La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera de Gobierno, Teresa Ribera, volvió a subrayar este martes, tras aprobar el Gobierno el Plan Hidrológico del Tajo, que no queda más remedio que recurrir al agua desalada y aumentar la reutilización el caudal depurado ante un escenario en el que, según sus datos, las lluvias que alimentan los ríos en España van a reducirse entre un 14% y un 40% en los próximos 22 años (2050). Ribera ha dejado el plan del Tajo como estaba, apenas se ha incorporado alguna observación del Consejo de Estado, y el caudal ecológico del Tajo irá aumento progresivamente hasta los 8,65 m3/segundo a partir de 2027 (7 m3/segundo este 2023 y ocho en 2026). La ministra Ribera ha señalado que con estos planes hidrológicos aprobados se abarca el 86% del territorio nacional, afectan al 65% de la población y cuentan con una inversión de 22.844 millones, de los cuales algo más de 10.000 millones son de inversión estatal, seiscientos para garantizar agua desalada y reutilizada en la provincia de Alicante. El objetivo, según Ribera, "que el trasvase no se cierre once meses por falta de agua", como sucedió hace dos años.

Ribera insiste en que en el peor escenario marcado por el cambio climático, el Tajo solo podrá trasvasar entre 70 hm3 y 110 hm3 al año para todos los usos y el consumo de boca tiene prioridad, y la única alternativa para "anticiparse al futuro y garantizar que en Alicante, Murcia y Almería haya agua" es recurrir al agua desalada (140 hm3 adicionales) en 2027. Como medida paliativa, la vicepresidenta se ha centrado en el precio del agua desalada (guiño a Ximo Puig) y ha anunciado a que partir de la próxima semana revelará la fórmula para dejarla en los 0,34 euros/m3. Recordar que actualmente la del trasvase se paga a 0,18 euros/m3, y no paga IVA.

"Alicante va a tener agua pero tenemos que anticiparnos a los efectos del cambio climático a la reducción de las lluvias sobre los ríos"

Teresa Ribera - Ministra para la Transición Ecológica

La aprobación del plan hidrológico del Tajo con el aumento de los cuadales ecológicos provocó la decepción total entre los regantes,que por boca del presidente del Sindicato Central, Lucas Jiménez, han anunciado que llevarán el plan hidrológico del Tajo al Tribunal Supremo, pedirán medidas cautelares inmediatas al l juez en cuanto el plan se publique en el BOE, y seguirán con las movilizaciones ciudadanas en los 80 municipios que reciben agua del Tajo, entre ellos 35 en la provincia de Alicante, todos los de la Vega Baja y, entre otros, Alicante y Elche.

Al margen del guiño de bajar el precio del agua desalada reclamado por el jefe del Consell, Ximo Puig, el Ministerio acepta revisar anualmente a partir de 2025 el estado de las masas de agua, en concreto en un tramo del río de 300 kilómetros entre Bolarque y Valdecañas, a 200 kilómetros de Aranjuez dirección Lisboa, en el que el río sigue recibiendo vertidos. Además el resultado de los análisis no será vinculante, tal como había anunciado el secretario de Estado, Hugo Morán, en la ya tristemente célebre reunión del Consejo Nacional del Agua del 20 de noviviembre. La consellera de Agricultura, Isaura Navarro, ve el vaso medio lleno. "Vemos una mejora en el texto pero vamos a seguir reivindicando que si no es necesario que se incrementen los caudales ecológicos no se incrementen. Vamos a seguir reclamando el texto de la disposición adicional novena -revisión vinculante- que se llevó al Consejo Nacional del Agua porque es necesario que haya un estudio técnico correcto para fijar los caudales ecológicos. Nos parece importante que se garanticen las inversiones y la mejora del agua residual depurada. Pero sobre todo nos tienen que garantizar que llegue agua suficiente para el sur de Alicante".

"Vemos una mejora en el texto pero vamos a seguir reivindicando que si no es necesario que se incrementen los caudales ecológicos no se incrementen"

Isaura Navarro - Consellera de Agricultura

Agricultores y regantes - unas quinientas personas- se concentraron en el aparcamiento del Palacio de la Moncloa de Madrid donde se ha celebrado el Consejo de Ministros en el que aprobó el plan hidrológico del Tajo tal como salió del Consejo Nacional del Agua, lo que supondrá el comienzo de la cuenta atrás del final del trasvase Tajo-Segura para el regadío y la sustitución del agua del río por desalada. A la protesta en la que participaron las organizaciones agrarias Asaja-Alicante y La Unió, se han sumado cargos públicos del PP. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al igual que sucedió en la concentración del pasado día 11, tiene agenda en Alemania y al final Carlos Mazón, presidente de la Diputación tampoco ha acudido al estar en un acto de Aguas de Alicante en el ADDA.

"Estamos aquí para decirle al Gobierno que no aprueba la muerte lenta pero segura pero del trasvase Tajo-Segura, porque eso es lo que va a suceder con el nuevo plan hidrológico del Tajo. No solo vamos a perder los agricultores sino toda la sociedad, porque habrá una disminución del agua para los cultivos y los precios de fruta y verdura subirán", ha subrayado José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, presente en la concentración de este martes.

"Estamos aquí para decirle al Gobierno que no apruebe la muerte lenta pero segura del trasvase Tajo-Segura"

José Vicente Andreu - Presidente Asaja-Alicante

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Proexport), Mariano Zapata, denuncia que el Consejo de Ministros va a aprobar un recorte del trasvase Tajo-Segura "justificado por las mentiras" de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante "la pasividad" del de Agricultura, Luis Planas.

Zapata recuerda que, según el Tribunal Supremo, se debe fijar un caudal ecológico de los ríos, pero no establece que deba elevarse. También ha dicho que el Consejo de Estado hace referencia a que la falta de coordinación puede provocar "una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como el trasvase Tajo-Segura".

