El Gobierno central ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que reclama que deje sin efecto el artículo de la Ley de Ordenación del Territorio que incorporó el Consell en diciembre de 2021en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Autonómicos de 2021 para impedir la construcción de los macrodepósitos para almacenar y mover combustible en el puerto. En concreto, el Consell legisló para establecer que no se pudieran levantar depósitos para mover sustancias peligrosas a mil metros del casco urbano. De esta forma, la Generalitat trataba de intervenir para parar un proyecto que rechaza Alicante y el propio presidente Ximo Puig. Sin embargo, el intento, a falta de ver el dictamen del Constitucional, no tiene sentido según la Abogacía del Estado, ya que la Generalitat trataría de interferir en competencias que no son suyas sino estatales, como es la autorización de carga y descarga en puertos que son estatales.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lleva oponiéndose a la instalación de una planta para almacenar y mover productos petrolíferos y gas licuado en el Puerto de Alicante desde 2018, tal como proyecta la empresa que gestiona la zona logística portuaria. En concreto, la construcción de 18 depósitos (seis en la primera fase que supondrían una capacidad entre los seis de 110.000 m3), de hasta 30 metros de altura, tal como planteó la concesionaria Terminal Marítima del Sureste, que gestiona el área logística y el muelle 19, donde se plantea, de momento sin éxito, la construcción de los depósitos. La intención de la promotora es mover hasta un millón de toneladas a partir del quinto año de actividad pero todo se ha parado porque el Ayuntamiento de Alicante no ha dado la licencia y el asunto ha acabado en los juzgados.
Recordar que la enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos autonómicos, aprobada en las Cortes Valencianas por los partidos del Botànicen diciembre de 2021 trató de poner coto a las actividades industriales como el proyecto de macrodepósitos de combustibles contemplado en el Puerto de Alicante y que cuenta con el rechazo vecinal. La iniciativa instó al Consell a modificar la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) en referencia a no permitir aquellos tanques con capacidad de almacenar más de 5.000 hectómetros cúbicos de productos petrolíferos situados en el interior de un puerto y que no sean una instalación estratégica del Estado. De acuerdo con la enmienda aprobada, estos deberían situarse a, al menos, a un kilómetros de distancia contados desde el perímetro exterior de la instalación hasta la zona más cercana de suelo residencial, dotaciones educativas o sanitarias, y suelo de uso terciario especial.
La iniciativa que promueve Terminales Marítimas del Sureste para la cesión del uso a la empresa XC Business 90 prevé dos fases para la implantación de la terminal de combustible. En la primera, la empresa prevé la instalación de seis depósitos, el mayor de 50 metros de diámetro y una altura de casi 30 metros con una capacidad total de unos 110.000 metros cúbicos, que se destinarían al almacenamiento de combustible. Los depósitos de la primera fase se instalarían sobre una parcela de 14.000 m2, situada en el muelle 19. El presupuesto inicial rondaría los seis millones.
En la segunda fase se construirían sobre otra parcela de 40.000 m2 hasta doce macrodepósitos de más de 50.000 m3 cada uno para un total de 600.000 m3 para almacenar gasóleos y biocarburantes, pudiéndose incorporar depósitos de gas licuado del petróleo (GLP) con esferas de hasta 20.000 m3 para su comercialización a granel o envasado, con un presupuesto de 30 millones. La empresa pretendía llegar a mover hasta un millón de toneladas de combustibles al año.
