Nueva piedra en el camino de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, que está vigente desde 1987. La Mesa de Contratación ha dado luz verde a la preadjudicación de seis de los siete contratos para la elaboración de informes de asistencia técnica para redacción del borrador del Plan General Estructural. Sin embargo, ha quedado desierto el lote referido al estudio del suelo rural y capacidad de acogida de los suelos no transformados, ante la falta de ofertas que cumplan los requisitos.
Esta iniciativa de la Concejalía de Urbanismo se ha dividido en siete lotes con un valor estimado de 382.451 euros, y que el gobierno municipal dice que se pretende "que estén listos antes de que finalice el presente año", pese a que los plazos de ejecución rondan los ocho meses. Finalmente, el conjunto de propuestas presentadas suma 285.610 euros, tras quedar cubiertos todos los lotes, excepto el relativo al suelo rural.
Aurum Consultoria y Proyectos ha resultado clasificado en primer lugar para la adjudicación de dos contratos. El primero para el estudio de las infraestructuras de red primaria de Alicante y su entorno metropolitano, con un plazo de ejecución de ocho meses y un precio de 40.930 euros, que se centrará en el informe de las áreas relacionadas con transportes, abastecimiento o drenaje de aguas, electricidad o conexión con puerto o aeropuerto, entre otros servicios que afectan en la ciudad y su entorno al conjunto de la ciudadanía.
La consultora también asumirá la redacción del estudio específico para la concreción de los riesgos naturales del término municipal en base a lo previsto en el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana y delimitación de unidades ambientales, con un plazo de ejecución de seis meses con un presupuesto de 31.109 euros. En esta prospección se analizará los efectos e impactos medioambientales que se puedan derivar por causas naturales y que pueden ir desde el riesgo de inundaciones o incendios forestales hasta la propia erosión del terreno, incluyendo la sismicidad del territorio.
Idom Consulting Engineering Architecture se encargará de la realización de un estudio de población y vivienda, con un plazo de ejecución de nueve meses con una propuesta de 51.889 euros, IVA incluido, donde se llevará a cabo un informe socio-demográfico de la población para ver su evolución y características. Se pretende, paralelamente, adquirir un conocimiento más profundo del estado de la vivienda en la ciudad para determinar su estado, tipología y necesidades de actuaciones de rehabilitación, entre otros objetivos.
Además, se ha preadjudicado el contrato que incidirá en el Paisaje e Infraestructura Verde, con un plazo de ejecución de seis meses por una oferta de 28.791 euros. El informe está considerado como el "elemento vertebrador básico de un territorio que define, de forma previa, cualquier actuación posterior". Se trata, en resumen, de la filosofía de la ley valenciana que rige la ordenación del mismo. Por su parte, el estudio de Paisaje pretende detectar el estado visual de la ciudad que será percibido por el ciudadano.
Por otro lado, la única oferta presentada por Esmeralda Martínez Salvador para el lote para un análisis de los suelos consolidados (capacidad de acogida) y un análisis de barrios para el estudio de las dotaciones y equipamientos de red primaria de Alicante ha sido admitida con un plazo de ejecución de ocho meses y un precio de 38.720 euros. "En el nuevo Plan General, el barrio se convierte en la unidad funcional por excelencia ya que es el entorno más cercano para los vecinos. De este modo, se estudiará las dotaciones principales que reúnen en materia sanitaria, educacional, deportiva o de cualquier otra tipología que afecte a todos los ciudadanos", según el Ayuntamiento.
Por último, se ha propuesto a Rafael Zumalabe Lozano para el estudio de la organización de documentación del Borrador del Plan General Estructural, más el Documento Inicial Estratégico en sistema de información geográfica (SIG), con un plazo de ejecución de dieciséis meses con una oferta de 94.166 euros. Este requisito, recogido en la legislación, mejorará el análisis del territorio para conocer las necesidades reales de cada ámbito.