Por otra parte, la ministra señaló que toda el agua que no llegue del trasvase lo hará a través de desaladoras, pero la planificación contempla, según Zapata, una merma del 39,6 % en el agua del trasvase destinada a regadío, con una reducción entre 197 y 119 hectómetros cúbicos de media en 2027, cuando el aumento de aguas desaladas sería entre 85,8 hm3 y 106,1 hm3, lo que supone que ante una merma de 78% solo se prevé un aumento de 20,3%, una cuarta parte.

Un momento de la concentración esta mañana en Moncloa Carlos Luján

Zapata argumentó que Ribera basa su proyecto en un texto que no es el que se aprobó el pasado noviembre en el Consejo Nacional del Agua, en el que se incluían dos apartados para que los caudales ecológicos pudieran no subir si el agua del Tajo estaba en buen estado, "por lo que se está cometiendo una irregularidad", extremo negado por el Gobierno español, que sostiene que no fue esa la versión aprobada.

La disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hectómetros, 27 menos para abastecimiento, y se perderán 27.314 hectáreas de superficie regable y más de 15.000 empleos, con reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros, según sus datos.

Los textos de los planes del Tajo y Segura condenan a la provincia a depender del agua desalada para garantizar su futuro. A los 82 hm³ de recorte que serán efectivos una vez se publique el documento en el BOE (32 hm³ menos año por la elevación de un metro cúbico por segundo el caudal ecológico y otros 50 hm³ que se reservan para asegurar el abastecimiento de 56 municipios castellano-manchego), se suma el hecho de que a partir de 2027 está previsto que se deje de extraer agua subterránea de los acuíferos de la cuenca del Segura.

"Casi 44 años de trabajo, ilusión y esperanza liquidados por el sectarismo de cuatro indocumentados"

Ángel Urbina - Presidente SAT San Enrique y regante del trasvase

"El día 31 de marzo de 1979 ví entrar el agua del trasvase al embalse del Talave. El 24 de enero de 2023 estoy en la verja del Palacio de la Moncloa, donde un gobierno socialista, cerrará el trasvase. Casi 44 años de trabajo, ilusión y esperanza liquidados por el sectarismo de cuatro indocumentados, que hacen de sus dichos y hechos Una gran mentira", subraya Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique de Elche.

 El presidente del Sindicato central de regantes del trasvase Tajo Segura, Lucas Jiménez, ha insistido en Madrid que un aumento del caudal ecológico de 2,5 metros cúbicos en Aranjuez supondrá la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo y 27.000 hectáreas de regadío.

Al fondo, Palacio de la Moncloa Carlos Luján

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico plantea en el plan del Segura que se ha aprobado también que en caso de subir un metro cúbico el caudal ecológico en Aranjuez, se provocaría en torno a 8.000 desempleos y la desaparición de 10.000 hectáreas de regadío, ha asegurado Jiménez.

Pero, a su juicio, lo que pretende el Ministerio es la subida de caudales de 2,5 metros cúbicos por segundo, lo que se traduce en la desaparición de unos 15.000 puestos de trabajo en los próximos años y de 27.000 hectáreas de regadíos, así como unas consecuencias patrimoniales que están en torno a los 5.000 millones de euros.

"Desparecerá del tablero de juego un agua que es muy equilibrada en todos los sentidos, tanto por su calidad como por su precio moderado"

Lucas Jiménez - Presidente del Scrats

"Estos recortes afectarán a los regantes del Levante y Almería, desaparecerá del tablero de juego un agua que es muy equilibrada en todos los sentidos, tanto por su calidad como por su precio moderado, muy alejado del que pagan el resto del regadío español. Estamos pagando en torno a los 18-19 céntimos por metro cúbico de agua del Tajo. Según el Instituto Nacional de Estadística en el resto de España se está pagando una media de 3-4 céntimos por metro cúbico", ha explicado.

Jiménez asegura que "aún así sigue siendo un agua que sigue dando un cierto juego para competir en semi igualdad con nuestros competidores Si todos vamos a confiar en unas desaladoras que no existen, que no dan en la cantidad de agua y a unos precios impagables, el futuro es muy oscuro para el regante", ha afirmado, para señalar que "las circunstancias de cada persona y empresa son muy peculiares, pero de lo que estamos hablando es de desaparición de regadío y puestos de trabajo".

La Diputación a tribunales

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, reiteró ayer que “defenderemos en los tribunales y en la calle” el trasvase Tajo-Segura “porque contamos con argumentos y sabemos que la razón está de nuestra parte” y ha añadido que “esta situación solo podrá revertirse con un PSOE fuera de las instituciones”. Así lo ha manifestado el dirigente alicantino minutos antes de participar en el acto de presentación de la nueva identidad de Aguas de Alicante celebrado en el ADDA, en el que ha señalado que el recorte del trasvase como consecuencia de la aprobación del aumento del caudal ecológico del Tajo recogido en la nueva planificación aprobada por el Consejo de Ministros “va en contra del medio ambiente y la sostenibilidad, poniendo en juego el futuro de 50 millones de árboles y la supervivencia de miles de familias y de la huerta de Europa”.

 Mazón ha calificado esta decisión como la “más dura, injusta y salvaje” que ha adoptado hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez contra el Tajo-Segura después de “22 recortes injustificados” y ha vuelto a criticar la “falta de defensa” de esta infraestructura por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.  “La abstención de la Generalitat en el Consejo del Agua nos hizo un daño irreparable a la hora de tener un relato de defensa unitario”, ha indicado el presidente de la Diputación, quien ha considerado “injustificable” esta decisión, “que nos ha dejado a todos atónitos”.