El Síndic de Greuges exige a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que establezca un protocolo único para la atención a niños y adolescentes en situación de riesgo, aquellos en los que la familia tiene la custodia pero en los que entra el trabajo de los servicios sociales. Un protocolo que "es necesario" y que además la Conselleria está obligada por ley a tener, para evitar que cada ayuntamiento elabore su propio protocolo como sucede ahora.
El problema de que cada gobierno local actúe por su cuenta es que las soluciones no son uniformes y los menores, a quienes hay que proteger y garantizar sus derechos, acaban con una situación en la que no cuentan con igualdad de oportunidades.
Ayuntamientos autónomos
"No hay un protocolo, cada ayuntamiento actúa de manera autónoma", señala Ángel Luna, en la VII Jornada que organiza el Síndic de Greuges sobre Infancia y Adolescencia en el 40º aniversario del Estatut. En la actualidad, los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos son los que se realizan este trabajo, pero no existe un procedimiento común a todos, algo que es responsabilidad de la Conselleria, que no interviene en todo el proceso hasta que el menor llega a la situación de desamparo. Una situación que en el año 2021 afectó al 5% de los menores en riesgo, cerca de 3.000 en total en toda la Comunidad Valenciana.
Jose Conrado Moya, técnico del Síndic de Greuges, asegura que este protocolo es necesario y recuerda que la Conselleria "está obligada", ya que hay una estrategia valenciana del 2022 al 2026 que está en relación con él. El objetivo actual de los servicios sociales es evitar el internamiento, pero no alcanza los niveles deseados: "La atención a las situaciones de riesgo son invisibles aunque el trabajo de los ayuntamientos es mucho". La ausencia de un protocolo unificado hace que haya unos 190 diferentes, uno por cada ayuntamiento.
Sin coordinación
Ana Rosser, técnica del Síndic, considera que los retos son estructurales: "Hay unas cifras elevadas de pobreza infantil. Se ha crecido mucho en cuanto a las plantillas de los ayuntamientos pero falta coordinación entre las administraciones y los recursos para poder intervenir", asegura. "Se ha crecido en la oferta formativa pero falta itinerancia y estabilidad laboral. Los veteranos quieren una formación más avanzada", apunta Rosser.
El otro gran reto, considera, es "conseguir que la situación de desamparo sea excepcional y que crezca la acogida familiar". Para ello, es necesario que haya familias especializadas que puedan acogerlos: "Se mira la parte económica pero también las habilidades y competencias. Es importante que las familias tengan conocimiento de que son niños de paso ya que la biológica está siempre presente".
Menores en desigualdad
Lo que reclaman los profesionales, sintetiza el síndic Ángel Luna, es "un protocolo para decir: el niño esta en riesgo por estas razones y las medidas son estas, aunque luego varíen y se ajusten por la situación del niño y su entorno. Sin este protocolo, cada ayuntamiento actúa de manera autónoma". El obstáculo para conseguirlo, apunta Luna, es la excesiva burocracia: "Los técnicos pasan mucho tiempo rellenando informes que podría ser para atender a los menores".
Unas conclusiones a las que el Síndic de Greuges y el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia han llegado tras una encuesta a los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y a las Consellerias de Igualdad y Políticas Inclusivas, Educación y Sanidad, y que actualmente se resuelven en un 95% de los casos. Un dato que, aunque es elevado, consideran que es mejorable.
