Los desahucios o lanzamientos han descendido un 15,24% en la provincia de Alicante durante el segundo trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2021. Así lo ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial en el último informe que ha emitido elaborado con los datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, preparado por el servicio de Estadística del ente legal.
En el conjunto de la provincia se practicaron, en total, 684 desahucios entre abril y junio de este año, 123 menos que el mismo periodo de 2021, en el que se produjeron 807 lanzamientos entre ejecuciones hipotecarias y de alquiler. Esta reducción de casos tiene su fondo en el "escudo social", una herramienta que puso en marcha el Gobierno central con el inicio del covid-19 y que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022.
De este informe se desprende que el caso más común de desahucio en Alicante es el ejecutado por el impago de un alquiler. De esto se encarga la Ley de Arrendamientos Urbanos y a través de ella se han registrado 408 lanzamientos en el segundo trimestre de 2022, un 4,67% menos que en 2021.
El otro ejemplo es el de los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, que se da cuando los residentes en una vivienda no pueden completar el pago de la hipoteca que firmaron con la entidad bancaria que les cedió el inmueble. Este es el caso que más descenso ha presentado en la provincia, un 28,21% menos que el mismo periodo de 2021. En cifras totales, se registraron 262 desahucios por ejecución hipotecaria, frente a los 365 que se dieron el pasado año.
Casi sin cambios se encuentra la situación con las viviendas okupadas sin contrato que presentan, según este documento, un descenso de apenas un 5%. Entre los meses de abril y junio de este año se produjeron 56 usurpaciones ilegales de propiedades en el conjunto de la provincia alicantina, solo tres menos que en la misma etapa de 2021, en la que hubo 59 sucesos similares.
A pesar de las buenas cifras, el informe del Consejo General del Poder Judicial sitúa a la Comunidad Valenciana en la segunda posición del país en cuanto a la tasa que relaciona el número de ejecuciones presentadas por cada 100.000 habitantes, con un cociente del 20,5, solo por detrás de Murcia, que registró una tasa de 25,7.
Por provincias, los datos reflejan que en la de Alicante se presentaron 538 denuncias de ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre del 2022, un 21,5 %; en Valencia se presentaron 411, un 10,3 % menos; y en Castellón fueron 94, un 28,8 % menos.
Fin de la prórroga extraordinaria
El Consejo de Ministros aprobaba el pasado mes de septiembre la ampliación hasta final de año de las medidas que se impulsaron con el inicio del covid-19 respecto a la paralización de los desahucios. El denominado “escudo social” es lo que está permitiendo, según la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipotecas de Alicante, Susana García, que esté descendiendo el número de lanzamientos.
“Están siendo unos meses tranquilos, casi no nos encontramos con casos muy urgentes y gracias a esta orden, los que lo son, consiguen una prórroga por parte de la autoridad judicial”, ha indicado García. La portavoz de la PAH también reconoce que esta “calma” probablemente llegue a su fin el 31 de diciembre de 2022, que es cuando vencen las medidas de gracia impulsadas por el ejecutivo central.
Estas disposiciones urgentes dan respuesta a las situaciones que viven los hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual y que puedan haberse visto afectadas por la pandemia.
Entre las medidas en materia de vivienda del escudo social, se incluye la prórroga extraordinaria para los contratos de alquiler por un periodo máximo de seis meses, con la posibilidad de solicitar la condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor. Los propietarios podrán asimismo solicitar compensaciones. En materia de pobreza energética se garantiza el suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión.
Sin alternativa ocupacional
A pesar de que las medidas impulsadas por el Gobierno supongan un atenuante a la situación actual, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas insiste en que se siguen produciendo desahucios y que para ellos no suele haber una alterativa habitacional clara y justa.
“Nos encontramos con que la mayoría de las solicitudes que presentamos ante Conselleria vuelven denegadas, nos preocupa que no haya aún una estructura firme que permita que no se queden familias vulnerables sin hogar en Alicante”, ha explicado Susana García.
García ha señalado que, pese a los esfuerzos de muchas administraciones, sigue faltando mucha vivienda pública en la provincia y que la poca que hay se encuentra absolutamente colapsada por la alta demanda de personas en situación de vulnerabilidad que piden acceder a ella.
Atasco en la tramitación de la Ley de la Vivienda
Mientras se produce esta situación el calendario sigue avanzando y la nueva Ley de la Vivienda que el Gobierno quería dejar aprobada antes de final de año continúa sin avances.
El pasado martes, PSOE y Partido Popular se pusieron de acuerdo para bloquear las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado presentadas por la izquierda parlamentaria. Ante la parálisis de la ley de la Vivienda en el Congreso, Unidas Podemos enmendó sus propias cuentas junto a ERC y EH Bildu, para tratar de incluir en ellas aspectos fundamentales de la ley bloqueada.
En esencia, piden incluir la regulación de los precios de los alquileres, la prohibición de los desahucios cuando no haya alternativa habitacional e incentivos fiscales para propietarios que bajen el precio de alquiler de las viviendas, así como una modificación para que se incluya en la etiqueta de grandes tenedores a los que atesoren ocho o más viviendas, actualmente diez.
Con todo ello, aún está por ver si antes de que acabe el año la ley de la Vivienda vuelve al debate parlamentario y en qué condiciones lo hace.
