La RSP Soledad Díaz reclama al Ayuntamiento de Torrevieja protocolo y medios para evitar desahucios

La Red Solidaria Popular «Soledad Díaz» se concentró ayer frente a la sede de los Servicios Sociales de Torrevieja para reclamar a la administración local agilidad en la elaboración de los informes que pueden evitar que familias vulnerables se vean en la calle por un desahucio y un protocolo para situaciones en las que los afectados se puedan ver en la calle de un día para otro.

Alberto Arranz, portavoz de este colectivo explicó a INFORMACIÓN que el área de Servicios Sociales estaba completamente desbordada en los últimos meses, y carece «a estas alturas» de un protocolo para abordar este tipo de situaciones «Van al albur y según sople el viento», indicó.

Los informes

En este sentido, la RSP señaló ayer en la protesta que se están demorando la elaboración de los informes que avalan la situación de vulnerabilidad de las familia hasta siete meses y «los de emergencia habitacional», que son los que justifican ante la Generalitat la amenaza de un desahucio inminente para adjudicar una vivienda, normalmente un alquiler social, siempre según esta fuente, «directamente no se llevan a cabo». La explicación es que el Ayuntamiento ha ofrecido y que también han trasladado a la Generalitat «es que hay muchas personas pidiéndolo», según la Red Solidaria.

La protesta de ayer tuvo como detonante la situación de una familia que estuvo a punto de ser desahuciada de una vivienda de la calle Galeón con dos menores la semana pasada en Torrevieja y a la que el juzgado le ha dado un margen de un mes para buscar una alternativa.

Anticiparse

La estrategia del Ayuntamiento, según las mismas fuentes, es presentar un informe municipal en el momento de desahucio para que el juez dé un mes más de plazo. « Pero esa es una estrategia que solo prolonga el sufrimiento», señala Arranz. «Lo que tendrían que hacer su trabajo antes», remarca.

La RSP lamentó que durante el actual mandato Ayuntamiento no se haya acogido a la línea de ayudas de la Generalitat para alquiler de viviendas y que haya desmantelado la Oficina de Vivienda Municipal «que funcionaba bien durante y que se pulieran los 400.000 euros que había presupuestados para la compra de vivienda social. Y evitar ocupaciones de viviendas de particulares e incluso de las públicas. Hay doscientas familias esperando».

La misma fuente valoró el trabajo e implicación del concejal Tomás Ballester siempre que ha estado al cargo del área pero lamentan que "sus funcionarios parece que no le sigan".

Situación resuelta

Sobre el caso concreto de la familia con dos menores -uno de ellos con una discapacidad- fuentes del equipo de gobierno del PP concretaron que, al contrario de lo que han manifestado públicamente la PAH y la Red Solidario se ha llevado a cabo un seguimiento de la situación de la familia desde el primer momento. En este sentido indicaron que tras los informes técnicos la administración le ofreció una vivienda en un municipio vecino a Torrevieja no lo aceptó y ayer mismo sí que asumió otra opción en otra ciudad de la provincia de Alicante, para poder contar con un lugar donde vivir.