El Gobierno abre la guerra en los tribunales por el recorte del trasvase del Tajo-Segura

El recorte de agua del trasvase del Tajo-Segura ya es definitivo en la vía administrativa pero abre la contienda en la vía judicial. El Gobierno central ha publicado este viernes 10 de febrero de 2023 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Segura y Júcar, Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

La controvertida medida del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico supone un drástico recorte en los caudales de agua que llegarán al territorio alicantino procedentes del trasvase del Tajo-Segura, con la consiguiente repercusión negativa para la agricultura, el empleo y la economía de la provincia de Alicante.

De momento los regantes y sus equipos jurídicos han comenzado a analizar minuciosamente la publicación del BOE -el Real Decreto contiene 1.805 páginas- por si lo aprobado se corresponde con lo que el Ejecutivo anunció anteriormente o, en caso contrario, ha introducido cambios en sus pretensiones iniciales. En el supuesto de que no sea así, la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante y las organizaciones de agricultores y regantes presentarán una batería de recursos ante el Tribunal Supremo, al que solicitarán asimismo medidas cautelares para paralizar el recorte del trasvase hasta que haya una sentencia firme.

En principio, a falta de un estudio más pormenorizado, no parece que el Ministerio haya introducido ningún cambio en el real decreto que suavice los recortes de agua trasvasada del Tajo al Segura. Para este año ya se fija la cantidad de 7m³/segundo; en el año 2026 es de 8 m³/segundo y en el año 2027 de 8,65 m³/segundo. En total 105 hm³ menos al año, lo que supone cortarle el grifo a más de la mitad de la zona de regadío.

Los agricultores se sienten estafados por el Gobierno tras el recorte del Tajo-Segura

La organización agraria Asaja-Alicante y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ya venían advirtiendo, desde el año pasado, sobre las nefastas consecuencias económicas que sufrirá el sector agrícola de la provincia con la entrada en vigor del calendario estatal, que irá aumentando el caudal ecológico del Tajo hasta los 8,65 m³ por segundo en un plazo de cuatro años. Asaja y Uepal señalaban que a los empleos perdidos habría que sumar una pérdida de patrimonio agrícola cifrado en cerca de 6.000 millones de euros derivado de las cerca de 30.000 hectáreas que van a pasar a barbecho o secano por la falta de agua. Algo que va a dar lugar a una nueva batalla jurídica contra el Ministerio para la Transición Ecológica en forma de reclamación de indemnizaciones multimillonarias. 

El Gobierno recorta el trasvase y a cambio abaratará el agua desalada

La modificación publicada en el BOE del Plan Hidrológico del Tajo, que reducirá las aportaciones del trasvase a la cuenca del Segura en más de 105 hm³ anuales, supondrá la desaparición de más de 6.300 empleos directos, una pérdida económica de más de 5.600 millones de euros y el abandono de 27.314 hectáreas de regadío. Una "tragedia histórica" para la provincia de Alicante con consecuencias sociales, económicas y ambientales irreparables, tal y como destacan los afectados.

Los Colegios de Ingenieros aseguran que el recorte del trasvase pone en peligro 200.000 empleos

Consecuencias

En cuanto al patrimonio agrícola, según un informe de la Universidad de Alicante, existe también un importante impacto por el abandono de esta superficie de regadío que tiene que ver con el precio de la tierra, que sufrirá una considerable merma en su valor, más la pérdida de valor patrimonial de inversiones, en muchos casos, pendientes de amortizar financieramente.

La moral de los regantes y trabajadores de la industria agroalimentaria alicantina se quebró cuando, a finales de enero, se confirmó que el Ministerio para la Transición Ecológica mantenía la hoja de ruta de la desalación para tratar de garantizar el abastecimiento de agua para agricultura y consumo urbano en los 35 municipios de la provincia directamente afectados por el recorte del Tajo-Segura.

Un colectivo formado por unas 35.000 familias que ve como en dos años ha pasado al ninguneo y desprecio tras ser elogiado y reconocido durante los meses más restrictivos de la pandemia del covid al garantizar el abastecimiento de frutas y verduras.

Los afectados aluden, asimismo, a que la subvención al agua desalada agrícola en España puede generar un contratiempo añadido: la directiva marco del Agua de la CE prohíbe expresamente subvencionar el agua dulce producida por las desaladoras y esta decisión de la vicepresidenta Teresa Ribera puede provocar denuncias de estados miembros competidores en agricultura como Portugal, Italia o Grecia en función de las posibles trabas a las normas que regulan la competencia.

Ingenieros

Para los Colegios de Ingenieros la alternativa del agua desalada "no es viable al depender de la demanda energética siendo inasumible el coste para el agricultor, además de la incapacidad de suministro de las desaladoras existentes, -aseguran- la baja calidad del agua y el impacto ecológico contrario al desarrollo sostenible y el medioambiental".

La medida adoptada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)de reducir el caudal del trasvase Tajo-Segura "carece de avales científicos o justificación técnica" y "pone en riesgo la huerta de Europa y más de 50 millones de árboles".

El principal argumento del Miteco es la recuperación del caudal ecológico del Tajo que se compensaría con el uso del agua de las desaladoras. Un hecho que, valoran los ingenieros colegiados "es económicamente inviable que aboca a la inevitable desertización" de los tres territorios. Los agricultores sufragan el coste del acueducto Tajo-Segura pagando por el uso del agua que incluye el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura.

Caudal ecológico y agua desalinizada

El aumento del caudal ecológico en un metro cúbico por segundo más en el Tajo se ha resuelto tras un dilatado proceso de aprobación del nuevo plan de Cuenca del Tajo. La elevación de ese caudal busca mejorar la calidad ambiental de las aguas del Tajo y se realiza además para cumplir varias resoluciones judiciales que así lo exigen a la administración central. Esas sentencias no dicen cómo debe hacerse pero sí dejan claro que tienen que elevarse.

El agua desalinizada producida para los regantes el Tajo-Segura se incorpora al sistema con niveles de boro varias veces por debajo del umbral establecido para el consumo humano. No existe en la legislación un nivel mínimo de boro para el agua desalinizada con uso agrícola, aunque en el embalse de la La Pedrera sí se detectaron niveles importantes cuando la desalinizadora de Torrevieja comenzó a aportar sus caudales a ese reservorio -algo que ya no se produce-.

El Miteco ha subvencionado el importe del metro cúbico de agua desalinizada en los últimos años y se comprometido a hacerlo en los próximos años a un precio de 0,30 euros el metro cúbico.

Pese a las críticas de los sindicatos de riego del Trasvase sobre la calidad de los aportes y su elevado precio los regantes exigen a la Confederación Hidrográfica del Segura concesiones de agua de la desalinizadora de Torrevieja, la principal de la cuenca del Segura, del doble de caudal de lo que es capaz de producir ahora: reclaman 200 hectómetros anuales cuando la planta torrevejense, la principal productora, solo es capaz, de producir 80. Por esos mismos condicionantes -el supuesto impacto del boro y el precio- los regantes emplean otros recursos para mezclar ese agua con la de otras fuentes: pozos -autorizados-, la del trasvase y concesiones de aguas depuradas y en algunos casos aguas de la propia cuenca del Segura a través de permutas de concesiones -compra de agua- con el regadío tradicional del Segura.