prestación con efectos retroactivos desde el mes siguiente al de la fecha en que se produjeron las circunstancias que avalan la modificación. Es decir, que se ingresen a Paola los 9.000 euros que se le adeudan desde agosto del año pasado.
